Quién es quién en la renovación del TC y el Tribunal de Cuentas

MadridHan sido días de negociaciones discretas entre Félix Bolaños y Teodoro García Egea, hasta que este jueves por la noche el PSOE y el PP han anunciado el desbloqueo de los órganos constitucionales, excepto el Consejo General del Poder Judicial.

Los nuevos magistrados del Constitucional

Enrique Arnaldo Alcubilla, letrado de las cortes generales españolas; Concepción Espejel Jorquera, presidenta de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional; Inmaculada Montalbán Huertas, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y Juan Ramón Sáez Valcárcel, magistrado de la Audiencia Nacional, serán los cuatro nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Alcubilla y Espejel entran a propuesta del PP y Montalbán y Valcárcel, del sector progresista.

Sáez Valcárcel, entrevistado en el ARA este miércoles, es el magistrado que redactó la sentencia de absolución del mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, y uno de los jueces mejor valorados en la alta magistratura. Ha aspirado en dos ocasiones a una plaza en el Tribunal Supremo, pero a pesar de quedar número 1 en unas pruebas que organizó el CGPJ, nunca ha conseguido ser escogido. "¿Cuál es el problema?", se preguntó en su comparecencia ante el jurado. Su entrada en el Tribunal Constitucional implica que Unidas Podemos ha tenido algo que ver en este acuerdo, dado que en 1996 fue vocal del órgano de gobierno de los jueces a propuesta de Izquierda Unida. Además, recientemente, los vocales que lo han promovido para ir al Supremo -sin éxito- eran los impulsados por IU y algunos por el PSOE. 

El otro nombre destacado para el TC es Concepción Espejel, precisamente la presidenta del tribunal que juzgó a Trapero y que emitió un voto particular apostando por la condena. Ahora era la presidenta de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, pero había sido vocal del CGPJ a propuesta del PP. Aunque el líder conservador, Pablo Casado, reclame con insistencia al PSOE que hay que despolitizar la justicia, las afinidades partidistas no han quedado al margen de este acuerdo. Espejel era Concha "de toda la vida" para la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, De hecho, Espejel tuvo que ser apartada del tribunal de la Gürtel en 2015 por su proximidad al partido.

Por su parte, Enrique Arnaldo Alcubilla es letrado de las Cortes Generales y miembro del cuerpo de administradores civiles del Estado. Precisamente, coincidió con Sáez como vocal del CGPJ durante el mandato de 1996 a 2001. Inmaculada Montalbán, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, también fue vocal del CGPJ, entre 2008 y 2013. Miembro de Jueces y Juezas por la Democracia, es de perfil progresista y fue presidenta del observatorio contra la violencia doméstica y de género.

Con el pacto no se alteran las mayorías en el TC, pero el sector progresista consigue equilibrar algo más la balanza. Encarna Roca, magistrada catalana que en su día fue propuesta por por CiU y el PSC, había derivado hacia posiciones ultraconservadoras, según denuncia el sector progresista. Es una de las jueces salientes, junto con Fernando Valdés, apartado por un caso de maltrato a su pareja. Los otros dos magistrados que tenían el mandato caducado son el presidente, Juan José González Rivas, y Andrés Ollero, del bloque conservador.

La renovación del Tribunal de Cuentas

Los dos partidos también han desencallado la renovación de los doce miembros del Tribunal de Cuentas, que tiene en sus manos la causa contra la acción exterior de la Generalitat. Los cambios son importantes en este tribunal. De los once consejeros que se mantenían actualmente -hubo uno que dimitió en enero de 2018, el catalán Lluís Armet-, se renuevan diez. Solo permanecerán en el pleno Enriqueta Chicano y Dolores Genaro, propuestas por el PSOE. Genaro fue la consejera que emitió un voto particular contra el informe que originó la causa de Exteriores por la que el organismo pide 5,4 millones de euros a una treintena de ex altos cargos de la Generalitat. Chicano, explican fuentes del tribunal, fue vetada como presidenta de la sección de fiscalización cuando se produjeron cambios a medio mandato por parte de la mayoría conservadora.

Los cambios en el órgano fiscalizador tendrán incidencia en la causa de Exteriores. Margarita Mariscal de Gante, exministra de Justicia con José María Aznar y que era la encargada de juzgar el caso, es relevada, junto con los otros tres miembros de la sección de enjuiciamiento: José Manuel Suárez Robledano y Felipe García Ortiz, inclinados hacia el bloque conservador, y María Antonia Lozano, en su momento propuesta por Izquierda Unida.

