Cuixart responde al Supremo que él no ha pedido el indulto y reclama la amnistía

BarcelonaEl día después del 4-M, este miércoles, el Tribunal Supremo ha dado el paso que faltaba para terminar su informe sobre los indultos a los presos políticos. El alto tribunal ha dado un plazo de cinco días a los doce líderes independentistas condenados por el Procés para que aleguen lo que consideren oportuno en relación a las peticiones de indulto. La sala segunda ha dictado 12 providencias de contenido similar, una por cada uno de los ex consellers, en las que se acuerda dar esta audiencia a los condenados, puesto que la solicitud de indulto para ellos está promovida por terceras personas e instituciones. Se trata del último paso antes de que el Supremo, como tribunal sentenciador, emita su informe para el gobierno español, que será quien acabará decidiendo si aplica o no la medida de gracia.

A la petición del Supremo ya ha contestado el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart. Ha sido el primero y de momento el único preso político que ha enviado sus alegaciones al alto tribunal. En un escrito de tan solo dos páginas, el presidente de Òmnium recuerda que él no ha hecho ninguna petición de indulto y reclama la amnistía como "una respuesta colectiva" para resolver el conflicto político catalán en lugar de una "solución individual" como es el indulto. "Su prioridad no es salir de la prisión sino la resolución del conflicto político por el que cumple condena", afirma su defensa en el escrito.

Cuixart reitera que no ha cometido "ningún delito", que no se arrepiente de nada y que lo volvería a hacer. "Los hechos que protagonizó fueron en ejercicio de los derechos fundamentales de reunión, libertad de expresión y libertad ideológica en defensa del derecho a la autodeterminación", defiende la abogada Marina Roig en las alegaciones. Además, también recuerda los dos votos particulares de los magistrados del Tribunal Constitucional contrarios a desestimar el recurso de amparo de Jordi Turull, en los que ponían en entredicho la condena por sedición, así como el posicionamiento de Amnistía Internacional o del Comité de Detenciones Arbitrarias de la ONU.

Antes de presentar el escrito al Supremo, el propio Cuixart ha hecho un tuit en el que ha tildado la demanda del alto tribunal de "humillación" y ha rechazado el indulto: "¿Qué se han creído? Ni arrepentimiento, ni indulto", ha afirmado. El presidente de Òmnium ha añadido que "la defensa de la democracia no admite chantajes". Una tesis que ha reforzado también el vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, en declaraciones a los medios de comunicación, en las que también ha dudado de que el gobierno español acabe concediendo los indultos. "El gobierno del PSOE nunca ha tenido voluntad para resolver esta situación", ha lamentado.

A pesar de que la vehemencia contra la medida de gracia se ha ido modulando con el tiempo, todos los presos políticos han remarcado que no es la solución y apuestan por una ley de amnistía que el Congreso inadmitió inicialmente y ahora Òmnium y la plataforma Amnistia i Llibertat quieren volver a llevar a la cámara mediante el derecho a petición. A estas alturas no hay ninguno otro preso político que haya presentado ya sus alegaciones al Tribunal Supremo. Un trámite que no es obligatorio y por el que, por ejemplo, Oriol Junqueras y Raül Romeva no tienen previsto presentar ningún escrito, según explican fuentes de la defensa al ARA.

El Supremo no prevé enviar su informe hasta la semana que viene

Sea como sea, lo cierto es que la carpeta de los indultos está cada vez más cerca de la Moncloa. Fuentes del Supremo apuntan que no entregarán su informe al gobierno español de manera inminente –primero se tienen que esperar los cinco días para que los presos políticos se pronuncien– y como muy pronto se sabrá si están a favor o en contra de los indultos la próxima semana. Aparte de las alegaciones de los ex consellers, los magistrados tendrán que estudiar los informes de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado. Mientras que la Abogacía ha evitado manifestarse a favor o en contra, el ministerio público sostiene que los condenados tienen que cumplir las penas sin "atajos".

La pelota de los indultos hace casi un año y medio que está sobre el tejado del gobierno español, a pesar de que no hace ni ocho meses que el ministerio de Justicia anunció que había empezado a tramitarlos. En ese momento ya hacía nueve meses de la primera petición, que le había llegado de la mano del abogado Rafael Jufresa en diciembre de 2019 y a la que se habían sumado después las de la UGT para Dolors Bassa, la de los expresidentes del Parlament para Carme Forcadell y también la de la Lliga Democràtica. Después de haber recibido los escritos de las prisiones, hasta diciembre el Tribunal Supremo no pidió el informe a la Fiscalía.

El efecto bloqueo del 4-M

"Cualquier iniciativa que presentemos quedará en un cajón o no tendrá atención”. Esta era la impresión de un grupo de diputados independentistas en el Congreso a pocos días de que arrancara la campaña del 4-M. Ayer Isabel Díaz Ayuso se consolidó al frente de Madrid y, después de un mes en el que todas las miradas han estado sobre la capital española, el Tribunal Supremo ha decidido mover ficha. Y enviando esta propuesta a los presos políticos también provoca que Pedro Sánchez vuelva a tener sobre la mesa la carpeta de los indultos pocas horas después de cerrar con una derrota sin paliativos –perdiendo el liderazgo de la izquierda– el episodio de los comicios madrileños. Ahora dos vías para intentar liberar a los presos que dependen del gobierno español vuelven a coger protagonismo: los indultos y la reforma del delito de sedición.

Mientras que los indultos están a la espera del Supremo, rebajar las penas del delito de sedición sigue siendo un debate latente en el gobierno de coalición, a pesar de que se vive con más intensidad por parte de Podemos que del PSOE. El partido morado planteó al ministro de Justicia su propuesta ya hace unos meses, pero los encuentros con Juan Carlos Campo han sido escasos. Fuentes de Podemos, de hecho, comentaban entonces que no confiaban en que el ministerio se pusiera a ello hasta después de las elecciones madrileñas. Ahora, pues, esperan que el efecto bloqueo del 4-M también haya desaparecido en el caso de la sedición.

Durante la campaña electoral, sin embargo, ya hubo un hecho que volvió a poner el foco de atención en las vías de liberar a los presos: el voto particular de dos magistrados del Tribunal Constitucional al recurso de Jordi Turull. La semana pasada los jueces Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer avalaron una reforma del delito de sedición y, también, abrieron la puerta a los indultos si se consideraba que la pena era excesiva.