Un precedente para los Juegos: 40 consultas que se han hecho al no ser impugnadas

BarcelonaEl objetivo poco disimulado de la ley de consultas no referendarias era amparar la del 9-N. Y ese fue precisamente el motivo por el que el Estado se puso a la defensiva, impugnándola al minuto cero y provocando que el Tribunal Constitucional descabezara la ley de forma intensa para evitar los referéndums encubiertos. La base de todo es que el gobierno español es el único con la competencia para convocar referéndums. Y la manera de evitar una consulta es sencilla: solo hay que impugnarla, por ejemplo, si se consulta el censo electoral. Este es uno de los peligros que corre la consulta de los Juegos Olímpicos de Invierno. La cuestión es que consultas se han hecho decenas desde 2014 utilizando el censo, precisamente porque nadie las ha impugnado.

Consultar el censo es el motivo más obvio para que se anule la consulta. No habría problemas, y así lo describe Fernando Pindado, experto en políticas públicas y participación ciudadana, si se consulta de forma sectorial, por ejemplo al personal sanitario. Pero, a pesar de los límites, en Catalunya se han celebrado desde 2014 decenas de consultas a un censo electoral. Y la mayoría, sin problemas. En 2014 Pindado era gerente del Ayuntamiento de Premià de Mar, con Miquel Buch de alcalde. Un mes después de que se aprobara la ley, organizaron sin obstáculos una consulta sobre la adquisición de una finca. Y así unas cuarenta votaciones más de las que el ejecutivo tiene constancia.

¿Cómo puede ser? La respuesta de los expertos siempre es la misma: “Porque nadie las ha impugnado”. De hecho, una persona que ha asesorado jurídicamente al ejecutivo afirma que regulaciones fuera de la legalidad hay miles, pero si nadie las impugna... Y aquí entra un factor clave: cuanto más mediática es la consulta, más probabilidades de impugnación. De las que el Govern tiene contabilizadas, solo dos fueron impugnadas por la Delegación del gobierno español en Catalunya: una en Tona en 2017 sobre la bandera de la población y una en Sitges en 2018 sobre la segregación de una parte de la ciudad. “Era una consulta muy inocente”, afirma el entonces alcalde de Tona, Josep Salom. Se presentaron alegaciones, y mientras evolucionaba el contencioso, decidieron hacer la consulta igualmente, a pesar de las cautelares. El caso no se ha resuelto hasta 2019, cuando un tribunal la declaró nula. La nueva bandera ya hacía años que ondeaba. En cambio, en Sitges se optó por no hacerla. Hay al menos una tercera que no sale en el registro del Govern, pero que también fue impugnada: en Tossa de Mar sobre la construcción de un puente.

No se impugnaron las dos consultas más emblemáticas, que se hicieron poco después del 9-N: la de creación de las comarcas del Moianès y del Lluçanès. Nadie puso ninguna pega. “Ni el gobierno español vía Delegación. Todo fue como una seda”, señala el alcalde de Moià, Dionís Guiteras (ERC). Recuerda, además, que el resultado no era vinculante, y la noche de la votación, por mucho que el resultado fuera claro, no estaba garantizado que se aplicara y todo quedaba en manos del Govern. Él mismo, el día que el sí había ganado con claridad -80% de los votos-, compareció para reclamar al ejecutivo que no se hiciera atrás: “Dije: el pueblo ha hecho los deberes, ahora que los haga el Govern”. La comarca del Moianès acabó creándose. La del Lluçanès, no.

Comisión de control

Toda consulta tiene que ser avalada por una comisión que cuelga del Govern y elige el Parlament. Miembros del órgano constatan la arbitrariedad del Estado a la hora de impugnar: entre la de Tona y la de Sitges se hicieron dos más con normalidad. Ni siquiera una en Santa Coloma de Farners sobre el espacio que tenía que llevar 1-O de nombre no se impugnó. Esta comisión la forman siete juristas o politólogos que escogen los grupos. El cargo no es remunerado. Al inicio, formar parte de ella era comprometido, puesto que tenía que ser la sindicatura del 9-N. Para la primera reunión, explican fuentes presentes, el Govern les envió una nota en clave para encontrarse en Barcelona. Tan en clave fue que un miembro no la entendió y cuando empezaba la reunión estaba en la ducha a más de 100 km de ahí. La comisión todavía existe. La semana antes de que Pau Juvillà (CUP) perdiera el escaño, la que era asesora suya en la mesa, Maria Sirvent, fue propuesta por la CUP para formar parte. Ella y seis personas más evaluarán la consulta de los Juegos.

Campanadas

Casi todas las consultas las han planteado ayuntamientos, con temas que van desde eliminar los correbous en Vidreres, cambiar el nombre del municipio en Sant Carles de la Ràpita o incluso si las campanas de una iglesia tienen que sonar por la noche. Esta tuvo lugar en Xerta en 2016. El alcalde, Roger Aviñó, explica que después de una queja de un hotel dejaron de sonar por la noche, pero los vecinos no se lo tomaron bien y se hizo la consulta. Hacerlo fue “fácil”. Se "inspiraron” en el 9-N y preguntaron en formato de árbol: primero, si tenían que tocar las campanas, y, en caso afirmativo, si solo las horas o también los cuartos. Ganó el sí a las campanadas cada hora y cada cuarto con un 74%. Todavía suenan, a pesar de que el hotel se ha vuelto a quejar.

Como consultas supramunicipales ha habido las del Moianès y del Lluçanès. Precisamente uno de los problemas que apunta el informe de la votación de los Juegos es la dificultad de concretar el censo de una consulta supramunicipal. Advierte del riesgo de impugnación de alguien que se puede sentir discriminado por el hecho de no poder votar. En el caso de la de los Juegos, los territorios que han quedado fuera, como el Ripollès, el Berguedà y el Solsonès, ya han mostrado malestar. De hecho, el miércoles hay una reunión en el Berguedà de los tres presidentes de los consejos comarcales para coordinarse. A la vez, ERC mantiene un diálogo con sus comarcales. Ya ha habido reuniones, algunas de ellas con Anna Caula, secretaria del Deporte, y Raül Romeva. La gran pregunta es cómo participarán estos territorios, y en las reuniones ha salido la opción de iniciar un proceso participativo desde los locales de ERC.

Después del informe, también han empezado las reuniones entre Presidencia, Vicepresidencia y Exteriores para encontrar una salida a la consulta. La consellera que tiene las competencias, Victòria Alsina, admitió en Catalunya Ràdio que el marco actual es “complicadísimo”. Por eso, anunció que en 2022 empezarán a trabajar en una nueva ley de consultas, a pesar de que no llegará a tiempo para la de los Juegos. Crear un marco propio ya lo intentó sin suerte el Ayuntamiento de Barcelona para hacer las llamadas multiconsultas en 2017. Una era sobre la remunicipalización del agua, y Agbar -y otras asociaciones- la impugnó. “Otra consulta no se habría judicializado”, critica Gala Pin, entonces concejala de Participación. Ahora, con una sentencia en la mano, se está elaborando un nuevo reglamento. La conclusión de todo es que buena parte de la viabilidad de la consulta de los Juegos dependerá de si alguien la impugna.