Salvador Illa promete aprobar la ley para proteger a los alertadores de corrupción este año

El presidente se desvincula del caso Cerdán mientras los socios condicionan su apoyo a que no vaya a más

22/07/2025
4 min

BarcelonaEl mismo día que el Tribunal Supremo revisaba la cárcel de Santos Cerdán -todavía sin una decisión final-, Salvador Illa ha comparecido ante el pleno del Parlamento para dar explicaciones. Lo ha hecho a petición de Junts, PP y Vox que pidieron que el líder socialista explicara si tiene algún tipo de vínculo con la trama. El presidente de la Generalitat ha desvinculado al Govern ya sí mismo del caso Cerdán. "No existe vinculación alguna con el Gobierno ni a mi persona", ha asegurado. Isla ha vuelto a pedir que "se llegue hasta el final": "Que se depuren todas las responsabilidades [...] Afecte a quien afecte, se caiga quien se caiga". El jefe del ejecutivo catalán, además, ha aprovechado la comparecencia para lanzar una promesa: aprobar este año la ley que protege a los alertadores de corrupción. "Nadie debe tener miedo a denunciar", ha defendido.

Esta es una de las medidas que Isla ha querido anunciar este martes ante el pleno del Parlament como una muestra de su compromiso por hacer frente a cualquier práctica corrupta. Aparte, también ha incluido otra medida que el Govern explicó este lunes dentro del plan para reformar la administración pública: regular la figura del directivo público profesional. Una propuesta que debería acabar con la discrecionalidad que tienen los partidos a la hora de elegir a las personas que ocupan las direcciones y subdirecciones generales del Govern.

El presidente también ha cogido el guante que le había lanzado previamente el líder de Junts en el Parlament, Albert Batet, y ha asegurado que el Govern "estudiará" si se persona como acusación particular en el presunto caso de cobro de comisiones ilegales que afectan a las obras de la estación de Sant Feliu de Llobre. "Afecta directamente a Catalunya y debe actuar", le había pedido Batet en referencia al Govern. El diputado juntero también había exigido a Isla "garantías" que ni él ni los ministros socialistas catalanes tenían "conocimiento ni vinculación" con este caso.

Isla insiste en que no conoce a Chili

En las últimas sesiones de control en la cámara, el líder del PP,Alejandro Fernández, había intentado relacionar Isla con el casoargumentando que su nombre aparece en los audios por sus supuestas conversaciones con Chili. Juntos ha aprovechado, precisamente, esta cuestión para empezar su intervención para defender la comparecencia de Isla. "Nosotros no haremos lo de: «Usted tiene un problema y se llama Chili»", ha afirmado Albert Batet. Isla ha vuelto a negar que le conozca. "No sé quién es, no tengo ni puñetera idea", ha afirmado, para después explicar que no tiene ningún contacto a Signal que se diga así. "Tengo la conciencia completamente tranquila de mi actuación. Todo lo que se hizo en ese momento ha sido escrutado e investigado", ha añadido.

Los junteros también han hurgado en la estrecha relación entre Isla y Sánchez. La portavoz del grupo, Mònica Sales, reprochó al jefe del ejecutivo catalán que acudiera a la Moncloa "a intentar salvar al PSOE del naufragio", en referencia a la reunión entre Sánchez e Isla en pleno estallido del caso Cerdán. "Lo fui a ver, sí. Tenemos derecho a reunirnos con otros dirigentes. En un contexto así es normal que tenga una reunión con el presidente del gobierno, debería extrañarles que no la tuviera", ha contestado Illa. En ese momento, el Gobierno vendió que en esa reunión ambos presidentes habían acordado que la candidatura por una gigafactoría europea de IA iría a Móra la Nova y evitaron explicar que habían tratado también la crisis del partido por el caso Cerdán.

ERC y Comuns vinculan la legislatura a la evolución del caso Cerdán

Los socios de investidura, Esquerra y Comuns, han aprovechado la comparecencia para volver a lanzarle un aviso: si el caso Cerdán escala, peligra su apoyo a los ejecutivos catalán y español. "Solo si logran detener esta sangría, podrán ver adelantar su legislatura, aquí y allá", ha avisado el líder de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové. De hecho, el diputado republicano le ha pedido al presidente que explique qué hará "si uno de los suyos sale salpicado": "Queremos una respuesta contundente".

"El balón está en su tejado para decidir si la legislatura tiene recorrido aquí y en Madrid", ha añadido, a su vez, el portavoz de Comuns, David Cid. El diputado, en este sentido, aseguró que no darán alas a un gobierno PP-Vox, pero puso dos condiciones: "Que este caso no escale más arriba" y que no se pruebe una financiación irregular del PSOE. Cyd, además, también ha exigido medidas contra la corrupción como la ley de alertadores que van a exigir por unos hipotéticos futuros presupuestos.

La diputada de la CUP Laia Estrada, por su parte, ha repartido dardos tanto en el PSOE como en el PP. "Nadie traga que Sánchez no sabía qué hacía su hombre de confianza", ha afirmado, para después compararlo con el M. Rajoy. Estrada también ha exigido al Govern que deje de contratar "empresas corruptas". Al otro lado del tablero político, Sílvia Orriols, de Aliança Catalana, ha lanzado un aviso a los socialistas: "Ya que no pague la corrupción ante los tribunales, esperamos que la pague ante las urnas".

El PP hace responsable "político" Isla

El líder del PP, Alejandro Fernández, consciente de que ahora también les pesa el caso Montoro, ha querido empezar su intervención con una advertencia. "De nada le servirá el ventilador del «Y tú más». Que cada uno cargue su muerte. Pero en el caso Koldo, es su muerte, no el mío", ha afirmado. Fernández ha acusado a Isla de "permitir" que Koldo y Ábalos "entresaran hasta la cocina del ministerio" de Sanidad que dirigía Isla. "No entró nadie en la cocina del ministerio de sanidad", le replicó Isla, que negó ningún "sobrecoso" en el precio de las mascarillas mientras fue ministro. Una acusación que también hizo el líder de Vox, Ignacio Garriga, cuando les presentó como los "jefes" de Isla: "No puede marcar distancias con ellos". Alejandro Fernández ha terminado haciendo responsable "político" al presidente pese a admitir que no se le imputa ningún delito.

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