¿Qué les quita el sueño a los alcaldes catalanes?
El paro, la inseguridad y el acceso a la vivienda son algunos de los retos que comparten muchos ayuntamientos
BarcelonaCada municipio es un mundo, pero, después de entrevistar a 67 alcaldes y líderes de la oposición de territorios muy diversos a lo largo del verano, creemos que muchos consistorios tienen que hacer frente a algunas problemáticas generales, como el acceso a la vivienda, la seguridad y la falta de ocupación. Localidades tan diferentes como Vic, Igualada, Cervera y Santa Coloma tienen que resolver la percepción de inseguridad ciudadana; mientras que Reus, Sabadell o Tortosa tienen el quebradero de cabeza de la falta de vivienda social. ¿Cómo lo hace el alcalde de Martorell para mejorar la peor tasa de paro del Baix Llobregat? Su quebradero de cabeza también lo comparte el de Salt, con una tasa más elevada que la media de la provincia de Girona.
Según el último barómetro del Centro de Estudios de Opinión (CEO), el paro y la precariedad laboral –con un 21,7%– es la cuarta preocupación de los catalanes después de cuestiones más generales como el funcionamiento de la economía, la insatisfacción con la política y las relaciones entre Catalunya y España. Pontons es el municipio con la tasa de paro registral más elevada de la demarcación de Barcelona según los últimos datos de la Diputación: 24,71%. Es también el único municipio de la provincia gobernado por el PP. Su alcalde, Josep Tutusaus, lo justificó porque es un pueblo donde “no hay industria”, es “turístico y agrícola”: “Es más fácil encontrar trabajo en Vilafranca, Vilanova o Barcelona”. Justamente la oposición le reprocha que no haya potenciado más el turismo. Por otro lado, Martorell, con un 11,96%, tiene una tasa de paro alta en relación con el resto de los municipios del Baix Llobregat a pesar de contar con un fuerte tejido industrial. El alcalde, Xavier Fonollosa (Junts per Martorell), defiende que el motivo es el importante volumen de inmigración. “Hay personas que llegan y ni siquiera conocen el idioma –explica–. Poco a poco se irán incorporando al mercado de trabajo con los programas de integración”.
El Prat de Llobregat también tiene una tasa de paro ligeramente por encima de la media de Barcelona –10,57%–, pero opta por otra fórmula. Según su alcalde, Lluís Mijoler (El Prat en Comú), hay que apostar por “la formación profesional dual” y adaptada a las necesidades de las empresas locales. El paro también preocupa el alcalde de Salt, Jordi Viñas: tienen una tasa de paro registral del 15,50% en el municipio, más de 5 puntos por encima de la media de la provincia. Entrevistado por el ARA, destaca la ocupación como uno de los retos más importantes: “Hemos asesorado más de mil personas y hemos gestionado 188 ofertas de trabajo”.
La inseguridad ciudadana está más abajo entre las preocupaciones de los ciudadanos en el CEO –con un 10,3%–, pero si se mira la evolución del barómetro se detecta un repunte respecto de años anteriores: hacía más de diez años que no se llegaba hasta el 10% de catalanes que expresaban este problema como el principal. En Barcelona, de hecho, ya es la principal preocupación ciudadana. Esto también se detecta en el discurso de los candidatos. Diferentes alcaldes, como el de Igualada, Marc Castells (Junts per Igualada), advertían al ARA que el problema más grande es el de la “percepción de inseguridad”, más que de un incremento muy importante de hechos delictivos, que atribuye al cierre durante el confinamiento. Castells ha apostado, como la alcaldesa de Sabadell, Marta Farrés (PSC), para incrementar las dotaciones de policía local. El alcalde de Terrassa, Jordi Ballart (Tot per Terrassa), advirtió, por su parte, contra el “discurso del miedo” del PSC, considerando que puede dar alas a formaciones como Vox. Desde Santa Coloma de Gramenet, la alcaldesa Núria Parlon (PSC) tildó “de error vincular las políticas de seguridad a modelos ideológicos”, y lamentó “los discursos fáciles de seguridad mal entendida”. ¿Y qué aproximación hacen los republicanos? La alcaldesa de Figueres, Agnès Lladó, admite que la ciudad “ha crecido muchísimo” y tiene “problemas de convivencia” que “no podemos confundir con inseguridad”: “Las ciudades fronterizas tienen complejidades añadidas”.
La vivienda, un reto
La preocupación por la vivienda –el 8,5% de catalanes lo señalan como el problema principal– también ha afectado el mandato de numerosos alcaldes. La mayoría han apostado por la construcción de vivienda social, aunque a menudo la oposición lo ha considerado insuficiente. Badalona es uno de los municipios declarados como áreas con mercado de vivienda tenso por la Generalitat: hay tres desahucios al día. Su alcalde, Rubén Guijarro (PSC), recalca que en septiembre presentarán zonas que se pondrán a disposición para vivienda de protección oficial y la firma de un convenio con el Área Metropolitana para “rehabilitar 1.000 viviendas”. Castelldefels es un municipio con menos población –tiene unos 68.000 habitantes–, pero con muy poco terreno, y también tiene un problema de acceso a la vivienda, que va aumentando de precio. “Estamos trabajando para conformar un parque de alquiler social que sea propiedad del Ayuntamiento”, destacó la alcaldesa, Maria Miranda (PSC), a pesar de que ve poco margen de maniobra si no actúa la Generalitat. En este caso, numerosos alcaldes han coincidido en reclamar ayuda al Govern y también han instado a buscar la colaboración entre municipios para superar el reto. Incluso en Gisclareny, el municipio más pequeño de Catalunya, donde solo viven 27 personas, tienen poca disposición de vivienda. Su alcalde, Joan Tor, explicaba que, como no pueden hacer casas nuevas porque el pueblo está “en un parque natural”, no tienen suelo urbano disponible. “No es fácil vivir aquí”, resumió.
