PSOE y PP acuerdan la renovación del Poder Judicial más de 2.000 días después

MadridEsta vez sí. Al límite del plazo que marcó Pedro Sánchez, este mes de junio, PSOE y PP han pactado la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), más de 2.000 días después de que se agotara el mandato de los vocales actuales. Queda lejos el primer intento frustrado por aquél whatsapp del exportavoz del PP en el Senado Ignacio Cosidó en noviembre del 2018 sobre "controlar la sala segunda del Supremo por la puerta trasera" si se situaba a Manuel Marchena de presidente. La firma se produjo en una reunión en Bruselas entre el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y el vicesecretario institucional del PP, Esteban González Pons, con la mediación de la comisaria de Valores y Transparencia, Věra Jourová. El acuerdo incluye la elección de los veinte nuevos vocales del órgano de gobierno de los jueces de forma "inmediata", el nombramiento de una vacante en el Tribunal Constitucional -lo ocupará el catalán José María Macías, actualmente vocal de la derecha en el CGPJ— y la aprobación de una reforma legal "que reforzará la independencia judicial".

Las tres acciones se producirán la misma semana de julio. La modificación legal bebe de las medidas que ya estuvieron a punto de pactar en 2022, cuando el PP se echó atrás con la excusa de la derogación de la sedición. Entre otras cosas, destaca que el CGPJ deberá escoger por tres quintas partes a los magistrados del Supremo, presidentes de Tribunales Superiores de Justicia autonómicos y sus salas, presidentes de Audiencias Provinciales y sus salas. Asimismo, se creará una Comisión de Calificación formada por cinco vocales que se irán renovando anualmente y que se encargará de proponer al pleno los nombramientos que correspondan, "garantizando una valoración objetiva de los candidatos basada en su trayectoria profesional". Cubrir todas las plazas pendientes es una de las principales urgencias, dado que ahora el CGPJ no tenía competencias para realizar designaciones.

La elección de los vocales

Lo que hacía imposible el acuerdo entre PSOE y PP hasta ahora era el modelo de elección de los vocales del CGPJ. Los socialistas defienden el modelo actual: los 12 vocales de procedencia judicial pasan por una preselección previa dentro de la carrera —quedan una cincuentena— y después se eligen por acuerdo político en el Congreso y en el Senado. En cambio, los conservadores reclaman que se elimine esta elección en las Cortes españolas y que sean elegidos directamente por los propios jueces. Lo pactado es que, de cara a renovaciones futuras —no ésta—, el nuevo CGPJ elaborará en seis meses una propuesta sobre un nuevo sistema de elección de los vocales de procedencia judicial —tendrán que avalarla tres quintas partes del pleno— que cuente con la "participación directa de jueces y magistrados que se determine". La ambigüedad permite a ambos partidos justificar el acuerdo: el PP logra situar esta terminología en el texto y el PSOE tira la pelota adelante y no se ata de manos. Bolaños ya ha avisado de que será necesario "consenso" en el Congreso para aprobarla.

También se realizarán cambios en materia de puertas giratorias. El acuerdo incluye que no podrán ser vocales del CGPJ juristas que en los últimos cinco años hayan sido ministros, secretarios de estado, consejeros de gobiernos autonómicos, alcaldes o diputados. Tampoco podrá ser fiscal general del Estado alguien que en los cinco años anteriores haya desempeñado un cargo como los anteriormente mencionados —se trataría de evitar un nuevo caso Dolores Delgado—. Además, los jueces que hubieran ocupado un cargo político no podrán reingresar en carrera hasta dos años después de haber cesado.

Post elecciones europeas

La de este martes era la cuarta reunión de los negociadores, después de que en las tres primeras, con la mediación del comisario Didier Reynders, Bolaños y González Pons no pudieran acercar posiciones. Hoy se alabaron mutuamente, y el dirigente popular incluso se atrevió a inaugurar una nueva "amistad". Hace unos meses existía un ciclo electoral pendiente que ahora ha culminado con las elecciones europeas del 9 de junio. "El día de la marmota ha terminado", proclamaba el presidente del gobierno español tras los comicios, cuando anunció que si no había acuerdo con el PP para renovar el CGPJ durante este mes, reformaría la ley para modificar el sistema de elección de los magistrados del Tribunal Supremo, que es el "incentivo perverso" que, según Sánchez, tenía el PP para mantener bloqueado al órgano de gobierno de los jueces. La creación de una Comisión de Calificación para realizar nombramientos de magistrados sintoniza con la idea que había puesto sobre la mesa al actual presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, y que se había hecho suya Sánchez.

La semana pasada el gobierno español cambió los dardos a Alberto Núñez Feijóo por la discreción en este ámbito. Era un indicio claro de que las conversaciones se habían reanudado y de que se abría una nueva ventana de oportunidad. "La sala de gobierno del Supremo llama a la responsabilidad de quien tiene en su mano el remedio imprescindible para que adopten [la renovación] sin más demora", pedía el alto tribunal en un contundente comunicado este lunes. Que Sánchez no haya comparecido este martes y sí lo haya hecho el líder del PP es indicativo de quien estaba bloqueando hasta ahora, y Feijóo ha admitido que en este asunto ha recibido "presiones de todo tipo". De momento, José María Aznar e Isabel Díaz Ayuso no se han pronunciado sobre el acuerdo, y el dirigente conservador ha justificado el pacto con Sánchez en materia judicial, pese a la amnistía y pese a que el Tribunal Constitucional esté exonerando condenados por los ERE de 'Andalucía. "Sabemos distinguir entre la oposición y la lealtad al Estado", argumentó.

Críticas de los partidos

Las asociaciones judiciales más afines al PP y PSOE han celebrado el acuerdo, mientras que las centristas Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente han criticado un nuevo "intercambio de cromos" en la elección de los nuevos vocales. Los partidos minoritarios también han discrepado. El PNV ya ha avanzado que no votará los nombres pactados entre las dos grandes formaciones y Podemos se ha quejado de que "comienza la legislatura de la gran coalición". En la misma línea, Gabriel Rufián (ERC) criticó que el PSOE pacte con un "elemento de la máquina del barro" que denunciaba a Sánchez y Míriam Nogueras (Juntos) rechazó "el reparto de poder" entre los dos grandes partidos estatales. El expresidente Carles Puigdemont, en X, se ha afianzado, de hecho, que con el entendimiento "ganaba" el PP. Desde Vox, Santiago Abascal ha denunciado que el PP haya "entregado la justicia a Sánchez". Por su parte, la vicepresidenta segunda del gobierno español, Yolanda Díaz, celebró el acuerdo y aseguró que hay vocales del bloque progresista que corresponden a la cuota de Sumar.