Sánchez sufre y Feijóo no despega
MadridEstos días, cuando se me ocurre provocar al personal diciendo que no veo definitivamente decididas las próximas elecciones generales –ya sean este año o el que viene–, me encuentro con reacciones de incredulidad y hasta de crítica severa a mi alrededor. Si en el grupo que intercambia opiniones hay alguien de derechas o liberal, la interrupción es inmediata, y me dicen cosas como “Te has bebido el entendimiento”, “Vas muy perdido” o “Parece mentira que lo puedas pensar”. En cambio, si en el mismo núcleo hay alguien de izquierdas –dé lo mismo si radical, moderado o de medias tintas– lo que manifiesta primero es falta de fe, pero acompañada inmediatamente de expresiones del tipo “¿Quieres decir?”, “¿Y en qué te basas para creerlo, eso?” o si el interlocutor es aficionado a la ironía “Eso te lo debe haber explicado Félix Tezanos”, el director del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), siempre acusado de barrer a favor de los suyos, los socialistas. Esta diferencia entre las respectivas reacciones revela que la derecha está muy esperanzada con recuperar el poder, y lo ve prácticamente hecho. Y también refleja que la izquierda vive con un acentuado sentimiento de derrota anticipada, pero en el fondo deseando que haya un giro inesperado, un golpe de suerte inverosímil, o sencillamente un milagro que les permita continuar en el poder.
Hay que precisar que este tipo de conversación se produce cuando la escena descrita tiene lugar en Madrid, sobre todo con gente del núcleo de la ciudad, dentro del anillo de la vía de circunvalación M-30, que es habitualmente un polvorín. En la capital, por tanto, predomina la idea de que la partida ya se ha jugado y tiene un previsible perdedor, Pedro Sánchez. La discrepancia suele ser que unos lo ven hecho y los otros, inevitable. Los primeros –normalmente seguidores de Aznar y de Ayuso– por optimismo desbordante y los segundos –ahora decepcionados por Zapatero– porque querrían impedirlo y no saben cómo. Pero si se rasca un poco más, pronto se comprueba que no se han rendido.
Por otro lado, en el Madrid de la clase alta, Feijóo genera dudas. Lo querrían más lanzado, más líder, más capaz de dibujar un escenario más ilusionante. Para ganar unas elecciones no siempre es suficiente el desgaste progresivo del adversario. También hay que crear expectativas de un futuro mejor. La misma derecha entusiasmada con los sumarios que están dejando devastado el territorio socialista piensa que el PP debe conseguir movilizar el voto de quienes quieren respuestas concretas a sus problemas económicos, de vivienda, de sueldos bajos, de precariedad en el trabajo o de necesidad de ayuda a las personas dependientes. El PSOE puede tener en las próximas elecciones un problema de abstencionismo de su electorado. Pero al PP también le puede costar asegurar el voto de electores moderados hartos de los casos de corrupción detectados en las filas socialistas, y que a pesar de ello tampoco ven soluciones en los pactos de los populares con Vox. Las causas judiciales abiertas contra el PSOE son una pesada bola que este partido lleva atada al tobillo, pero el PP también lleva alguna muy gorda. La diferencia es que el castigo siempre resulta más contundente para el que está en el gobierno que para el que lo estuvo hace tiempo pero ahora lidera la oposición.
El drama para el país consiste en el hecho de que a unos les afecta una lista de imputados que sigue creciendo casi cada día, mientras los otros no acaban de despegar, y conservan sus espacios de poder asumiendo lo que tanto han criticado, es decir, cerrando pactos que habían calificado de imposibles. El caso más claro es el último, el de Andalucía, donde el presidente, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha acabado aceptando las imposiciones de Abascal. El reelegido jefe del gobierno autonómico rechazaba la presencia de Vox en su ejecutivo, pero ahora ha puesto un vicepresidente de la marca ultra, en un cargo que agrupa las competencias de departamentos como Turismo, Justicia, Administración Local y Desregulación – este último es un cajón de dimensiones desconocidas.
Un problema muy grave
Para Sánchez las causas judiciales en marcha son un problema muy grave. Sobre todo, las que afectan a instancias de la administración, comenzando por los juicios pendientes de Ábalos, Cerdán y Koldo. Los dos primeros ocuparon cargos de mucha importancia política, como son el ministerio de Fomento y la secretaría de organización del PSOE. Ábalos, de hecho, los ejerció a la vez. Y queda también al frente todo el caso Plus Ultra, en el que está imputado Zapatero. En este asunto hay que estar muy pendiente de la declaración que el día 21 ha de prestar en la Audiencia Nacional su amigo Julio Martínez, empresario imputado en la misma causa por presunto tráfico de influencias y organización criminal, entre otros delitos. La expectación sobre esta declaración es fuerte, dado el precedente del trato obtenido por el empresario Víctor de Aldama para colaborar con la justicia en el llamado caso mascarillas.
En paralelo, para Feijóo la definición de la mejor estrategia para llegar a la Moncloa también es un ejercicio complicado, cuando no le salen los números para presentar una moción de censura, ni tampoco tiene suficiente audacia para correr el riesgo de seguir adelante y formalizarla. El líder del PP ya defendió su candidatura en un debate de investidura en 2023, sabiendo que no podía prosperar. Ahora podría tratar de erigirse en alternativa a un gobierno que tiene ya muchísimos altos cargos imputados, entre ellos la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda.
En el primer caso se investiga hasta qué punto la fontanera del PSOE, Leire Díez, influyó para impedir o dificultar actuaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) en relación a causas abiertas contra dirigentes socialistas. En el segundo asunto el juez Santiago Pedraz ha imputado, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, un total de 25 personas por los presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación, organización o grupo criminal y abuso de información privilegiada con ánimo de lucro. Todo un abanico de conductas –ciertamente, por ahora en términos indiciarios– que son todo lo contrario de la pulcritud en el ejercicio de las competencias asignadas a las instituciones y empresas públicas. Mientras tanto, el PP se dedica a sembrar dudas sobre las garantías de la próxima cita electoral. ¿Es esta la estrategia propia de un ganador?