Podemos, el último escollo del paquete fiscal de Sánchez
Los socialistas aún no convencen a la formación lila con el impuesto a las energéticas
MadridPodemos es el último escollo del paquete fiscal que el gobierno español confía en aprobar este jueves. La formación lila aún no confirma su apoyo a las medidas fiscales que se votan en la Cámara Baja Española y el motivo de fondo es el impuesto a las energéticas. Aunque las negociaciones con el PSOE siguen abiertas –el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, negocian directamente con Ione Belarra–, lo que los socialistas les están planteando no les convence. Podemos les ha puesto dos elementos sobre la mesa para intentar desatascar las conversaciones, pero fuentes de la formación explican que los socialistas no aceptan ninguno de los dos. Uno de estos dos elementos es el compromiso del ejecutivo de una estimación de ingresos.
"Aún no hay acuerdo y estoy muy preocupada", ha manifestado Belarra este jueves por la mañana, en declaraciones a TVE. La portavoz de Podemos criticó que los socialistas "se excusen" en la negativa de Junts por no querer ser ambiciosos con este tributo.
Por el contrario, los votos de ERC y EH Bildu ya estarían asegurados de cara a la votación del paquete fiscal, sobre todo después de haber endurecido ligeramente el impuesto a la banca. Esto es lo que da garantías al ejecutivo español de estar más cerca de salvar una reforma fiscal que, pese a aguada, insufla aire a la legislatura. Sobre el impuesto a las energéticas, los republicanos están abiertos a aceptar la condición de Junts de que queden exentas “las empresas energéticas que mantengan su compromiso efectivo de inversión para la descarbonización”. Ahora bien, el decreto no estará cerrado todavía y la votación del paquete fiscal deberá realizarse con la incógnita de si la fórmula que diseñe el ministerio de Hacienda conseguirá superar las reticencias de los junteros cuando haya que votar, un mes después que lo apruebe la Moncloa. Por eso Podemos desconfía.
¿Hacia dónde puede ir el impuesto?
El gobierno español está mirando cómo contentar a Junts, a los que no les gusta la idea de mantener el impuesto, y al mismo tiempo cumplir con los partidos de izquierdas Hace un año, en la última prórroga del impuesto, el ejecutivo de Sánchez. ya se abrió a vincularlo a las inversiones en descarbonización con la idea de que las compañías afectadas, sobre todo aquellas como Repsol o Moeves (antigua Cepsa), pudieran deducirse estas inversiones. Las bonificaciones deberían ser muy elevadas para que la derecha votara a favor y fuentes del ministerio de Hacienda confirman que serán “muy significativas”. Además, las energéticas siempre han denunciado que hasta ahora el impuesto afectaba. los ingresos y no los beneficios. Esta opción estuvo sobre la mesa en su momento y ahora el gobierno la podría recuperar. posibilidad que se prorrogue un año más el impuesto a las energéticas, el sector ha vuelto a mostrar su rechazo. termina aprobando el tributo, se ponen en riesgo “30.000 millones” en inversiones. energético tendrán un impacto directo y negativo para España [...] y sobre la competitividad, los puestos de trabajo y la lucha contra el cambio climático”, han amenazado todas ellas a través del lobi Enerclub. Hace tiempo que Repsol lidera la cruzada. contra el impuesto. Su amenaza de paralizar proyectos como el del Camp de Tarragona es lo que abocó a Junts a plantarse en contra del tributo. 2024 estas compañías han pagado un total de 1.164 millones de euros por el ejercicio de 2023.
El impuesto a la banca
La otra incógnita del día será si se incluye el impuesto extraordinario en el sector bancario. El lunes no se aprobó, pero después el PSOE pactó con ERC, EH Bildu y el BNG una enmienda transaccional para que se transfiriera la recaudación a las comunidades autónomas e incrementar al 7% el tipo más alto. Sin embargo, hay dudas técnicas que se pueda acabar votando esta enmienda y que se tenga que votar el original, que no incorporaba estos elementos. En cualquier caso, desde el gobierno español apuntan que se podría modificar más adelante con otra iniciativa.