¿La regulación de los lobis podría evitar un caso como el de Montoro?
Expertos consultados por el ARA coinciden en que limitaría las irregularidades y ayudaría a detectarlas antes
MadridEl caso Cristóbal Montoro ha puesto en el punto de mira a los grupos de presión, conocidos como lobis. En España no están regulados y su incidencia en la agenda legislativa es un agujero negro. El descubrimiento, a raíz de la investigación en un juzgado de Tarragona, de que el despacho jurídico Equipo Económico (EE), fundado por el exministro de Hacienda, logró modificar leyes para beneficiar a empresas que presuntamente les pagaban comisiones ha reactivado el debate sobre regular la actividad de los grupos de interés. El PSOE ha expresado su intención de dar impulso después del verano a un proyecto de ley del gobierno español que aborda esta cuestión y que lleva meses en un cajón en el Congreso –se arrastra desde la anterior legislatura–. Pero ¿esta legislación serviría para evitar un caso como el de Montoro y EE?
Varios expertos consultados por el ARA coinciden en que, aunque hay que ir aún más allá, el texto del ejecutivo apunta a algunos elementos que sí servirían para poner bastones en las ruedas a la posibilidad de cometer irregularidades y detectarlas antes. Añaden que regular las actividades lícitas de los lobistas, además, es necesario para diferenciarlas de aquellas conductas que castiga al Código Penal, como el cohecho o el tráfico de influencias.
La huella normativa
Una de las novedades que introduce la norma es la "huella normativa". Se trata de recoger en informe abierto las aportaciones que han formulado los lobis y las reuniones que han mantenido con personal público durante la elaboración de una norma. "Si hubiera huella normativa, nos habríamos dado cuenta mucho antes de que en el caso de Equipo Económico había un conflicto de intereses", reflexiona en conversación con el ARA el presidente de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), Carlos Parry. Con esta medida, los contactos entre responsables del ministerio de Hacienda y miembros del despacho investigado, así como las propuestas que realizaron, por ejemplo, para rebajar el impuesto sobre la electricidad, habrían tenido que quedar recogidas en un documento público acompañando a la modificación legal. "Que quede constancia de lo permeables que han podido ser los legisladores a la hora de aceptar diferentes sugerencias ayudaría a hacer más transparente el proceso ya limitar situaciones irregulares, pero no evitaría que se pudieran producir", incide preguntado por este diario el profesor de derecho constitucional de la Universidad de Barcelona Joan Ridao, quien el año pasado publicó un libro sobre la regulación de los lobis. El también exdiputado de ERC considera, además, que debería incorporarse directamente a los reglamentos de las cámaras parlamentarias.
El registro y la supervisión
Aparte de este informe de huella normativa, el texto crea un registro de grupos de interés que habría obligado a Equipo Económico a identificarse públicamente como lobi. Formar parte implica que es necesario informar de las reuniones de trabajo y de los contactos mantenidos con responsables públicos. La ley también establece que, en el momento de inscribirse, es preciso precisar si las personas que ejercerán la función de lobista han trabajado en la administración en los dos años anteriores al registro. Se trata de un "elemento básico" en la regulación de los lobis, que en Cataluña ya existe, explica Ridao. Ahora bien, añade que esa medida "no soluciona el problema". "El registro de grupos y el informe de huella normativa son dos piezas clave, pero es tanto o más importante que las instituciones dispongan de medios humanos y tecnológicos para poder controlarlo en tiempo real. Un simple registro que nadie controla es inoperante", subraya Silvina Bacigalupo, catedrática de derecho penal en la Universidad Autónoma de Madrid y presidenta de Transparency International.
Desde APRI, Parry denuncia que la encargada de supervisar el cumplimiento y funcionamiento del registro, según el proyecto de ley, sea la Oficina de Conflictos de Intereses, que depende del gobierno español. "No puede que quien vele para que esto se haga bien sea una parte implicada en el diálogo. Debe hacerlo un organismo independiente", defiende el presidente de la entidad. Ridao también remarca la necesidad de que "sea una autoridad claramente independiente" y, además, con recursos suficientes para fiscalizar de forma efectiva. ¿Cómo nos aseguramos que los lobis cumplen con la normativa? La norma contempla un régimen sancionador que puede comportar la exclusión del registro. Ridao pone el foco en la necesidad de dar incentivos a los grupos de interés, porque a los grandes lobis una sanción "les hace cosquillas".
El plan anticorrupción de Sánchez
Por otra parte, la presidenta de Transparency International lamenta que "la agenda legislativa contra la corrupción sólo avance a golpe de escándalos puntuales", en referencia también al plan anticorrupción que Pedro Sánchez anunció el 9 de julio en el Congreso por el caso Santos Cerdán y que planteaba, entre otros, la creación de una Agencia de In. "Contiene muchas medidas necesarias, pero hay mucho margen de mejora", concluye. Según Bacigalupo, es necesario realizar una "revisión holística de todo el edificio normativo existente" para "superar la enorme fragmentación de instancias de control y los solapamientos de competencias".