La Fiscalía recurre al Supremo para intentar suspender el tercer grado de Bassa y Forcadell

La fiscalía ha presentado un recurso al Supremo contra el mantenimiento cautelar del tercer grado de Dolors Bassa y Carme Forcadell. Recurre así al tribunal sentenciador la decisión del juzgado de vigilancia penitenciaria número 1, que rechazó la medida cautelar que planteaba el ministerio público mientras estudia el fondo de su recurso. La fiscalía subraya que la Ley Orgánica del Poder Judicial establece el carácter suspensivo del recurso de apelación en materia de clasificación cuando se trata de condenados por delitos graves que puedan ser excarcelados.

A su parecer, hace falta una interpretación extensiva de la ley para aplicar la normativa del recurso de apelación al recurso de altura que presentó. También estudia la situación de los presos de Lledoners. En su recurso al Supremo, la fiscalía argumenta que toda esta causa ha puesto de manifiesto la necesidad de una interpretación de la norma que permita el efecto suspensivo en los recursos, y ha recordado que el juzgado de vigilancia penitenciaria número 5 sí que suspendió cautelarmente el tercer grado de los presos políticos de Lledoners en verano, pero el número 1 no lo ha hecho con Balsa y Forcadell.

El juez rechazó el pasado martes suspenderles el régimen de semilibertad a pesar de la petición del ministerio público, que considera que el magistrado está legalmente obligado a dejar en suspenso sus salidas diarias de la prisión. Según el escrito del juez, el recurso de la Fiscalía solo tendría carácter suspensivo en caso de que ya hubiera una resolución judicial y, por lo tanto, se presentara un recurso de apelación. 

Por otro lado,  el Supremo ha acordado este lunes pedir al Tribunal de Cuentas un informe sobre los procedimientos de responsabilidad contable contra los presos políticos y exiliados independentistas por los gastos del referéndum del 1-O. En concreto, quiere saber si han depositado los 4,1 millones de euros que el Tribunal de Cuentas les reclamó el 28 de enero del 2020. Lo ha hecho a instancia de la Abogacía del Estado, que ha pedido tener acceso a esta información antes de presentar su informe en el Supremo sobre la petición de indulto.

La petición de este informe alarga el proceso para la concesión –o no– de los indultos. El Supremo no puede emitir su propio informe sin tener primero el criterio de todas las partes. La Fiscalía ya se ha pronunciado en contra, y toda la tramitación se encuentra a la espera del documento que presente la Abogacía del Estado. El informe del Supremo es preceptivo, pero no vinculante, y cuando acabe todo el proceso será el Consejo de Ministros quién adopte la decisión que considere más oportuna.

En concreto, la Sala II del Supremo ha pedido a la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas que le remita las actuaciones previas y otros procedimientos de exigencia de responsabilidad contable que tenga en tramitación con motivo del 1-O. Quiere que le envíe las actas de liquidaciones provisionales, y en particular la del 28 de enero del 2020 para acreditar si han hecho efectivo el pago de 4,1 millones de euros que se les reclamó el 28 de enero del 2020.