Artur Mas se querellará por la operación Catalunya y el espionaje con Pegasus

MadridLa última vez que Artur Mas había comparecido en el Congreso fue en noviembre de 2005 para defender el Estatut, y casi 20 años después ha regresado este lunes para anunciar "solemnemente", ha dicho, una querella por la operación Catalunya. Ambas cuestiones están relacionadas entre sí, y la prueba es que han aparecido a lo largo de la comparecencia del expresidente de la Generalitat en la comisión sobre la guerra sucia contra el Proceso. Su asistencia ha ido precedida de la publicación en RAC1 de que Mas es la principal víctima de espionaje con Pegasus en el Estado, con una treintena de infecciones en su móvil entre 2015 y 2020 –durante una etapa, pues, era presidente–, lo que ha actuado como detonante para impulsar acciones legales. "Conocer la verdad y que todo el mundo asuma sus responsabilidades es la única forma de restaurar y curar las heridas que se le han hecho al sistema democrático español con la operación Catalunya", ha argumentado.

Pero una nueva jornada de esta comisión que Junts y ERC pactaron con el PSOE ha vuelto a confirmar la actitud obstruccionista del PP y los miembros del gobierno de Mariano Rajoy, que uno a uno han negado la existencia de la operación Catalunya y se han desmarcado. La última, la exvicepresidenta española Soraya Sáenz de Santamaría, que esta mañana ha asegurado que como responsable del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) nadie le informó de ningún espionaje al entonces presidente de la Generalitat.

"Mis instrucciones a [el ex director de los servicios secretos] Félix Sanz Roldán siempre fueron cumplir los objetivos de la directiva nacional de inteligencia de acuerdo con la Constitución y las leyes. De juego sucio, nada", aseveró. Ahora bien, lo cierto es que a raíz del Catalangate la ex directora del CNI Paz Esteban está imputada en un juzgado de Barcelona por el presunto espionaje a líderes independentistas sin autorización judicial. "Si la vicepresidenta del gobierno español no conoce las operaciones de inteligencia que hace un organismo que depende de ella, ¿puede garantizar la seguridad del Estado?", se preguntó Mas.

Sáenz de Santamaría se desmarca de ello

El espionaje del CNI con Pegasus se ha abierto camino a los tribunales, a diferencia de lo que ha sucedido con todas las iniciativas judiciales que se han impulsado en relación a la operación Catalunya. Todo lo relacionado con las maniobras urdidas desde el ministerio del Interior que lideraba Jorge Fernández Díaz y con la coordinación del excomisario José Manuel Villarejo han caído en saco roto, pese a las evidencias sonoras y escritas que han acreditado la conjura. Mas se ha decidido a dar el paso –aún debe concretarse contra quién se dirigirá y si serán una o dos querellas– después de unas semanas en las que han aflorado nuevos indicios, como la conversación entre Villarejo y el ex número 2 del PP María Dolores de Cospedal en la que presumían de haber conseguido que CiU pasara de 62 a 50 escaños en las elecciones de 2012 y de la contribución que había tenido Alícia Sánchez-Camacho.

El exlíder del PP catalán facilitó nombres del entorno soberanista al que investigar, y pocos días antes de aquellos comicios de noviembre de 2012 El Mundo publicó falsamente que Mas tenía cuentas en el extranjero. "La víctima no es Artur Mas. La víctima no es el presidente Pujol o el alcalde [Xavier] Trias. No sólo. Las víctimas fueron los ciudadanos de Catalunya que vieron cómo se manipulaba todo lo necesario para alterar su voto, piedra angular de cualquier democracia. Y eso ha pasado en la historia de la España reciente", ha criticado Mas.

Excepto Vox y el PP, los portavoces de todas las formaciones le han expresado su solidaridad –incluso el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu le ha hecho todo el interrogatorio en catalán–, pero tampoco ha sido tan plácida como cabía esperar. Gabriel Rufián (ERC) se ha interesado por las cuentas en el extranjero que su padre había tenido en Liechtenstein y por cuándo coincidió en un viaje a Argentina con Jordi Pujol Ferrussola cuando era conseller, y ha calificado de "traición" que pactara a la baja el Estatut en Madrid.

El portavoz republicano también ha coincidido con Gerardo Pisarello (Comuns-Sumar) a la hora de recriminarle que Junts tenga tentaciones de mirar hacia la derecha y se acerque tanto al PP como a Aliança Catalana. "Habría que evitar el síndrome Alícia Sánchez-Camacho", en palabras de Pisarello, que ha bautizado así el pactar con quien, a escondidas, conspiraba para destruir con métodos reprobables al adversario político. De hecho, el propio Mas reconoció que quizá pecó "de ingenuidad". En todo caso, el expresidente aseguró que no compareció en el Congreso para revelar las "conversaciones privadas con Junts" sobre sus posibles pactos.

"Cobardía" del PP

Mas quería hablar de las cloacas. "Desde el corazón del Estado se organizó una operación que yo califico de ilegal, ilegítima e inmoral para destruir proyectos políticos, ideas, personas y liderazgos", denunció el expresidente, que criticó la "cobardía" de los dirigentes del PP por "esconder la cabeza bajo el ala" y "huir como conejo". En ese sentido, un rato antes Sáenz de Santamaría había negado los hechos, para desesperación de los portavoces independentistas, aleccionados con una defensa cerrada del 155 y la judicialización del Proceso. En cambio, la exvicepresidenta española se desvinculó del espionaje y, de todas formas, se escudó en que la información del CNI es "clasificada".

El centro Citizen Lab, que ya reveló el Catalangate, habría acreditado nueve pinchazos en el teléfono del expresidente Artur Mas durante el mandato de Rajoy y el resto ya con Pedro Sánchez en el gobierno –a partir de junio de 2018–. Tanto el gobierno del PP como el del PSOE mantuvieron una directiva de inteligencia, que es la que rige la actuación de los servicios secretos, que situaba al independentismo como una amenaza. Así justificaron el espionaje a algunos independentistas con autorización judicial, pero faltan muchos por esclarecer. El 19 de mayo comparecerán ante la comisión el líder de ERC, Oriol Junqueras, y el ex alcalde de Barcelona Xavier Trias.