PP y Vox, el pacto para no dormir
MadridEl PP y Vox han tardado cuatro meses en llegar a Extremadura a un acuerdo que parece un pacto de circunstancias, suscrito porque se acababa el tiempo, pero que contiene suficientes puntos conflictivos para pensar que tendrán muchos problemas para poder ponerlo en práctica. Inmigración y sanidad serán los aspectos más controvertidos, porque la mentalidad con que están tratados estos dos capítulos es claramente restrictiva de derechos. Las campañas que se han lanzado previamente para tener el terreno preparado no satisfarán las expectativas de los partidos firmantes. La sociedad española, muy mayoritariamente, no comparte la idea de que los inmigrantes son un colectivo de delincuentes culpables de la saturación de la sanidad pública, mientras reciben subvenciones injustificadas.
Lo que hace falta es hacer un esfuerzo para cubrir las necesidades en materia de servicios públicos, sin privar de atención a los muchos miles de personas llegadas de muchos países para trabajar y vivir dignamente entre nosotros. Al ver estos días las primeras colas para obtener la regularización de su situación no he creído que se pudiera identificar a los que esperaban pacientemente que llegara su turno como una amenaza para la estabilidad y la seguridad. Muy al contrario, la experiencia de vida cotidiana –en mi caso en Madrid– se corresponde con la constatación de que hay entre nosotros infinidad de personas dedicadas a abrirse camino honestamente en otro país porque en el suyo no tenían oportunidades y vivían peor, a veces mucho peor.
No tengo una visión idílica de la inmigración, es evidente que tiene que haber una regulación –de hecho, ya existe–, y se han de afrontar los problemas que vayan surgiendo, pero con mentalidad abierta, sin prejuicios. Y si hay alguna predisposición ha de ser por el recuerdo que se pueda tener de las etapas en que España era un país emisor de emigrantes. Aparte de los que se marcharon para exiliarse, una vez acabada la Guerra Civil, en los años posteriores hubo mucha gente que buscó en diversos lugares de Europa o Latinoamérica oportunidades que no podía tener aquí. Ahora es imposible pasar un día entero en las grandes ciudades españolas sin que nos encontremos con trabajadores extranjeros que nos atienden haciendo muy diversos trabajos.
El PP no lo pasará bien después de haber comprado el discurso xenófobo de Vox. Un partido de gobierno no puede tener ahora una mentalidad de rechazo hacia los inmigrantes. Son muchos miles y en muchas actividades resultan indispensables. El PP ha utilizado los sentimientos de prevención y desconfianza –lanzados con frecuencia desde unas redes sociales destructivas en esta materia– para llevar a los tribunales debates que no había podido ganar en el Parlament. Esta estrategia tiene su lógica estando en la oposición. Pero ahora se supone que los populares han de iniciar una etapa nueva, en la que la prioridad sea consolidar sus expectativas de ganar las próximas elecciones generales. Y es más que dudoso que lo consigan alimentando miedos y prejuicios.
Lo que debemos evitar es que se produzcan fenómenos de exclusión o de automarginación como los que se han dado en otros países europeos. Decir que la inmigración debe ser ordenada no equivale a legislar sobre restricción de derechos. Con respecto a Cataluña, es muy injusta la imagen que se ha fomentado como sociedad en la que es difícil integrarse. El debate sobre la multirreincidencia, por ejemplo, ha hecho mucho daño en este sentido. El Parlament español –la legislación penal es competencia del Estado– ha actuado con retraso sobre este problema. Ya hace años que se hubieran tenido que tomar iniciativas para cortar la evolución de los hurtos y los delitos contra la propiedad, en especial en Barcelona. También se debe reaccionar con rapidez contra la ocupación ilegal de viviendas. Pero pensemos cuántos inmigrantes han cometido este tipo de delitos, o de actuaciones en cualquier caso ilícitas, y cuántos viven amontonados en pisos diminutos o pagando un alquiler exagerado por una habitación. Entre los jóvenes hay mucha gente que está en estas condiciones, y no solo extranjeros, sino españoles que se independizan de los padres o cambian de ciudad para buscar trabajo u obtener mejoras laborales.
El pacto entre PP y Vox prescinde de esta realidad social para buscar el voto por otra vía, que no es la que corresponde a una derecha moderada. Feijóo necesitaba el acuerdo para seguir alimentando las expectativas de gobernar España. Pero seguro que también ha pensado –como Pedro Sánchez cuando se imaginaba en coalición con Pablo Iglesias– que habrá noches en las que no podrá dormir. Son muy significativas en este sentido las reacciones que ha habido en el mismo PP de Madrid y Andalucía. El presidente de esta última comunidad, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha “saludado” el acuerdo extremeño, pero para añadir inmediatamente que él aspira a revalidar su mayoría absoluta. No ha perdido ni medio minuto en hacer declaraciones sobre Guardiola y el contenido de su entendimiento con la extrema derecha.
Oposición interna
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en cambio, ha optado por enviar a su propia dirección una serie de advertencias que son bien realistas. Mientras Abascal decía que “hemos llegado a un acuerdo en el cual tenemos garantizado que en Extremadura habrá prioridad nacional de los españoles en el acceso a las ayudas sociales y en el acceso a la vivienda social”, la líder de la organización popular en Madrid manifestaba que “no se puede dejar al margen a nadie de un sistema en el cual ha contribuido, como, por ejemplo, el sistema sanitario”. Y esto lo dice una presidenta autonómica que se ha negado a aplicar normativa estatal a su comunidad, como en materia de vivienda o sobre el aborto.
Si PP y Vox quieren llevar adelante su pacto se encontrarán con la barrera que la Abogacía del Estado levantará contra sus planes. En todo caso, hace falta que, en primer lugar, intenten cambiar la legislación vigente, entre otras normas la ley de extranjería. Y, por otra parte, la idea de expulsar inmigrantes con antecedentes policiales –es decir, sin antecedentes judiciales, que implican una sentencia firme– tampoco creo que se pueda librar de recursos planteados por el gobierno de Pedro Sánchez. Me imagino a Abascal y Feijóo peleándose por coger el volante de sus acuerdos, uno para correr y el otro para frenar, mientras la izquierda les siembra el camino de clavos y chinchetas.