La reforma de la sedición y la ley del 'solo sí es sí' agravan la tensión entre la Moncloa y los jueces
La lista de choques entre el gobierno español y la cúpula de la magistratura española es numerosa desde el inicio de la legislatura
MadridPodemos sabe perfectamente qué tiene que hacer para encender la mecha. Lo hacía antes Pablo Iglesias y lo hacen ahora las ministras del partido morado. Basta con escribir un tuit como el de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra: "Una parte de los jueces de este país se ha erigido como oposición al gobierno de coalición y especialmente al ministerio de Igualdad, que está llevando los avances más lejos que nunca. Están aplicando mal la ley solo sí es sí y siguiendo el ejemplo del Consejo General del Poder Judicial". Sumado a las críticas de la delegada del gobierno español contra la Violencia de Género –y juez–, Victoria Rosell, y a las de la ministra Irene Montero, acusando a los jueces que han rebajado penas a violadores de "machistas", han provocado la indignación del CGPJ y una nueva trifulca pública entre poderes del Estado. La última de tantas.
De hecho, en pocos días se han vivido dos episodios tensos. De manera algo más sepultada los jueces ya pusieron el grito en el cielo por la supresión de la sedición y la modificación del delito de desórdenes públicos. El relato que hace el gobierno español de homologarse a países europeos no los convence y ya fue rebatido y rechazado por Manuel Marchena en el escrito que se oponía a la concesión de los indultos a los presos políticos. El presidente de la sala segunda del Tribunal Supremo recopilaba ejemplos de castigos en Estados Unidos, Bélgica, Alemania, Italia y Francia, a pesar de que eran más equiparables a la rebelión del Código Penal español que a la sedición.
Más allá de la retórica del PSOE para cambiar los delitos, representa una enmienda a la sentencia del Supremo, que una vez se consume la modificación tendrá que mover ficha y revisar las condenas. Públicamente, el jefe del ejecutivo ha defendido que los hechos del Proceés tienen encaje en los nuevos desórdenes públicos agravados, pero serán Marchena y su tribunal los que lo tendrán que decidir.
Iglesias: el caso Junqueras y la condena a Isa Sierra
El choque entre poderes del Estado ha sido una constante de esta legislatura. En el arranque del mandato, siete miembros del CGPJ ya habían decidido no avalar a Dolores Delgado como fiscal general del Estado, evidenciando las dudas que generaba el nombramiento de la exministra de Justicia –fue avalada por 12 a 7–. Pero quien más chocó con la cúpula judicial al inicio fue el entonces vicepresidente segundo del gobierno español, Pablo Iglesias. Él calificó de "humillación" para los tribunales españoles la decisión de Estrasburgo sobre la inmunidad de Oriol Junqueras y al cabo de unos meses aseguró que la justicia "no era igual para todo el mundo" cuando la dirigente de Podemos Isa Serra fue inhabilitada por unos disturbios de 2014. En ambos casos, el CGPJ salió al paso para recordar la "responsabilidad institucional" de Iglesias y lo acusó de "desprestigiar" el sector judicial.
El bloque conservador contra el estado de alarma
Otro organismo judicial, el Tribunal Constitucional, tumbó los dos estados de alarma aprobados por Pedro Sánchez para hacer frente a la crisis del coronavirus. Dividido en dos mitades, las que conforman el bloque conservador y el progresista, el tribunal de garantías rechazó que este precepto constitucional fuera el idóneo para confinar a toda la población en sus domicilios la primavera de 2020. En plena confrontación del PP y Vox contra el gobierno español –Sánchez insiste en que querían hacer caer el ejecutivo aprovechando la pandemia–, la resolución se interpretó como una nueva maniobra de oposición de la derecha, en este caso la judicial. El líder del PSOE no ha escondido su malestar con aquellas sentencias del Constitucional.
El bloqueo al CGPJ
La obstinación del PP por mantener bloqueado el CGPJ también ha provocado choques entre esta institución y las fuerzas de la coalición. PSOE y Unidas Podemos propusieron primero rebajar las mayorías para escoger a los nuevos vocales y, ante las reservas de la Unión Europea, desposeyeron el órgano de gobierno de los jueces de la competencia para hacer nombramientos. Las dos iniciativas causaron malestar en una parte mayoritaria del CGPJ –también el hecho de que ahora solo se les permita designar a los miembros de Tribunal Constitucional que se tienen que renovar– y así lo hicieron saber en varios comunicados públicos. Los dardos del gobierno español al bloque conservador, que sigue dilatando la negociación para escoger a los nuevos magistrados del tribunal de garantías, son públicos y notorios.
Leyes de vivienda, trans y de memoria
En los últimos meses, el CGPJ ha emitido informes preceptivos y no vinculantes sobre varios proyectos de ley del gobierno español y ha puesto objeciones a leyes destacadas como la de vivienda, la ley trans y la de memoria democrática. Por supuesto, también a la ley del solo sí es sí. "Si me preguntan si me sorprendería que el CGPJ manifestara su oposición a una ley feminista, pues no, no me sorprendería", aseguraba Irene Montero ante el informe, muy crítico con la ley trans.
Más allá de Montero, ahora la última polémica ha tenido como protagonista a la delegada del gobierno español para la violencia machista, la magistrada Victoria Rosell, que Unidas Podemos quería impulsar como vocal del CGPJ en el último intento de renovación entre el gobierno español y el PP. Sus críticas a los jueces han hecho que incluso fuentes del PSOE hayan expresado a EFE el malestar con Rosell.
La reforma de la sedición, a la que se podría sumar también la malversación, tampoco gusta a los jueces, que detectan el intento de despenalizar a los condenados por el 1-O. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cogido esta bandera e incluso hizo descarrilar la renovación del CGPJ aduciendo la voluntad de Sánchez de reformar la sedición. En las próximas semanas, este puede ser el nuevo choque entre la Moncloa y la justicia española.
