Así funcionan los lobis en el Estado: ¿quién presiona a quién?
El gobierno de Pedro Sánchez recupera la ley para crear un registro obligatorio de grupos de interés


MadridLa ley que debe regular los lobis debe pasar igual o más desapercibida que los propios lobis. Estamos hablando de los grupos de presión o interés, conocidos como lobis, que buscan incidir en la agenda legislativa de la política española tejiendo vínculos con los partidos políticos, los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados o en el Senado o el propio gobierno español.
El Estado está en la cola en cuanto a su control (en Cataluña sí que hay una regulación pionera), por lo que su práctica no sólo no tiene reglas, sino que se ha convertido en un agujero opaco. La ley del gobierno español que busca revertir esta situación comienza ahora el trámite en el Congreso de los Diputados, un espacio político que precisamente se sitúa en la diana, aunque no debería ser el único, anticipan algunos expertos consultados por el ARA. "Reunirse con un grupo parlamentario está bien, pero quien suele mover las cosas no sale en la foto", afirma el catedrático de ciencia política de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Manuel Villoria. El cofundador de Transparency Internacional España apunta directamente a los partidos políticos y sus máximos dirigentes.
¿Quién presiona a quién?
Hay un debate abierto sobre qué entra bajo el paraguas lobi. Algunas voces lo limitan a empresas o particulares con un interés económico detrás. Otros lo amplían a cualquier actor que busque influir, por ejemplo, en el redactado de una ley, sea por el motivo que sea. Y hay quien también sitúa a los sindicatos y las patronales más representativas en el Estado, desde CCOO y UGT hasta la CEOE, en las que se incluye Foment del Treball. Un exdiputado parlamentario reflexiona que "el derecho a intervenir en los asuntos públicos lo tiene cualquiera [...], desde un ciudadano hasta una empresa. El límite es que sea lícito", apunta.
Un ejemplo reciente y mediático de lobi en la política española ha sido el que ha girado en torno al impuesto energético. Mientras se negociaba si se mantenía, compañías como Repsol, pero también Moeves (antigua Cepsa) se reunieron con Junts y el PNV –este último incluso se reunió con Iberdrola–, explican distintas fuentes consultadas por el ARA. Ante los junteros se jugó la carta de las inversiones, especialmente en Tarragona, mientras que es conocido el vínculo íntimo de la eléctrica y la petrolera con los nacionalistas vascos –el actual consejero delegado de Repsol, por ejemplo, fue presidente del PNV.
Cuando el Ibex-35 busca hacer lobi mira hacia las formaciones con las que tiene más afinidad: el centroderecha. Y, por supuesto, también hacia los dos grandes partidos del Estado, el PP y el PSOE –sobre todo cuando están en la oposición–, así como en la Moncloa o los ministerios. Hoy, nombres como el de Manuel Rocha, mano derecha de Pedro Sánchez en términos económicos, o Juan Bravo, encargado de pilotar los temas económicos en las filas del PP, no pasan desapercibidos. Las empresas cotizadas también han estado en el punto de mira para los fichajes de expolíticos de diferentes colores.
En el mundo económico, sin embargo, no sólo las grandes cotizadas juegan la partida del lobi. En cuestiones sectoriales existen organizaciones que aglutinan el poder de la influencia: la AEB en la banca, la FIAB en el sector de la alimentación, la Unespa (seguros), el Anfac (automoción) o la Seopan (constructoras) son sólo algunos ejemplos. Lo mismo ocurre en ciertas profesiones con un sindicato sectorial fuerte, como es el campesinado, o ámbitos donde hay compañías con gran influencia, como Mediapro en el caso del mundo audiovisual.
El papel de los agentes sociales
El caso de los sindicatos y patronales representativas es particular porque la Constitución les reconoce un rol institucional (la ley, de hecho, prevé dejarlos fuera excepto si sobrepasan ese rol). "Tenemos un modelo que les da prioridad, pero detrás de la CEOE, por ejemplo, hay muchas empresas que pueden influir a través de él", reflexiona Villoria.
