Pulso entre Junts y el gobierno español por los primeros decretos de la legislatura

BarcelonaA Pedro Sánchez no se le divisa una legislatura fácil y la primera prueba será este miércoles. Su dependencia de Junts podría llevar al gobierno español a sufrir su primera derrota parlamentaria si no reconduce el choque que mantiene con el partido de Carles Puigdemont para aprobar los tres decretos del gobierno español que debe convalidar en el pleno del Congreso. A estas alturas, los junteros mantienen su no en las tres normas: el decreto de medidas anticrisis, el de la reforma del subsidio de paro y el de justicia. El portavoz de Junts, Josep Rius, ha reclamado este lunes al PSOE que retire todo el paquete de medidas y las vuelva a presentar negociadas y acordadas con los junteros. Sin embargo, los socialistas descartan retirarlas y el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, ha emplazado al partido de Carles Puigdemont a seguir negociando. A estas alturas, el gobierno español tiene garantizados los votos de ERC, el PNV y EH Bildu, mientras que Podemos ha avisado de que estudia votar en contra del decreto sobre el subsidio de paro y de las medidas anticrisis si no existe cambios. Sin Juntos, ninguno de estos decretos puede salir adelante.

Las conversaciones entre los junteros y los socialistas siguen abiertas. El PSOE está dispuesto a tramitar los decretos como proyecto de ley para incorporar mejoras, pero sin cambiar ninguno de los aspectos que ya contienen. Juntos, sin embargo, lo rechaza porque quiere consensuar las normas desde cero –las medidas del gobierno quedarían aprobadas inmediatamente aunque se tramitaran por proyecto de ley–. Si hubiera alguna aproximación entre ambas partes antes de este miércoles, Junts debería convocar su permanente para validar el eventual acuerdo antes de que se vote en el pleno. Los socialistas afirman que las conversaciones se están centrando en las tres normas y no en elementos que no tienen que ver y Cerdán ha remarcado que seguirán negociando hasta el último momento.

Los de Puigdemont aseguran que están a favor de la mayor parte de los aspectos sociales del decreto de medidas anticrisis –entre ellas, mantener la rebaja del IVA–, pero Rius avisó de que no pueden aceptar lo que según ellos supone un "recorte de competencias de la Generalitat", el incremento de la infrafinanciación y el "peligro" para la ley de amnistía –sobre el decreto de justicia.

La posición de Junts va más allá de estas tres normas. Rius, de hecho, ha querido enviar un aviso al PSOE de cara a toda la legislatura: ha advertido de que todo debe estar pactado con los de Puigdemont y con su sello. "Esta legislatura no irá a cambio de nada", aseguró. "El gobierno español aplica una política de hechos consumados, pero nuestros votos no son un cheque en blanco", remachó. Fuentes del PSOE admitieron que las formas se pueden mejorar, pero justificaron haber actuado así porque había urgencia a la hora de aprobarlos para cumplir con desbloquear los fondos europeos.Sea como fuere, los socialistas mantendrán los tres decretos en el orden del día del debate del miércoles, que tendrá lugar en el Senado por obras en la cámara baja, y replican que quien vote en contra de las "medidas necesarias y buenas" que contienen será quien tenga que dar explicaciones.

La amnistía, el motivo del pulso

Uno de los principales motivos de discrepancia de Junts es la posibilidad que se recoge en el decreto de justicia que los jueces puedan paralizar una ley como la de la amnistía si efectúan una cuestión prejudicial en Europa, según prevé el artículo 43 bis de la ley de enjuiciamiento civil. El partido de Puigdemont atribuye a los socialistas un talante poco transparente al respecto, visto con preocupación por su equipo jurídico. Desde el PSOE, aseguran que Junts asume en privado que el punto sobre las cuestiones prejudiciales no puede tocarse, ya que es una cuestión ya vigente de facto, y recuerdan que están abiertos a añadir nuevos contenidos, pero sin eliminar nada de lo que contienen.

De hecho, ERC discrepa de Junts sobre este punto. Su portavoz, Raquel Sans, recordó que, al respecto, "no hay ninguna novedad" porque se trata de una normativa europea que ya aplicaban los tribunales españoles. Por el contrario, incorporarlo cree que supone dar "seguridad jurídica" a los procesos judiciales porque evita dejar en manos de la "discrecionalidad" de los jueces decidir si los procesos judiciales quedan parados o no si elevan una cuestión prejudicial en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea –Manuel Marchena no esperó sobre la condición de eurodiputado de Oriol Junqueras.

Así, en el choque PSOE-Junts, también se ha mezclado la pugna permanente entre junteros y republicanos. Rius, de hecho, ha lanzado un dardo contra el gobierno de Pere Aragonès que va más allá de la amnistía y ha acusado al ejecutivo catalán de no quejarse ante lo que interpretan como un "recorte competencial" y una "financiación inadecuada" En materias de los decretos como el de justicia, donde tiene unos seis puntos porcentuales menos que el que le tocaría en el Principado –según Juntos–. Asimismo, ha exigido introducir incentivos para que vuelvan las empresas que retiraron la sede de Catalunya en 2017 y añadir sanciones a quienes no cumplan. Lo ha aliñado con una reclamación de medidas como el mantenimiento del IVA reducido por la electricidad o el 0% de este impuesto para el aceite.

Podemos estudia votar 'no'

El PNV confirmó este lunes por la noche su sí por "responsabilidad", aunque el presidente del partido, Andoni Ortuzar, se quejó de las formas de los socialistas para mezclar tantos temas en sólo tres decretos: "Son como una enciclopedia ". A su vez, EH Bildu asegura que están analizando el decreto de justicia, pero que "no serán un obstáculo" para que las tres normas salgan adelante, afirman fuentes de los abertzales. Por el contrario, el gobierno español no tiene garantizados los votos de Podemos. Los lilas, haciendo valer su autonomía tras romper con Sumar, están estudiando si votar en contra de la reforma del subsidio por desempleo y también del decreto anticrisis. Una de las reticencias de Podemos es por el decreto sobre el paro elaborado por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, con quien Podemos tiene una pugna abierta.

La portavoz de los lilas, Isa Serra, afirmó que no cuenten con sus votos para "recortar derechos", ya que consideran que el cambio normativo implica un recorte de las futuras pensiones de los mayores de 52 años, entre otras cuestiones. Los lilas también creen que el decreto anticrisis es poco ambicioso y reclaman mantener el límite del 2% de subida de los alquileres y aplicar un tope del 2% por la subida de los precios de los alimentos en las grandes superficies.

En definitiva, PSOE y Sumar no tienen asegurada la mayoría en el primer pleno tras las vacaciones de Navidad. Es la evidencia de que el gobierno español deberá ganarse el apoyo de cada uno de los socios en cada una de las normas que lleve a votación. Donde no habrá fisuras en la mayoría de investidura este miércoles es en el debate en la totalidad de la ley de amnistía: la norma dará un paso más porque la mayoría plurinacional se aliará para rechazar las enmiendas a la totalidad de PP y Vox.