Sánchez mantiene cerrados los secretos de Estado

BarcelonaEl plan inicial era aprobar la ley de secretos oficiales antes de que acabara 2025, pero el objetivo no solo no se ha cumplido, sino que la ley continúa encallada en el Congreso. Una semana después de que el gobierno español desclasificara los documentos del 23-F, no ha sido capaz de desbloquear la norma que debe amparar legalmente levantar el secreto de materias reservadas. La Moncloa envió al Congreso el proyecto en julio del año pasado, pero fuentes del grupo socialista admiten a el ARA que por ahora no hay ninguna "novedad" sobre esta reforma y que su proyecto de ley "no tiene los apoyos necesarios" para salir adelante.

La norma redactada por el gobierno español establecía un plazo de 45 años para desclasificar automáticamente las materias clasificadas como alto secreto, con una opción de prórroga de 15 años; en caso de las materias clasificadas como secreto, el periodo era de 35 años prorrogable a 10 años; mientras que para las cuestiones confidenciales y las restringidas el plazo se movía entre los 4 y los 9 años. Aunque el ejecutivo estatal ya había rebajado estos plazos respecto a el anteproyecto presentado en 2022, los socios todavía los ven demasiado largos. De hecho, la proposición de ley que presentó el PNB hace tres años –ya la había presentado en anteriores legislaturas– proponía unos periodos de desclasificación más cortos: 25 años para las materias calificadas de secretos y 10 años para las reservadas. La prórroga que establecía era solo para los secretos y la fijaba en un máximo de 10 años.

Los socios de la mayoría plurinacional se han mostrado reticentes en cuanto a los plazos de desclasificación y tenían previsto canalizarlo a través de enmiendas. Ahora bien, había grupos que tampoco veían con buenos ojos el régimen sancionador que los socialistas habían incorporado a la ley: por revelar información clasificada, el gobierno español había previsto penas de prisión y sanciones administrativas con multas desde los 30.000 euros hasta los 2,5 millones. El socio minoritario del gobierno de coalición, Sumar, es uno de los que había reclamado cambios para reducir las sanciones, al igual que ERC. Junts, por su parte, no ve que la norma sea un "avance" y es más partidario de que salga adelante la ley del PNB. El PP, consultado por el ARA, ha evitado valorar el proyecto de ley del gobierno español, a pesar de que diversos medios publicaron el lunes que el partido rechazaba negociar el texto con los socialistas.

La ley franquista de 1968

Mientras ni la reforma que proponía el PNB ni el proyecto de ley de Pedro Sánchez se desencallan, en el estado español continuará vigente la normativa franquista que se aprobó en 1968. Esto quiere decir que los documentos clasificados como secretos continuarán cerrados a cal y canto, porque la ley no establece plazos de desclasificación. Así, solo podrán ver la luz los documentos que, de forma discrecional, el gobierno de turno considere que quiere revelar, tal como se hizo evidente la semana pasada cuando Sánchez decidió desclasificar los archivos del 23-F cuando se cumplían 45 años de aquel intento de golpe de Estado.