Prestige, YAK-42 o metro de Valencia: las demás grandes tragedias sin dimisiones

BarcelonaEl sábado, miles de valencianos salían a las calles para exigir la dimisión del presidente, Carlos Mazón, acorralado por sus errores en la gestión de la DANA, que se niega a cruzar. No ha sido la única manifestación para exigir responsabilidades políticas frente a las grandes tragedias de las últimas décadas. Pero nunca los responsables políticos dimitieron y solo se vieron apartados del poder tras perder en las urnas.

El declive del reinado incontestable del PP en Galicia comienza en el 2003, con la gestión de la catástrofe del Prestige, el tercer accidente más caro de la historia (12.000 millones de dólares) sólo por detrás de los del transbordador espacial Columbia y de Chernobyl. La gestión del vertido de petróleo en las costas gallegas supuso una ola de indignación contra el PP tanto en Santiago como en Madrid y se canalizó en la plataforma Nunca Máis, que promovió las mayores manifestaciones de la historia de Galicia.

La revuelta popular contra la gestión de la tragedia de los populares, que la minimizaron y cometieron graves errores como alejar mar adentro al petrolero, culminaría con la pérdida de la mayoría absoluta de Fraga y con una alianza del PSG y el BNG para gobernar. Desbancado del poder, el político más veterano de España se marchó al Senado, donde ocupó un escaño hasta septiembre del 2011. Cuatro meses después, murió a los 89 años.

Ni él ni ninguno de los ministros implicados en la gestión de la catástrofe fueron destituidos o condenados en el juicio posterior. De hecho, la mayoría de ellos progresaron en su carrera política. El vicepresidente Mariano Rajoy acabaría gobernando en la Moncloa, desde donde repescaría el ex ministro de Agricultura de la época del Prestige, Miguel Arias Cañete, para la misma cartera, añadiendo justamente Medio Ambiente. Y el que era ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, otro de los señalados, salió antes de tiempo para acabar presidiendo el Govern Balear del 2003 al 2007.

Aznar nunca visitó la costa afectada ni dio explicaciones en sede parlamentaria sobre la tragedia del Prestige. La rebelión cívica contra las mentiras de su gobierno abrió el camino hacia el "No a la guerra", una de las mayores contestaciones sociales de la democracia española, por la decisión del presidente español de unirse a EEUU en la invasión de Irak. Su mandato como presidente acabó en el 2004, marcado por el brutal atentado del 11-M en Madrid (con casi 200 muertos) tres días antes de las elecciones y que motivaron otra ola aún mayor de movilizaciones por su afán de atribuir a ETA una matanza que ordenó a Al Qaeda en represalia por la participación de España en la guerra. El PP perdió esos comicios en los que Rajoy era el sucesor de Aznar.

Justo un año antes, el 26 de mayo de 2003, se produjo la mayor tragedia de las fuerzas armadas españolas en tiempos de paz: el avión Yak-42, subcontratado por el ministerio de Defensa de Federico Trillo, se estrelló en Turquía y 62 militares provenientes de Kabul murieron. Trillo se apresuró a atribuir el accidente a un error humano ya algunos fallos técnicos del aparato. "Reza por mí, este avión es una mierda", le había dicho un comandante a su esposa antes de embarcar, sin saber tampoco que los pilotos acumulaban 23 horas de vuelo. El ministro dijo que era un "buen avión" y que la caja negra estaba "intacta", pero Turquía rebatió que no funcionaba y que no se grabaron las conversaciones de los pilotos. Una vez que se supo, Trillo aún negaba que fuera importante: "No es cierto que esto impida conocer las causas del accidente".

El traslado de los cuerpos no fue mejor y desembocó en un cúmulo de despropósitos: a una treintena se les asignó una identidad errónea y se llegaron a mezclar restos de varios cuerpos en un ataúd. Pese a la nefasta gestión de Trillo, reprobado en el Congreso en el 2005, nunca se sentó en el banquillo y tuvo un retiro dorado: fue nombrado embajador en Reino Unido. Un cargo que abandonó en el 2017 cuando se hizo público un dictamen del Consejo de Estado que decía que el accidente era "del todo evitable".

El 3 de julio de 2006, a las 13.03 horas, un convoy del metro de Valencia, con 150 personas a bordo, descarriló en una curva y causó la muerte a 43 personas y heridas a 47. Nueve años más tarde, desde el balcón del Ayuntamiento de Valencia, la entonces alcaldesa Rita Barberá se burlaba de las familias que protestaban por el desprecio del PP a las víctimas del accidente. Con la lengua fuera y la mano en la nariz, señalaba su privilegiada posición y les decía: "Yo, aquí". Pero ese gesto fue el principio del fin de la "alcaldesa de España", como la bautizó Rajoy. Quedaban dos meses para las municipales de mayo de 2015 y las urnas le pasaron factura. Pese a quedar en primer lugar, Barberá perdió la mitad de los concejales y la alcaldía después de catorce años en el poder. "Qué hostia, qué hostia", repetía elocuentemente tras conocer los resultados la alcaldesa, que ya afrontaba distintos casos de corrupción. Barberá murió repentinamente en 2016.

Este julio llegaba, once años después, la sentencia del accidente del tren Alvia, la peor tragedia ferroviaria en el Estado en democracia, con 79 muertos y 143 heridos tras un descarrilamiento en Santiago el 24 de julio del 2013. La responsabilidad del accidente correspondió únicamente al maquinista ya un ex director de Adif, condenado a dos años y medio de cárcel. La ministra de Fomento, Ana Pastor, también se libró de ninguna responsabilidad, aunque la instrucción judicial demostró que en el tramo del accidente no funcionaba el freno de emergencia ERTMS que se activa cuando se supera la velocidad permitida. Este sistema había sido desactivado, durante el mandato de Pastor, debido a problemas técnicos que producían retrasos en los viajes. Lejos de asumir una factura política para tener las competencias sobre Renfe y Adif, Pastor llegó a ser presidenta del Congreso de 2016 a 2019.

Madrid fue la comunidad con más muertes por el coronavirus. La elevada mortalidad, el doble que en Cataluña, ha comportado denuncias contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por las muertes en las residencias. El Supremo rechazaba, de hecho, este mes de junio una denuncia por homicidio imprudente en relación a la muerte de 7.291 personas en los centros de mayores por los llamados "protocolos de la vergüenza", que hizo que no se los llevara a los hospitales. La controvertida gestión de la pandemia no hizo cosquillas en Ayuso en las urnas, que hace un año y medio arrasaba y conseguía más escaños que toda la izquierda junta.