Así intentan los socios de Cristóbal Montoro hacer descarrilar la causa por corrupción

MadridUna batalla procesal por escrito. En eso se ha convertido la instrucción del caso Montoro, que en las últimas semanas ha sido un permanente tira y afloja entre las defensas de los investigados y las acusaciones. “Es un desbarajuste. Estamos inundados de recursos”, se queja a el ARA una de las partes en el procedimiento. Y es que, a través de una batería de recursos “en cascada”, los abogados intentan frenar la investigación atacándola principalmente por cuatro elementos: el hallazgo casual que originó la causa, la competencia de los juzgados de Tarragona, la duración del secreto de sumario y la última prórroga de la instrucción. Y todo eso, sumado a otras trabas que han ido apareciendo, dificulta el curso de la instrucción. Lo que se investiga es el pago de sobornos de ciertas empresas gasísticas a cambio de que Cristóbal Montoro, que era ministro de Hacienda, impulsara cambios de leyes en el Congreso de los Diputados para beneficiarlas.

En un escrito, al cual ha tenido acceso este diario, la Fiscalía lamenta que, de manera “escalonada”, las defensas han presentado “ingentes” y “masivos” recursos pidiendo la nulidad de la causa “por cualquier motivo”. Y les reprocha que hayan usado no solo recursos, sino también escritos de adhesión y adhesiones a las adhesiones. Un bucle circular que, sumado a la multiplicidad de acusaciones populares, no lo está poniendo fácil. La asociación Adive critica que hagan una “descalificación global” que busca una “demolición íntegra” de la causa “sin la debida argumentación”. Y la FETAP-CGT se expresa en los mismos términos: “El alud de recursos retrasa el devenir de las actuaciones y dificulta la gestión de la causa”. Todo eso lleva a la Fiscalía a justificar aún más “el acierto” de haber mantenido el secreto durante siete años para “evitar estas manipulaciones”.

Además, el ministerio público carga contra las defensas porque, siete meses después de que se levantara el secreto, no han solicitado ninguna diligencia ni han aportado ninguna prueba: “Ahora que es cuando toca hacerlo, no lo hacen. Esto demuestra que no se les ha causado ninguna indefensión”. Pero Equipo Económico –el despacho fundado por Montoro y que está en el epicentro de la presunta trama– contraataca arremetiendo contra el juez: “El balance de los últimos seis meses no puede ser más lamentable”. Y le recrimina que haya estado “completamente inmóvil” e inmerso en una “parálisis total”. En este sentido, en uno de sus últimos recursos, dice que prorrogó la instrucción hasta junio con “absoluto menosprecio” al derecho a defensa y “sin guardar mínimamente las formas” porque no esperó que las partes se pronunciaran.

Esta ha sido la última línea de ataque. Previamente, las defensas cargaban contra otros pilares de la investigación. La causa nació a raíz del “hallazgo casual” de unos correos sospechosos en el marco de otra instrucción. El investigado a quien se los confiscaron replica que los Mossos los encontraron gracias a un “acceso indiscriminado” a sus comunicaciones y llevaron a cabo una “investigación de innegable carácter prospectivo”. Y otro investigado cree que el juez se ha quedado la competencia haciendo una “interpretación arbitraria” de la ley y reclama que la causa se traslade a los juzgados de Madrid, que es donde tuvieron lugar los hechos.

Información incompleta y archivos ilegibles

La causa tiene que ir superando otros obstáculos que ponen palos en las ruedas a la investigación. El último informe de la Agencia Tributaria, por ejemplo, apuntaba a “deficiencias” en la información bancaria que había recibido y esgrimía que “la ausencia” de documentación contable, mercantil y financiera de los investigados era una “verdadera limitación” a la hora de sacar conclusiones. Ahora el juez ha vuelto a pedir información a los bancos y aspira a solucionar las carencias que había. Asimismo, la Fiscalía lamenta que el ministerio de Hacienda, la dirección general de Tributos y la Agencia Tributaria “no atendieron” el requerimiento de entregar los correos corporativos en “todos sus términos”, cosa que obligó a volverlos a pedir y “dilató” el análisis de la información.

Pero hay más. Los investigadores no han conseguido tener acceso a parte de la documentación que aportó en su momento el ministerio de Hacienda. ¿Por qué? Resulta que está en un formato HTML que remite a un servidor interno del ministerio. Los Mossos alertaron que contenía “información sustancial” y ahora el juez lo ha solicitado de nuevo. Son 89 archivos que estaban en 53 correos. Entre otros, hay que hacen referencia al impuesto eléctrico y al impuesto sobre actividades económicas, los dos que están bajo sospecha.