Ramón Sáez, el juez bisagra entre el PSOE y Podemos

MadridAl comparecer en diciembre de 2019 para presentar en la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) su segunda candidatura fallida a magistrado de la sala penal, la sala segunda, del Tribunal Supremo, Ramón Sáez (Madrid, 1957) solicitó, no sin candidez y voluntarismo, un “respeto a la pluralidad” a los miembros de la Comisión Permanente encargados de seleccionar las ternas -tres candidatos por cada plaza- para que el pleno bajara, más tarde, el pulgar.     

Pero mira por dónde, la prédica de Saéz ha calado. Y él es uno de los dos candidatos del PSOE-Unidas Podemos para cubrir una de las dos vacantes del Tribunal Constitucional que correspondían al llamado sector progresista. 

Sáez forma parte de un grupo de magistrados que superaron en 2011 uno de los cursos más duros de derecho penal promovidos por el CGPJ. Hasta entonces para obtener la especialidad de derecho penal solo se había puesto en marcha un "cursillo" de especialidad en derecho penal que tenía un aliciente: los aspirantes que aprobaban ascendían de la categoría de juez a la de magistrado. Un puñado de magistrados se apuntó, pero no pocos juristas califican dicho cursillo más como un mecanismo para ascender de categoría que una verdadera especialidad penal. Ramón Saéz obtuvo el número uno en la especialidad penal en ese nuevo curso organizado por el CGPJ. Y en este curso ganó a varios magistrados de la sala segunda del Supremo. 

Saéz ha sido ponente en dos sentencias que han roto esquemas. La primera ha sido la del asedio al Parlamento catalán en 2011. La Audiencia Nacional, en base a su ponencia, absolvió a los acusados de un delito contras las instituciones del Estado, al considerar que habían ejercido el derecho de expresión, reunión y manifestación al protestar contra los recortes sociales del presupuesto del gobierno de Artur Mas porque una condena supondría fomentar el desaliento (chilling effect) en el ejercicio de los derechos democráticos. Lo único que podían hacer los manifestantes era protestar. Sáez aplicó la eximente completa y absolvió. 

Pero tanto la Fiscalía como la Generalitat de Catalunya recurrieron la sentencia. Y en el recurso de casación, la sala segunda, con ponencia de Manuel Marchena, sin escuchar a los acusados -el Supremo no instruye-, condenó, en lugar, por ejemplo, de devolver la sentencia a la Audiencia Nacional. La decisión de condenar sin oír a los acusados vulneraba la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que ya había tumbado una sentencia de Marchena, la del llamado caso Atutxa precisamente por lo mismo: condenar sin oír a los acusados tras la absolución dictada por un tribunal inferior, en este caso el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. 

La sentencia de Marchena fue recurrida al Tribunal Constitucional, que mantuvo el asunto en un cajón entre el verano de 2019 y el de 2021. Una ponencia del magistrado Cándido Conde-Pumpido intentó aplicar eximentes incompletas y anular la sentencia de Marchena, pero el bloque conservador consiguió aplazar la votación con el argumento de que aprobar una resolución como la que proponía el ponente en el verano de 2019 condicionaría la sentencia del Procés, que saldría en otoño de ese año, al abordar temas como el derecho de reunión y manifestación (septiembre y octubre de 2017 en Catalunya). Más tarde, el pasado verano, la mayoría conservadora impuso una sentencia que dio por buena la de Marchena.

El juicio a la cúpula de los Mossos

La más reciente sentencia, de octubre de 2020, la del mayor Josep Lluís Trapero y los Mossos, también supuso romper esquemas, sobre todo, porque suponía ir en dirección contraria a la sentencia de sedición de la sala segunda del Tribunal Supremo de octubre de 2019. Saéz propuso absolver a Trapero, Pere Soler, César Puig y Teresa Laplana. Trapero tuvo la suerte de que el ponente entendía una de las políticas más importantes en materia penal que aplicaban los Mossos: la mediación en medio de las acciones violentas. 

Sáez fue vocal del CGPJ entre 1996 y 2001 a propuesta de Izquierda Unida. Sáez se ha dedicado en la Audiencia Nacional, en la sección primera de la sala de lo penal, a investigar derecho procesal penal, derechos humanos, justicia universal y crímenes internacionales, derechos de los extranjeros y de las víctimas, la justicia restaurativa y mediación. 

Incluso aquellos magistrados más conservadores de la Audiencia Nacional, que discrepan respecto a sus posiciones políticas, reconocen sin ambages su solidez profesional en su especialidad penal. El Tribunal Constitucional ha carecido hasta hace pocos años de magistrados penalistas, un ciclo que quedó atrás con la incorporación del magistrado Conde-Pumpido de la sala segunda del Supremo y ex fiscal general del Estado. Sáez refuerza, pues, la especialidad penal ahora en el Tribunal Constitucional.