Casi la mitad de los españoles ya están gobernados por el PP y Vox

MadridAlberto Núñez Feijóo tenía una esperanza con Juanma Moreno Bonilla. Era el barón autonómico con más posibilidades, según las encuestas, de mantener la mayoría absoluta y seguir gobernando sin la concurrencia de Vox. Pero el resultado de las elecciones disipó cualquier duda de que el destino del PP exige tener que convivir con la extrema derecha, también su dirigente más moderado, como se ha demostrado con el pacto de este jueves que cede importantes espacios de poder para los de Santiago Abascal en Andalucía. Con el nuevo gobierno de coalición de Juanma Moreno con la extrema derecha, la coalición PP-Vox pasa a ser la modalidad de ejecutivo autonómico que gobierna a más gente en el Estado, en concreto un 27,3%, por delante de los gobiernos populares en solitario, que rigen sobre el 20,8% de los ciudadanos, y los gobiernos del PP con apoyo de la extrema derecha, que afectan a un 16,8%.

Así, después de los comicios en Extremadura, en Aragón, en Castilla y León y en Andalucía, hasta un 44,1% de la población española está ahora bajo el gobierno de un pacto del PP y Vox, ya sea a través de un acuerdo de gobierno o parlamentario. Después de las elecciones autonómicas de 2023 la cifra era mucho más baja: tan solo un 26,6%, ya que Andalucía es la comunidad más poblada y los populares gobernaban hasta ahora con mayoría absoluta. "No estoy contento", ha justificado este viernes Moreno Bonilla, ya que a él le habría gustado seguir solo. Pero ha justificado: "He pensado que el interés general estaba por encima de mi interés, no sé si me he equivocado o no, pero he pensado que hacía falta estabilidad y un gobierno por encima de mi interés particular".

A pesar de que al PP andaluz solo le faltaran dos escaños para la mayoría absoluta, esto no ha impedido que Vox haya conquistado una macrovicepresidencia con competencias de justicia, turismo, desregulación y administración local. Es decir, ha seguido la misma dinámica que en Extremadura, Aragón y Castilla y León. Unas comunidades gobernadas con la influencia de la extrema derecha que se suman a la Comunidad Valenciana, las Islas Baleares y Murcia. De hecho, Isabel Díaz Ayuso (Madrid) y Alfonso Rueda (Galicia) son ahora los únicos barones del PP que pueden gobernar sin el puntal de Santiago Abascal. En resumen, después de este ciclo electoral, la cuota de poder autonómica de la extrema derecha es de hasta cuatro vicepresidencias y nueve consejerías, que acaparan sobre todo competencias de medio ambiente, servicios sociales, agricultura, familia y turismo, que son sectores fundamentales del discurso de Vox.

De esta manera se han repartido las cartas a la espera del próximo ciclo electoral del año que viene, cuando los partidos estatales se volverán a ver las caras en las urnas en municipales y autonómicas. La perspectiva con la que afrontarán estos comicios, sin embargo, dependerá de Pedro Sánchez, ya que debe decidir si convoca las elecciones españolas antes de esta cita –después de un posible fracaso para aprobar los presupuestos– o si espera a hacerlo después, para repetir la operación del 2023, cuando el miedo a los gobiernos de derecha y extrema derecha que se dibujaban en buena parte de las autonomías dieron al PSOE y a sus socios, sobre todo en Cataluña y el País Vasco, un resultado suficiente para que el PP y Vox no llegaran a la Moncloa.

Se impone el pragmatismo en el PP

Con los últimos resultados autonómicos en la mano, dentro del PP se ha impuesto el pragmatismo y no le hace feos a la posibilidad de que Santiago Abascal sea vicepresidente de España. Alberto Núñez Feijóo lo asumía con normalidad en una entrevista distendida en El hormiguero hace unas semanas: "Mi objetivo es gobernar en solitario. Ahora bien, no demonizaré un partido que es el tercero de España y que más de tres millones de españoles dicen que votarán según las encuestas. Yo soy un demócrata, aceptaré el resultado en las urnas y garantizaré la estabilidad política en mi país". José María Aznar también dejó fuera de la ecuación un posible pacto con Junts y el PNB que, en caso de sumar, podrían liberar al PP de Vox: "La mayoría será nacional o no será", resolvió. De hecho, la hegemonía de la derecha es total: más de un 70% de los ciudadanos españoles tienen gobiernos con presencia popular. Cataluña y el País Vasco son sus agujeros negros, ya que es donde tienen un porcentaje de voto menor —en el parlamento catalán y vasco el PP es cuarta fuerza— en comparación a las otras comunidades donde gobierna el PSOE: en Castilla-La Mancha y Asturias los populares quedaron en segunda posición.

Fuentes del PP se reafirman en su apuesta de pactar con la extrema derecha: aseguran que intentarán gobernar sin coalición, pero también añaden que quien debe dar miedo no es Vox, sino Pedro Sánchez. De hecho, remarcan que, después de este ciclo electoral que comenzó en Extremadura y ha acabado en Andalucía, pasando por Aragón y Castilla y León, la mayoría de los ciudadanos de estas comunidades han escogido al PP y a Vox, y no al PSOE. "Lo que moviliza es ir contra Pedro Sánchez", constatan, además de añadir que si bien en 2023 existía la duda de cuáles serían las políticas de los gobiernos de la derecha y la extrema derecha, ahora esto ya no existe porque ya ha habido una experiencia autonómica de gobiernos de coalición.

"¿Qué políticas hemos hecho en contra de las mujeres?", se preguntan estas fuentes del PP, y afirman que no han tomado decisiones extremistas, a pesar de que en los pactos sí que compran el marco de Vox en relación con la inmigración, como las políticas de "prioridad nacional" o la retirada de subvenciones a entidades, como Cáritas, que ayudan a inmigrantes. Es decir, según el PP, ya no hay pretexto para fomentar el miedo a un gobierno con la extrema derecha, a pesar de que la Moncloa siga pensando que es una palanca electoral a utilizar.

El PSOE considera que los gobiernos del PP y Vox demuestran que la izquierda debe movilizarse para que no lleguen al gobierno del Estado. De hecho, aseguran que estarán vigilados desde el ejecutivo español por si vulneran derechos de colectivos en el ejercicio del poder autonómico. Este viernes, la portavoz del gobierno español, Elma Saiz, ha lamentado que ahora mismo el PP es Vox y ha acusado a los de Feijóo de estar "haciendo daño a las instituciones y a la democracia". Desde el gobierno no comparten que el efecto de la extrema derecha esté ya descontado por la experiencia de estos tres años y confían en que puede ser todavía un revulsivo para remontar en las encuestas. Y más, con las decisiones que interpretan que pueden tomar las coaliciones PP-Vox en los próximos meses.