El riesgo de mezclar política y familia
MadridTradicionalmente, la actividad de control parlamentario del gobierno –de cualquier gobierno– se había entendido muy prioritariamente como la dedicada a analizar y criticar su gestión. Era una función útil a la sociedad en la medida en que permitía repasar la actuación de los responsables de los diferentes departamentos y denunciar incumplimientos o irregularidades, realizar propuestas alternativas y, en definitiva, estimular el buen trabajo de la administración. Pero ahora todas estas cuestiones han pasado a un segundo plano. Ahora lo importante, imprescindible, es controlar las actividades de la familia del gobernante. Esto es lo que se lleva a los titulares de los medios de comunicación y lo que sirve para atacar al adversario y dejarlo como un paño sucio. La relevancia que ha adquirido el control indirecto del poder, por medio de la vigilancia y si es necesaria la persecución a las familias de los responsables públicos, está siendo antológica esta legislatura.
No digo que no haya motivo para tener un ojo puesto en la materia. Hay comportamientos de los parientes que pueden hacer mucho daño a un político. En Cataluña hemos conocido casos clamorosos, y en el conjunto de España otros tanto o más graves. A lo que me refiero es al espacio preferente que ahora mismo tiene en el Parlamento español todo lo que hace referencia a la parentela de algunos de los principales dirigentes políticos, hasta el punto de protagonizar, ya veces monopolizar, la parte más jugosa de las sesiones de control en el gobierno. Con el añadido de una buena colección de improperios, insultos o grosería, según los casos.
Una vez más comprobamos que se ha llegado a un punto sin retorno en esta legislatura. No cabe esperar acuerdo relevante entre socialistas y populares, ningún pacto de estado, por mucho que haya materias que lo aconsejarían, desde la crisis de la vivienda hasta la política energética, pasando por el incremento del gasto en el capítulo de la seguridad y la defensa. Importa más la última actuación judicial sobre el hermano del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, o sobre la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que tener un debate a fondo sobre las presiones que nos llegan desde Washington y la OTAN sobre la conveniencia de dedicar el 5% del PIB a prepararse para un conflicto bien disuasión. La prioridad es el ataque directo al adversario, con fundamento o con meras conjeturas y el apoyo de los medios afines.
Desafección
Lo que posiblemente conseguirán unos y otros por este camino es que se vaya reduciendo el número de ciudadanos interesados en estar atentos a esta dinámica. La tesis del no existe un palmo de limpio provoca más frustración que otra cosa. Con un matiz, un factor corrector importante, que es la evidencia de que las denuncias continuadas de corrupción generan un clima siempre más perjudicial para quienes gobiernan, aunque se hagan sin pruebas, que para una oposición empeñada en recurrir a estas prácticas. Si el PP y sus altavoces logran identificar el sanchismo con el engaño y el abuso de poder habrán construido una poderosa arma para el desgaste del gobierno de coalición en general y de los socialistas en particular.
En este sentido, los populares y Vox han obtenido un punto importante con la decisión de la jueza Beatriz Biedma de enviar a juicio a David Sánchez, hermano del presidente del gobierno, acusándole de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que la magistrada ha tomado esta decisión sin dar tiempo a que la Audiencia de Badajoz resolviera los recursos presentados contra el procesamiento, acordado pocos días antes. La defensa ha encontrado extraña la prisa de la jueza. Pero quien más ha corrido ha sido el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, quien ha aprovechado la renuncia de una diputada socialista en su escaño en el Parlamento extremeño para acreditarse como parlamentario autonómico y ganar así la condición de aforado, con el presumible objetivo de que la causa pase a manos del Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad autónoma. Este movimiento es una maniobra arriesgada, pues da pie a pensar que el propósito era quitarle a la magistrada la competencia sobre la causa y su persecución.
En todo caso, la plaza que se le dio a David Sánchez en esta Diputación como jefe de la Oficina de Artes Escénicas la obtuvo cuando su hermano no había llegado a la Moncloa. El principal nexo con la política es la relación de parentesco entre el beneficiario de la plaza –según la jueza, creada para él y sin un concurso real– y el líder socialista. Veremos si el caso llega a juicio o se archiva, pero el camino que ya ha hecho permite generar todo un escenario de sospechas, sobre todo cuando acaba haciendo un paquete con las actividades de la mujer del presidente, Begoña Gómez, en la cátedra que ocupó en la Universidad Complutense de Madrid. La tesis del favorecimiento de empresas desde esta posición no se ha concretado en un auto de procesamiento, pero en nuestros días es suficiente con una citación como imputado o imputada de determinados delitos para que se cree una injusta imagen de culpabilidad.
Evidentemente, el caso del exministro Ábalos y su amigo y asesor Koldo es muy diferente y de una grosería indiscutible. Aquí el problema no es de relación de parentesco, sino de pertenencia a otra clase de familia, la familia política. Para los socialistas, la figura que permite el juego de las acusaciones cruzadas es Díaz Ayuso y su novia, el empresario Alberto González Amador. Con una nueva variante, y es el proceso contra el fiscal general del Estado, que ya veremos si acaba siendo la principal víctima colateral de los delitos fiscales de dicho hombre de negocios, si se demuestra que filtró datos sobre la disposición del acusado a aceptar las imputaciones a cambio de no pisar la cárcel. Una tesis que el empresario niega ahora, diciendo que no autorizó a su abogado a plantear este tipo de negociación. Pero el error de la presidenta madrileña fue implicarse en el caso, defendiendo a su pareja y denunciando una operación de estado para convertir el asunto en un relato de política-ficción. Más le habría valido, como en los demás casos, asegurarse de evitar en su entorno familiar comportamientos que, al menos, son de riesgo.