¿Cómo proteger a los alertadores de corrupción? El Gobierno pone en marcha la tramitación de la ley

BarcelonaDesde el año 2019 existe una directiva de la Unión Europea que obliga a proteger a los alertadores contra la corrupción tanto en el ámbito público como privado, con el fin de prevenir posibles represalias que puedan tener para denunciar malas prácticas. El Estado ya transpuso la normativa a una ley propia –que obliga a todas las entidades a tener canales internos y externos de denuncia– y ahora el Gobierno de la Generalitat se dispone a realizar su regulación, más allá de los canales de denuncia internos que ya tiene el ejecutivo. En los últimos tiempos, se ha puesto en evidencia que a pesar de la existencia de la figura de los alertadores, los afectados consideran que no están teniendo la protección efectiva, que en Cataluña recae en la Oficina Antifrau. De hecho, el propio Gobierno admite que existen "vacíos legales" en el contexto legislativo actual.

Según fuentes del ejecutivo consultadas por el ARA, este martes el consejo ejecutivo aprobará la memoria preliminar del anteproyecto de ley del sistema de alertas y de protección de las personas alertadoras. Un primer paso para terminar una norma ampliamente reclamada por las entidades que luchan contra la corrupción y que el ejecutivo de Salvador Illa prevé aprobar antes del verano del próximo año. De hecho, recientemente en una entrevista en este diario, la presidenta del Observatorio contra la Corrupción, Itziar González, se quejaba de que desde el año 2015 habían puesto sobre la mesa medidas como ésta y que diez años después habían salido adelante menos del 1% de las medidas. En un primer momento, el Govern no la tenía dentro de los planes legislativos de este año, pero el presidente la anunció como medida de lucha contra la corrupción cuando compareció en el Parlament a raíz del estallido del caso Cerdán.

¿Qué pretende regular la nueva ley del Gobierno? Según el texto al que ha tenido acceso este diario, el marco regulador actual "plantea dudas que no han sido resueltas por el legislador estatal, lo que se traduce en una serie de carencias que afectan negativamente a su eficiencia y eficacia, lo que, al mismo tiempo, puede debilitar la protección de las personas alertadoras y desincentivarlas a futuro para. En este sentido, la nueva norma pretende "garantizar una protección adecuada e integral de las personas alertadoras asegurando su confidencialidad, derecho al anonimato y prohibición de cualquier tipo de represalia". "Hay que unificar la normativa para dar seguridad jurídica para que los ciudadanos se sientan seguros a la hora de denunciar. Deben saber que no estarán solos", afirma la directora general de Gobierno Abierto, Lara Torres, en declaraciones a este diario, además de explicar que a partir de la aprobación de esta memoria, se abrirá una consulta pública de un mes para que todos los interesados.

La Oficina Antifraude, si actúa igual que hizo durante la tramitación del estatal, es uno de los entes susceptibles a realizar alegaciones. Fuentes del organismo explican que, a raíz de su experiencia como protectores, es necesario "reconducir las alertas protegidas a la defensa del interés público", descargandolas de otros conflictos "intersubjetivos que quedan fuera del radio de protección", y ampliar el alcance de la ley a personas que ahora quedan excluidas como "testigo". Consultado por este diario, el Observatorio se alegra de que el Govern impulse la nueva ley, pero avisan de que quieren ser "coproductores" y no se conforman sólo con la consulta pública. En la anterior legislatura ya se iniciaron los trabajos y no se llegó a ningún acuerdo, ya que la sociedad civil y parte del gobierno de ERC (otra no) pretendían ir más allá de la ley estatal y realizar una norma de "integridad pública".

Los puntos clave de la memoria que presenta el Gobierno

Dudas sobre los requisitos para ser alertadora

Si bien la ley estatal sólo incluye como alertadoras a las personas físicas, el ejecutivo se plantea ampliarlo a las personas jurídicas, además de prescindir de que sea necesaria una relación laboral para ser protegido. "En la medida en que la ley estatal incluye como informantes a los contratistas y proveedores, procede plantearse si, por analogía, también lo sería un trabajador de una entidad beneficiaria de fondos públicos", dice el texto. Asimismo, se propone desarrollar un estatuto de la persona alertadora para establecer sus derechos y deberes en la gestión de las alertas.

Qué se puede denunciar

La directiva europea es amplia a la hora de definir lo que es denunciable, ya que se refiere a "infracciones del ordenamiento jurídico". También habla de infracciones que no se hayan materializado pero se tengan "motivos, dudas o sospechas razonables" de su comisión. La ley estatal, en cambio, alude a infracciones penales o administrativas graves o muy graves, mientras que el sistema de denuncia interno que ha instaurado ahora mismo por parte de la Generalitat tiene un alcance algo más amplio porque habla de conductas o infracciones normativas que representen una "amenaza o perjuicio por el interés público". Ante esta dispersión, el Ejecutivo se dispone a afinar bien la definición para que no haya "dudas" sobre lo que se puede denunciar.

Duplicidad de canales

La ley estatal marca que debe haber canales internos de denuncia –que ya tiene la Generalitat– y también externos que, en el caso del Estado, asumirá una entidad de nueva creación que es la Autoridad Independiente de Protección del Informante, cuyo presidente, entrevistado por el ARA, se disponía a poner en marcha la maquinaria en noviembre. Ahora bien, en Cataluña esta autoridad es la Oficina Antifraude, la primera de todo el Estado que ha asumido la competencia.

Desde el Gobierno se considera que existe una confusión entre los canales internos y externos y que hay que dejar claro que el alertador debe tener la libertad de presentar la alerta según su preferencia. Asimismo, se comprometen a fijar unos mínimos para que los canales de denuncia internos tengan "garantías" y aclarar en qué medida deben integrarse todos los sistemas de alerta de las administraciones, como los canales de denuncia por acoso sexual o laboral.

Incertidumbre sobre las medidas de protección

El Gobierno también admite que existen problemas de "incertidumbre" sobre qué medidas de protección del informante tomar. Recientemente, por ejemplo, Esquerra denunció "maniobras" para despedir al gerente de Tarragona Ràdio, protegido por Antifrau. Itziar González, presidenta del Observatorio contra la Corrupción, explicaba al ARA recientemente que el sistema no funcionaba y que personas protegidas les explicaban que les "estaban machacando" sin ayuda alguna.

Impacto sobre el mundo local

Pese a la definición de que el Gobierno se compromete a hacer de todos estos procedimientos, prometen no incrementar la carga de obligaciones de las administraciones locales. Tampoco más cargas a ciudadanos y empresas, aunque admiten que habrá que valorar el impacto económico en los privados si deben tomar medidas adicionales.