Política 09/05/2022

La secretaria general del Parlament, cuestionada

Los grupos exigirán explicaciones por la plaza de su hijo

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Laura Borràs hablando con Esther Andreu en un pleno.

BarcelonaEsther Andreu no es ninguna recién llegada al Parlament. Hace unas tres décadas que trabaja allí a pesar de que nunca había formado parte del núcleo decisorio del alto funcionariado –dominado por la omnipresente Imma Folchi hasta el 2015– hasta que la presidenta del Parlament, Laura Borràs, la ascendió a secretaria general. Si bien durante la legislatura anterior, con Xavier Muro, este cargo ya estuvo en el punto de mira por la retirada del escaño al entonces president Quim Torra, en el caso de Andreu las polémicas se han multiplicado desde que tomó posesión. La última, la semana pasada, puesto que como avanzó la agencia Efe su hijo ha conseguido una plaza de ujier en el Parlament y Andreu no informó a la mesa de que tenían una relación de parentesco.

Varios grupos políticos pedirán explicaciones a la presidenta del Parlament sobre esta cuestión. El hijo de Andreu ha quedado en cuarta posición del centenar de personas que se presentaron, pero la secretaria general niega que haya intervenido en el proceso selectivo y afirma que se inhibió desde el inicio. Esta circunstancia saldrá hoy en la reunión de la mesa del Parlament, que ya hace meses que convive con una secretaria general cuestionada.

La situación está enrarecida: hay malestar en la administración por su manera de gestionar la casa y, en el ámbito político, ha tenido enganchadas con miembros de la mesa por comentarios considerados fuera de lugar por un letrado o la manera en la que ha compartido (o no) información. Aun así, hasta ahora Andreu ha contado con la confianza de la mayoría de la mesa (el secretario general lo propone la presidencia del Parlament, pero lo tiene que ratificar el órgano rector de la cámara), de forma que cualquier cambio tendría que pasar por una propuesta compartida entre ERC y Junts. En la última comparecencia que la presidenta Borràs hizo ante la prensa para hacer balance de su primer año de mandato, aseguró que mantenía su confianza en ella.

El caso de transparencia y Juvillà

Andreu ha estado en el centro de algunas polémicas. Primero, por haber obstaculizado la transparencia en el coste de las licencias por edad, lo cual le comportó un enfrentamiento directo con el ex letrado mayor Antoni Bayona, miembro del órgano de transparencia del Parlament y partidario de entregar los datos. Andreu le abrió un expediente por acoso psicológico –después de una queja de una archivera– que se cerró la semana pasada sin ninguna sanción. Con el tema de las licencias, Andreu también tuvo discrepancias con el letrado mayor, Miquel Palomares, a quien le retiró las competencias de dirección de los servicios jurídicos en un episodio de tensión sin precedentes entre letrados.

Pero más allá de la administración parlamentaria, Andreu ha estado en el punto de mira también por cuestiones políticas. Cuando la Junta Electoral Central ordenó retirar el escaño al diputado de la CUP Pau Juvillà, lo ejecutó para evitar su “imputación” y la del resto de funcionarios a pesar de que Borràs había asegurado que mantendría el acta de Juvillà hasta que hubiera una sentencia firme.

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