Choque de Sánchez con el Supremo: defiende al fiscal general y espera que el TC corrija la sentencia

BarcelonaFin al silencio. Tres días después, el presidente español, Pedro Sánchez, ya se ha pronunciado sobre la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, subiendo el tono del choque con el poder judicial y encomendándose al Tribunal Constitucional para que corrija "algunos de los aspectos de la sentencia". "Nosotros hemos sido siempre respetuosos con la independencia del poder judicial; han sido otros los que han hablado de controlar por la puerta trasera la sala segunda del Tribunal Supremo", ha afirmado este domingo en una rueda de prensa desde Johannesburgo, donde participa en la cumbre del G-20. Con este dardo en el PP por el control del alto tribunal del que presumió el senador popular Ignacio Cosidó, se ha diferenciado y ha aprovechado para hacer una crítica implícita en la sala de Manuel Marchena que ha decidido la condena. "Acatamos, aunque no compartimos la sentencia", ha continuado, reiterando el mensaje verbalizado por la Moncloa desde el jueves.

En este sentido, ha reafirmado que su gobierno la "lamenta" y opta por "manifestar la discrepancia" como cree que se puede hacer en una sociedad democrática. "Creo en la inocencia del fiscal general del Estado", ha insistido, pese al veredicto judicial. Por ello, se aferró a los testigos de los periodistas que exculpaban a García Ortiz de la filtración de los correos confidenciales con datos fiscales de la pareja de la presidenta madrileña, el tuétano de la causa. "Se ha manifestado claramente que el fiscal general del Estado no era el origen de la filtración", aseveró. Además de "lamentar esta sentencia", como ha asegurado una retahíla en ocasiones, ha dicho que ya se ha puesto en marcha "el procedimiento para nombrar un nuevo fiscal general". Asimismo, confió en que el Tribunal Constitucional repare algunos puntos de la sentencia, que tachó de "controvertidos", cuando se haga pública con los fundamentos jurídicos, no sólo con la parte dispositiva: "Hay otras instancias jurisdiccionales que tendrán que dirimir algunos de los aspectos de la sentencia", soltó.

Es por eso que ha rechazado hablar de un indulto para García Ortiz, ya que, por ahora, "no tiene ningún sentido". Ahora bien, cuando ha explicado que el ejecutivo estatal ha iniciado "el procedimiento de sustitución y nombramiento del nuevo fiscal general", del que no ha dado ningún detalle, ha aprovechado para reivindicar la labor "muy positiva" de quien todavía hoy ostenta el cargo. "El gobierno siempre ha propuesto a personas, como Álvaro García Ortiz, con una dilatada trayectoria desde el punto de vista jurídico", ha argumentado.

'In crescendo'

La sentencia ha sacudido a la política española, profundizando en la polarización y poniendo la justicia en el punto de mira del gobierno español y de la izquierda en general, con acusaciones de sentencia "injusta" desde la parte socialista del gobierno español e incluso de "golpe de estado judicial" desde Sumar y otros socios progresistas. Unas afirmaciones que han escalado con el choque frontal de Sánchez con el alto tribunal que ha condenado a García Ortiz por el caso de la filtración de datos fiscales de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

La dimensión política del caso por la implicación de una pieza clave para Sánchez como es el fiscal general ha generado un clima encendido entre la derecha y la izquierda. Mientras el PP y Vox pidieron elecciones, las críticas a la resolución por parte de la izquierda subieron más de tono que nunca. El propio líder de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, comparó la condena a García Ortiz con la que emitió el tribunal de Marchena en el 2019 contra los líderes del Proceso. Asimismo, este domingo fue el expresidente Carles Puigdemont, líder de Junts, quien remachó el clavo en un artículo en El País. Así, relacionó directamente el acoso judicial a Sánchez y su entorno con el pacto con Junts y la ley de amnistía. Por eso, le ha reclamado "emprender la ruptura" con el régimen de 1978 que el PSOE "se negó a hacer" hace 50 años.

Una ruptura que es la única "opción" para "salir del abismo" del socialismo español, a su juicio, y que no solo debería implicar la ruptura con la monarquía, sino el reconocimiento del "derecho a la autodeterminación". Según su criterio, los pactos con "el antiguo régimen" sólo le "perpetúan", y ha advertido de que el clima político actual "se parece mucho al de otros períodos convulsos" que han terminado en "guerras", "dictaduras" o el 23-F. "Dos años después [del acuerdo de Bruselas], el protagonista de aquella primera foto en el Parlamento [Santos Cerdán] ya ha pasado varios meses en prisión, acusado de corrupción, se han abierto procesos penales contra el entorno del presidente Pedro Sánchez y también directamente sobre su familia, y un fiscal general alineado con el gobierno y pieza clave para garantizar inhabilitado para desempeñar el cargo", ha escrito.

Desde el independentismo, la crítica dirigida al ejecutivo español y, en particular, en el PSOE es que no ha denunciado el papel político de los tribunales con sus sentencias hasta que le ha afectado. Con todo, el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, repetía este sábado que la "injusta" condena no les haría callar a la hora de denunciar a los "tripijocs" de Ayuso. Mientras, desde el PP difunden que se está produciendo el "Proceso español", concepto acuñado por el senador Juan Milián y el líder catalán, Alejandro Fernández, para criticar que el Estado vive una efervescencia similar a la que hubo durante los diez años de proceso soberanista, con choque con la ley incluida.