Ramón Sáez Valcárcel, magistrado de la Audiencia Nacional: "Asistimos a la descomposición institucional en el CGPJ y hay que buscar modelos de repuesto"

BarcelonaRamón Sáez Valcárcel no es uno de los magistrados más mediáticos de la Audiencia Nacional, pero su nombre está ligado a sentencias recientes con gran eco como la absolución del mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero o de los acusados por el bloqueo en el Parlament en 2011. En la entrevista, sin embargo, declina responder a ninguna cuestión de los casos que ha llevado. Está en Barcelona para pronunciar la conferencia Diálogo y reparación como medio y objetivo de la justicia penal, en el marco de la Càtedra de Justicia Social i Restaurativa de la URL - Fundació Pere Tarrés, que dirige la catedrática Esther Giménez-Salinas. Es la única en España en la materia y, curiosamente, pertenece a la Facultad de Educación Social y Trabajo Social y no al ámbito del derecho.

¿La justicia española tiende a reparar o a castigar?

— En los últimos 25 años, sobre todo desde la reforma del Código Penal de 1995, ha habido una tendencia que se ha ido agravando en clave de exaltar el castigo y la prisión y, aunque se ha introducido el concepto de justicia restaurativa, o la posibilidad de diálogo y de acuerdos dentro de los procesos judiciales, han sido expresiones marginales. La justicia restaurativa ha calado en el debate de las ideas, pero, en cambio, en la práctica es una cuestión marginal frente a la exaltación del castigo y de la prisión.

 Incluso en los delitos de corrupción hay sentencias que apuestan explícitamente por el cumplimiento de la pena de prisión como medida de ejemplaridad.

— Es otra expresión del contexto social y político. Se ha olvidado que el derecho penal, el castigo y, sobre todo, la prisión son la última vía. Cuando el derecho penal tiene que intervenir, lo que se constata es que han fracasado el resto de mecanismos.

 ¿Es porque no hay suficiente cultura de la mediación en España?

— No hay un espacio para la reparación del daño, para el diálogo y para reinsertar al infractor. En el tiempo en el que vivimos parece que todo lo que se da al acusado se quita a la víctima. Habría que buscar alternativas donde sea posible intervenir sobre las víctimas para escucharlas, protegerlas y repararlas, también emocionalmente, y sobre los acusados, porque tenemos altas tasas de reincidencia y está comprobado que cuanto más largas son las penas, más reincidencia hay.

 ¿Se pone suficientemente a las víctimas en el centro del proceso?

— No. Hay que plantear si la justicia penal habilita espacios suficientes para escuchar a las víctimas, para respetar y restaurar su dignidad, para repararlas simbólicamente, y esto me parece que no es así. La víctima sigue siendo tratada como un testigo para reconstruir los hechos y para la condena.

 ¿Se tiene que repensar el concepto de justicia?

— Sí, de manera permanente, y más la justicia penal. Las cifras de encarcelamiento, a las que hay que añadir a las personas internadas en centros de internamiento para extranjeros o campos de refugiados, son una demostración de una sociedad y unos poderes que creen en soluciones que no aportan nada positivo. Nos tenemos que plantear en qué tipo de sociedad vivimos que es capaz de sentirse moralmente cómoda frente a las muertes en el Mediterráneo, que nos interpelan moralmente e interpelan a los estados y los sistemas de justicia. Nuestras sociedades están construyendo de una manera muy selectiva el marco de lo que es humano y hay vidas que son prescindibles, y esto nos tendría que preocupar.

¿Por qué no ha llegado a ser magistrado del Supremo?

— No depende de mí, se llega por nombramiento.

 Usted lo ha intentado dos veces. La segunda, incluso interpeló al tribunal diciendo: “¿Cuál es el problema?” ¿Tiene una respuesta?

— No. El problema de las políticas de nombramiento es que aparentemente funcionan sobre los mecanismos de la meritocracia, pero la realidad nos demuestra que muchas veces no es el mérito lo que funciona sino otros criterios como el amiguismo, el clientelismo, y por eso estas políticas de nombramiento están tan cuestionadas. El mundo de los jueces es un mundo plural y nos tenemos que enorgullecer de ello, y determinadas políticas recortan este pluralismo.

¿ Esto pervierte el sistema?

— Evidentemente, el mérito y la capacidad son criterios objetivos, pero si no se instauran todo es opinable y todo parece opinable.

 ¿Se tendría que cambiar la configuración del CGPJ?

— El CGPJ tenía sentido en el sistema judicial español para garantizar una administración separada de la tarea del juez que tiene que poder ejercer con independencia. El problema ha surgido en la experiencia práctica y posiblemente estamos asistiendo a fenómenos de descomposición institucional y se tendrá que pensar en fórmulas de repuesto o fórmulas juridicopolíticas que permitan mejorar y generar más consensos.

 ¿Aunque no fuera un organismo como el que ahora existe?

— El modelo de consejos –como el CGPJ– solo existe en algunos países. En Alemania no existe, por ejemplo. Esto está abierto. La crisis del sistema institucional del gobierno judicial plantea esta necesidad de búsqueda de alternativas.