Destaca la entrada de dos catalanes: Joan Mauri, formado en derecho, filosofía y letras, es profesor titular de derecho administrativo en la Universitat de Barcelona desde 1993. Ha sido director de estudios de gestión y administración pública (1992-1998), secretario de la división de ciencias jurídicas, económicas y sociales (1998-2000) y coordinador de asuntos jurídicos (2004). También será escogida Llum Rodríguez, gerente del organismo de gestión tributaria de la Diputación de Barcelona. Además, es profesora asociada de derecho financiero y tributario de la facultad de derecho de la UB desde 2006. Los dos son de la órbita del PSC, según apuntan fuentes consultadas por el ARA.

Entran también en el órgano fiscalizador Isabel Fernández Torres, profesora de derecho mercantil de la UCM; Elena Hernáez Salguero, expresidenta del Tribunal Económico Administrativo de la Comunidad de Madrid; Diego Íñiguez Hernández, magistrado del Tribunal Contencioso-Administrativo; Rebeca Laliga, subdirectora general del notariado y registros del ministerio de Justicia; José Manuel Otero Lastres, catedrático de derecho mercantil; Javier Morillas, catedrático de Economía Aplicada; Luis Antonio Ortiz de Mendivil Zorrilla, abogado del colegio de Vizcaya, y Miguel Ángel Torres Morato, fiscal jefe del Tribunal de Cuentas. Torres era quien acusaba como ministerio público en la causa de Exteriores y ahora se tendrá que nombrar a un nuevo fiscal jefe en el órgano. A la espera de saber cuáles serán los cuatro consejeros que irán a la sección de enjuiciamiento, es de suponer que los que tienen experiencia económica irán a la de fiscalización.

Ángel Gabilondo, nuevo Defensor del Pueblo

La filtración de las palabras de Arnaldo Otegi en un acto con militantes en el que defendía que para conseguir la liberación de los presos había que apoyar los presupuestos del Estado había enturbiado las relaciones entre PP y PSOE, pero no lo suficiente como para hacer descarrilar el acuerdo marco al que llegaron la semana pasada para renovar los órganos constitucionales. Por la mañana, fuentes del PP ya explicaron que las negociaciones estaban "encarriladas" y a primera hora de la tarde se confirmaba cuál era el primer nombre fruto del pacto: el socialista Ángel Gabilondo será el nuevo Defensor del Pueblo. Su adjunta será la diputada del PP Teresa Jiménez Becerril y la segunda adjunta Patrícia Barcena, vicedecana del Colegio de Abogados de Vizcaya.

Gabilondo (San Sebastián, 1949) es filósofo de formación y fue ministro de Educación en el gobierno de Zapatero entre el 2009 y el 2011. Antes había sido rector de la Universidad Autónoma de Madrid entre el 2002 y el 2009. Posteriormente, ya en 2015, fue elegido como candidato socialista en las elecciones en la Comunidad de Madrid. Con el PSOE fue primera fuerza en 2019, pero la alianza entre PP, Cs y Vox hizo que Isabel Díaz Ayuso se hiciera con la presidencia. En las elecciones del pasado mes de mayo, Gabilondo se hundió y quedó por detrás de Más Madrid. Gabilondo sustituirá en el cargo al también socialista Francisco Fernández Marugán, que llevaba cuatro años con el mandato caducado.

Cambios en la Agencia Española de Protección de Datos

PP y PSOE también han acordado renovar los dos cargos al frente de la Agencia Española de Protección de Datos. La nueva directora será Belén Cardona Rubert, catedrática de derecho del trabajo de la Universitat de València. Su adjunto será Borja Adsuara Varela, abogado y consultor en derecho digital.

Tanto el PSOE como el PP han celebrado el acuerdo, y fuentes socialistas han emplazado a seguir hablando para que el acuerdo también se extienda al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La cúpula judicial quedó fuera de la negociación por las discrepancias entre socialistas y populares. El partido de Pablo Casado sigue reclamando que se modifique el sistema de elección de los jueces de forma paralela a la renovación del CGPJ, mientras que los socialistas siguen cerrando la puerta. "El gobierno y los grupos parlamentarios que lo apoyan están dispuestos a conseguirlo sin dejar pasar más tiempo", apuntan fuentes socialistas. En las próximas semanas veremos si se abren estas negociaciones.