El precio de no tener presupuestos: el Gobierno debería renunciar a 1.500 millones de euros

BarcelonaEl desacuerdo político puede conducir a una nueva prórroga presupuestaria este 2026. Una decisión que siempre lleva un precio asociado: el incremento del gasto previsto por el Govern en caso de que se apruebe el proyecto de presupuestos crecería en 9.100 millones de euros respecto a las cuentas del 2023, las últimas aprobadas hasta ahora. El dato lo ha dado la consellera de Economía, Alícia Romero, en una entrevista a la ACN. Pero ¿cuántos de estos millones se perderían si no hay presupuestos? Fuentes del departament d'Economia consultadas por el ARA remarcan que hay un mínimo de 1.500 millones de euros en la cuerda floja. Son recursos previstos para nuevos proyectos, que no preveían presupuestos anteriores y que, por tanto, quedarían según la ley fuera de la prórroga presupuestaria.

Habría otros plenamente garantizados, aquellos que se enmarcan en los gastos finalistas, es decir, proyectos ya comprometidos que sólo se pueden destinar a acciones concretas. Esta partida representa aproximadamente 1.700 millones de euros, aunque la Generalitat los iría recibiendo progresivamente durante el año en función de cuándo se tengan que ejecutar los proyectos. El objetivo de déficit actual que deben cumplir las autonomías está fijado en el 0,1% del PIB y, por tanto, la Generalitat también podría hacer uso de unos 300 millones de euros aunque no cuente con unos nuevos presupuestos. Y aún hay otra partida ineludible de estos 9.100 millones de euros de los que hablaba la consellera: los intereses de la deuda, especialmente protegidos por la Constitución, que este año se disparan hasta los 1.600 millones de euros, 850 más respecto a las cuentas del 2023. Habría 2.850 millones de euros, pues, garantizados. ¿Qué pasa con el resto?

Más allá de los 1.500 millones de euros irrecuperables –la Generalitat no podría gastarlos, aunque los tenga, porque el buen funcionamiento de la economía comporta un incremento notable de la recaudación y de las transferencias del Estado–, hay una partida importante sujeta a la negociación presupuestaria. Según las fuentes de Economía, hay 4.700 millones de euros que sólo se podrían salvar en caso de aprobar nuevos suplementos de crédito en el Parlament. Se trata de los que están asociados al gasto recurrente de la Generalitat, como inversiones ya previstas o los incrementos de sueldo de los funcionarios, entre otros.

El problema de esta vía, a la que gobiernos de todos los colores han tenido que recurrir, es que los gastos que se modifican o aumentan requieren un trámite parlamentario que ralentiza la actuación del Govern. El año pasado se hicieron más de 2.300 expedientes de este tipo, por tener las cuentas prorrogadas. Es una cifra que prácticamente dobla los 1.200 que se hicieron, por ejemplo, en 2019, otro ejercicio con cuentas prorrogadas.

Una negociación ineludible

Con los 9.100 millones de gasto adicional, el presupuesto total de la Generalitat para el 2026 se situará en torno a los 50.000 millones de euros. Otros datos destacados que se detallarán en el proyecto serán la reducción de la deuda pública de Cataluña sobre el PIB, que ha bajado aproximadamente hasta el 27% –con la condonación del FLA se situará en el 22%–, y la reducción del período de pago a proveedores, que durante el 2025 fue de 28 días de media.

Estas cifras acapararán algunos de los titulares a partir del viernes, cuando el president del Govern, Salvador Illa, se ha comprometido a aprobar el proyecto de ley en el consell executiu, aunque no tenga todos los apoyos atados. Le falta el del partido que tenía más claro que estaría, ERC. De momento, desde la calle Calàbria de Barcelona preparan una enmienda a la totalidad, que se debatiría en el Parlament el 11 de marzo, porque critican que no se hayan cumplido sus condiciones. Esquerra asegura que no negociará los presupuestos si no hay nuevos gestos que garanticen que los socialistas cumplen sus acuerdos, pero, como hicieron el año pasado, ya se han abierto a negociar los suplementos de crédito, que podrían salvar hasta 4.700 millones de euros.

Los republicanos han vinculado desde el primer momento la recaudación del IRPF con la negociación presupuestaria y consideran que no tienen suficientes garantías del gobierno español para que la Agencia Tributaria de Cataluña acabe recaudando el 100% del impuesto. La reunión del viernes pasado entre el líder de los republicanos, Oriol Junqueras, y el presidente español, Pedro Sánchez, fue decisiva para que Esquerra, que según fuentes consultadas por el ARA incluso había llegado a programar reuniones por los presupuestos con el Govern de Illa –tenían que empezar este mismo lunes–, acabara cambiando de opinión.

Las relaciones entre Junqueras e Illa, que habían sido cordiales hasta ahora, han quedado tocadas por los últimos acontecimientos. La intención de ambas partes hasta hace unos días era abordar unas negociaciones rápidas —la relación ha sido fluida desde el inicio de la legislatura para acordar múltiples carpetas— que desembocaran en unos presupuestos con los votos garantizados antes de empezar.