La Moncloa descarta una abstención del PSOE para que Extremadura no dependa de Vox

MadridPedro Sánchez cierra el año con una derrota electoral en Extremadura y sin resolver las diferencias con Sumar, el socio minoritario dentro del gobierno español, aunque este martes ha podido sacar pecho de agenda social con la aprobación de varias medidas en el último consejo de ministros del 2025. la abstención del PSOE la investidura de María Guardiola (PP) para que ésta gobierne sin la ultraderecha de Vox, a diferencia de lo planteado por el expresidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, en las últimas horas.

Guardiola, que no ha cerrado la puerta a un pacto con Vox, ha valorado como "sensata" la posición de Ibarra, sobre todo porque su ambición es gobernar en solitario, sin depender de nadie –de hecho, por eso convocó elecciones anticipadas–. Mientras, desde Génova evitan pronunciarse. Fuentes de la Moncloa, sin embargo, enfrían del todo este escenario y aseguran que la puerta "está cerrada", aunque la flamante portavoz del gobierno español, Elma Saiz, ha apelado este martes a "la responsabilidad de todas las fuerzas políticas" para dejar a Vox fuera de las instituciones. "El PP quería desprenderse de Vox y ha logrado estar más atado que nunca", ha remarcado Saiz.

A juicio del gobierno español, la cuestión trasciende a Vox porque el PP ya representa su agenda, y lo ejemplifican con la actitud del alcalde de Badalona, ​​Xavier García Albiol, que ha expulsado a cientos de personas que vivían en el antiguo Instituto B9. De hecho, hace tiempo que Pedro Sánchez sigue la estrategia de poner en el mismo saco a los dos partidos, como se vio en el caso valenciano y con el negacionismo climático.

Desde la Moncloa quieren evitar que la responsabilidad de ese escenario (la entrada de Vox en las instituciones) recaiga en la izquierda, y quieren que las miradas se centren en el PP, y en particular en la presidenta en funciones de Extremadura, María Guardiola, quien decidió adelantar las elecciones. Como defendió Sánchez durante el balance de año, fuentes gubernamentales creen que la mejor forma de hacer de dique de contención de la derecha y la ultraderecha es continuar con la legislatura en el Estado y la agenda del gobierno de coalición del PSOE y Sumar. Según estas fuentes, los ciudadanos sabrán leerlo en unas próximas elecciones generales en las que, a su juicio, la identificación entre los de Alberto Núñez Feijóo y los de Santiago Abascal será un hecho. Un planteamiento que, en gran parte, bebe de lo que ocurrió en las elecciones generales del 2023.

Pero a este escenario, si no se acelera, se llegaría en el 2027 después de varias citas electorales autonómicas. Los resultados en Extremadura son sólo la antesala de lo que puede ocurrir en otros territorios, empezando por Aragón el 8 de febrero, lo que supondría profundizar en el hundimiento territorial de los socialistas en el Estado.

Agenda social

Precisamente, este martes, y con la resaca de las elecciones extremeñas sobre la mesa, el gobierno español ha tenido la oportunidad de desgranar una batería de medidas sociales y económicas. En el consejo de ministros escoba del año, es decir, el último del ejercicio, el ejecutivo de Pedro Sánchez ha aprobado cuestiones que decaían el 31 de diciembre, pero quiere mantener en vigor, ya sea porque forman parte de un acuerdo con algún partido político o porque se ha comprometido a ello ante la ciudadanía. Es el caso de las bonificaciones en el transporte público o del escudo social con medidas como la prohibición de ejecutar algunos desahucios o cortar los suministros básicos de agua, luz y gas a ciertas familias. A ello se suma, entre otras cosas, la revalorización de las pensiones en 2026 y la congelación de las cuotas a los trabajadores autónomos.

Se trata de un paquete de medidas que Sumar, la formación que lidera Yolanda Díaz, valora positivamente, pero que no resuelve su exigencia de apostar por una agenda social "ambiciosa" que permita dar alas a la legislatura y esquivar el momento de crisis. En este sentido, ha quedado fuera, por ahora, una prórroga automática de los contratos de alquileres que decaen este 2026. "En una coalición se producen consensos y no, pero lo importante es que el objetivo sea compartido", ha defendido Saiz en rueda de prensa.

Todo ello llegará al Congreso en un plazo de un mes, y éste deberá convalidarlo. Desde el gobierno español se muestran convencidos de que no habrá ningún obstáculo, pero a la relación siempre frágil entre Sánchez y los partidos que le invirtieron presidente se añaden las horas bajas marcadas por los casos de presunta corrupción y acoso sexual y laboral que acorralan el entorno del presidente español. Aunque los socios no rompen –excepto Junts, con los que el PSOE trata sin éxito de reconstruir la relación–, cada día presionan más. En este contexto, Podemos, por ejemplo, se aleja a marchas forzadas. Y aunque con EH Bildu ha habido un acuerdo para prorrogar el escudo social, el PNV ya le ha enmendado exigiendo algunos cambios.

Pese a que el año pasado el ejecutivo español quedó escarmentado cuando llevó todas las medidas en un decreto ómnibus de 140 páginas en el Congreso –ni en Juntos ni en el PP ni en Vox les tembló el pulso a la hora de votar en contra y hacer descarrilar medidas como el incremento de las pensiones– ha repetido medidas como el incremento de las pensiones votar dos textos: uno con las medidas vinculadas al transporte público y otro con el resto de cuestiones socioeconómicas mezcladas.