¿En qué punto está el caso Montoro un año después de salir a la luz?
El juez de Tarragona, que está a la espera de que llegue mucha información que ha pedido los últimos meses, se ha topado con la negativa de los investigados a declarar
MadridEl 16 de julio de 2025, siete años después de que abandonara el ministerio de Hacienda, trascendió públicamente que Cristóbal Montoro –junto con su equipo– estaba investigado por un juez de Tarragona por haber traficado presuntamente con la modificación de leyes para favorecer a empresas gasísticas a cambio de sobornos. En doce meses, la instrucción ha avanzado lentamente y los autos de Rubén Rus han llegado con cuentagotas. Una de las grandes novedades que ha habido fue un informe de la Agencia Tributaria que localizó 850.000 euros sospechosos: es la cantidad que las empresas gasísticas hicieron llegar a Equipo Económico –el despacho fundado por Montoro y que está en el epicentro de la supuesta trama– entre 2011 y 2019 en pagos fraccionados y con una operativa para intentar disimularlos. Alrededor de este documento se pueden trazar las dos visiones de la investigación que se han ido construyendo.
Por una parte, este documento fue el pretexto que llevó al juez a hacer una batería de nuevas peticiones de información para completar los datos que ya tenía. Hace unos días, prorrogó la instrucción porque todavía está esperando los informes que encargó. Eso sí, fuentes conocedoras del caso revelan a el ARA que a los juzgados han llegado 2 CD de los Mossos d’Esquadra con tanta información que no se puede subir a la nube y que hay que ir en persona a recogerla.
FETAP-CGT, que es una de las acusaciones populares, pidió ampliar la investigación para evitar una “conclusión prematura” que generara espacios de impunidad. Otra de las acusaciones, la Asociación de Defensa Integral de Víctimas Especializada (ADIVE), sostiene que era necesario para “profundizar y apuntalar” la investigación. En cambio, Equipo Económico cree que este informe y las sucesivas solicitudes que ha hecho el magistrado son una maniobra para “prolongar artificialmente e indefinidamente” la causa y se remite en todo momento a un informe de la Guardia Civil que analizó las cuentas bancarias y no detectó una “operativa diferenciada o destacable”.
La información que el juez está esperando
Un mes y medio después del informe de Hacienda, el magistrado movió ficha para “completarlo” y porque la información bancaria que había recibido tenía “deficiencias”. Primero autorizó a los Mossos a acceder al Fichero de Titularidades Financieras. Más tarde, emitió una batería de mandamientos a diferentes bancos para que aportaran datos de un puñado de personas desde el 2006. La Fiscalía avisa que algunos bancos “no han atendido” los requerimientos en su “integridad”, cosa que obligará a reiterarlos, y Equipo Económico critica que un periodo de veinte años supone un escrutinio “extravagante, desproporcionado e irracional”. Pidió, por ejemplo, información a seis bancos sobre Cristóbal Montoro, a siete bancos sobre su hermano y a dos sobre su mujer.
Previamente, había pedido otros datos. Requirió al ministerio de Hacienda que volviera a enviar 53 correos y 89 archivos que no se habían podido analizar porque estaban en un formato HTML que remitía a un servidor interno del ministerio. Y, entre otros, reclamó las cuentas anuales de Equipo Económico del 2008 al 2025 y la documentación y las facturas que acrediten los servicios que el despacho prestó a las gasistas. Coincidiendo con la prórroga de la instrucción, el juez ha preguntado a los Mossos cuál es “el estado de las investigaciones” y el “cumplimiento íntegro” de todas las peticiones que ha hecho.
Por su parte, la principal queja del despacho fundado por Montoro es que el juez ha ido cayendo en la reiteración a la hora de pedir información: “Por muchas veces que lo haga, difícilmente podrá dar un resultado diferente, aunque no le guste”, sostenía en un escrito de hace unos meses. Su defensa considera que "ha entrado en un juego perverso con peticiones innecesarias y superfluas" que se encaminan hacia una “investigación meramente prospectiva, llena de sospechas inespecíficas” y que provocan una “dilación indebida”. “Un viaje emprendido hacia ninguna parte”, remachan.
A la espera de que los investigados declaren
En paralelo, hasta ahora, el juez ha citado a declarar a quince investigados de las gasísticas: diez personas físicas y cinco empresas. Y todos menos uno se han acogido a su derecho a no declarar alegando que la Audiencia de Tarragona debe pronunciarse sobre quién es competente para investigar los hechos. El juez y las acusaciones sostienen que la causa debe quedarse allí porque los primeros indicios aparecieron en Tarragona, pero Equipo Económico esgrime que el despacho tiene la sede en Madrid y las conversaciones sobre las modificaciones de las leyes –que ellos sostienen que eran legítimas– fueron en la capital española.
Según ha podido saber el ARA, la deliberación, votación y decisión sobre esta cuestión será el lunes 14 de septiembre. La realidad es que aún faltan veinte investigados por citar, entre los que se encuentran los directivos de Equipo Económico, los altos cargos de aquella época en el ministerio de Hacienda y Cristóbal Montoro. El abogado de uno de los investigados anticipa a este diario que seguirá el mismo camino si el juez lo cita antes de tiempo. De momento, no se ha convocado a ningún testigo. Además, el hecho de que las declaraciones no puedan ser por videoconferencia complica la logística.