Después del curso más complicado en las aulas catalanas, con un mes final marcado por una tanda inédita de huelgas, cuando ya prácticamente toda la comunidad educativa está de vacaciones, llega un nuevo jarro de agua fría. Esta vez sobre uno de los pilares evaluativos a escala internacional. Las últimas pruebas PISA hechas en Cataluña fueron un fiasco. Se trata de un auténtico desastre: la elección de los alumnos que las llevaron a cabo estaba mal hecha. En el resto de España se hizo bien.
La OCDE ya lo advirtió al departamento de Educación de la Generalitat en marzo, pero la consejería no lo ha hecho público hasta ahora: un viernes de finales de julio, cuando maestros y familias están lejos de la rutina escolar. El patinazo es monumental. Y la manera de comunicarlo, también. No solo por el retraso, sino también porque la consejera Esther Niubó no ha dado la cara. ¿Alguien se hará políticamente responsable de este descalabro? ¿O haremos ver que no pasa nada y que solo es un error técnico sin importancia: “Una incidencia técnica, aislada y puntual”?
De hecho, ni siquiera queda claro qué ha pasado. ¿Dejadez administrativa? ¿Incapacidad técnica? ¿Un intento de mejorar el nivel PISA de los alumnos catalanes de 15 años excluyéndoles de la prueba más de los permitidos, aquellos que a priori harían bajar la media? El hecho de que las PISA coincidieran con las pruebas de final de etapa de 4º de ESO, y que se habrían mimetizado los criterios más laxos de selección, suena a excusa de mal pagador. La cuestión es que la OCDE da un margen máximo del 5% a la hora de dejar fuera de las pruebas a chicos y chicas con problemas relevantes. Pues bien, en el caso catalán se llegó a un 23,2% de descartados.
La selección la hacen los mismos centros. Pero ¿después no debería haber una revisión general por parte del departamento o el ministerio? ¿Nadie controló la elección para ceñirse a los porcentajes exigidos? ¿Cómo ha podido pasar un despropósito así? ¿Se ha producido un vacío de control en el tránsito del Consejo Superior de Evaluación a la nueva Agencia de Evaluación? Muchas preguntas sin respuesta.
La cuestión, ahora, es que los resultados PISA catalanes que se den a conocer en septiembre tendrán un valor muy relativo y, en todo caso, no serán representativos ni comparables con otros países o con la secuencia histórica propia. Y hay que tener en cuenta que las PISA se hacen cada tres años. O sea que, evaluativamente, son tres años perdidos. Y no vamos precisamente sobrados de registros serios para saber cómo recuperar el pulso educativo. Visto el pesimismo y la desorientación generales, solo faltaba esta fenomenal metedura de pata.
Las notas PISA se sabrán con el curso recién empezado. Si son buenas, tendremos claro por qué: porque, deliberadamente o no, se hizo una selección de alumnos sesgada. Y si son malas, peor: ni solo con los que se salen no salimos. El clima de la reanudación escolar, además, estará marcado por las anunciadas nuevas movilizaciones asamblearias de los maestros, con unos sindicatos superados después de que su acuerdo con la consejería no fuera aprobado por sus bases. La espiral de protesta parece que no ha terminado. Estamos en un círculo antivirtuoso. ¿Con qué legitimidad liderará la pacificación de la comunidad educativa una consejera que ha quedado desautorizada por el fiasco PISA de su equipo?