Cuando se habla del lobi que hace la patronal española CEOE siempre se habla del vínculo que tiene con el PP. En cuanto a Foment del Treball, hoy existe una estrecha relación con el PSC, aunque fruto de la aritmética parlamentaria se ha recuperado la presión sobre Junts (históricamente, CiU había ocupado este puesto). La formación de Carles Puigdemont también se aviene con la patronal de las pequeñas y medianas empresas, Pimec, que a su vez busca en ERC. La otra cara de la moneda la conforman los sindicatos: UGT con el PSOE, y ERC en Catalunya; CCOO con Sumar y Podemos, y ELA y LAB con EH Bildu.
¿Quiere esto decir que no hablan con el resto de formaciones? En absoluto. De hecho, existe un interés en preservar la autonomía. "Políticos, empresarios o sindicatos salen perdiendo cuando se les identifica rápidamente con alguien", apunta una fuente sindical, que ratifica que "todo el mundo acaba llamando a todo el mundo". Asimismo, diferentes voces consultadas constatan la reticencia de formaciones como Podemos a reunirse con ciertos actores, sobre todo empresariales. Mientras, organizaciones de la sociedad civil que hoy tienen mayor protagonismo, como es el caso del Sindicato de Inquilinos o la PAH, buscan incidir, de entrada, sobre las formaciones de izquierdas, desde Podemos, hasta EH Bildu o ERC.
Más allá de los partidos, en cuanto a la incidencia sobre el grupo parlamentario, normalmente aparece cuando se debe modificar letra pequeña de una norma. Aquí, suelen hacer lobi "ejércitos de técnicos", como abogados del Estado o bufetes especializados que están pendientes del trámite legislativo. En el caso de los agentes sociales con mayor representatividad, tienen sus propios encargados de relacionarse con las cortes españolas.
Más fragmentación política, más lobis
La actual fragmentación política ha dado alas a estas relaciones. "Antes tenías que convencer a uno o dos partidos y ahora muchos más. Necesitas más argumentos", reflexiona el propio exdiputado, que opina que "sin legitimidad social, olvídate de tener legitimidad política". "[Con el impuesto], a los bancos no les ha pasado lo mismo –ejemplifica–. Cuando había una mayoría sólida, ir a la Moncloa quizás era la solución. Ahora ya no", añade Villoria.
Cuando se hace lobi también entra en juego la idiosincrasia o la territorialidad sobre el tema en el que se quiere incidir. "Los presidentes de Seat y UGT [el sindicato mayoritario en el mundo empresarial] pueden llamar a las mismas puertas para influir en la misma dirección, aunque los motivos de fondo serán diferentes. Los primeros pensarán en el resultado contable, y los según en la plantilla", ejemplifica un conocedor del poder legislativo.
La "profesionalización" del sector
Pero lejos de estos nombres y apellidos propios, sean empresas o sindicatos, los lobis son un negocio que, con el tiempo, se ha profesionalizado a través de las agencias de public policyopublic affairs. También algunas agencias de comunicación se han apuntado a esa tendencia. De hecho, la Asociación de Profesionales de Relaciones Institucionales lleva tiempo exigiendo la regulación de la actividad. "Sería lo mejor para evitar las cosas cerradas de despacho", apunta una voz del sector. Sus clientes van desde empresas cotizadas del Ibex 35, a compañías o entidades más pequeñas que buscan cómo incidir en el proceso técnico legislativo, pero también detectar y crear climas de opinión.
Acento, Atrevia, Roman, beBartlet, Vinces Consulting, Llorente y Cuenca o Kreab son las más conocidas. Sin embargo, algunas de ellas no escapan a ser vinculadas con formaciones políticas concretas. Es el caso de Acento, un lobi creado por José Blanco, antiguo alto cargo del PSOE y del gobierno español, aunque también ha fichado a Alfonso Alonso (ex-PP), y lo intentó con Alberto Garzón (ex-Izquierda Unida ).
El "tres en raya" catalán
Una particularidad que hoy se añade a este lobi y que toma especial relevancia en el caso catalán es el "tres en raya" en cuanto al color político en el Ayuntamiento de Barcelona, en la Generalitat y en la Moncloa. "Desbloquear cuestiones industriales o ciertas inversiones es mucho más fácil ahora", afirma una de las voces consultadas, que, por ejemplo, sitúa a la figura de Núria Marín, actual delegada del Gobierno en Madrid como "la antena" de Salvador Illa en la capital española.