Los síndicos del 1-O niegan haber trabajado por el referéndum más allá del 7 de septiembre

BarcelonaLos cinco miembros de la Sindicatura Electoral dejaron de trabajar por el 1-O después de la reunión que mantuvieron el 7 de septiembre del 2017 –justo al día siguiente de que se aprobara la ley del referéndum y de que el Tribunal Constitucional (TC) la suspendiera a última hora del día–, y presentaron su renuncia una vez recibieron los requerimientos del alto tribunal, a pesar de que han remarcado que desde el día 8 ya no desarrollaron ninguna de las funciones asignadas. Esta es la tesis que han defendido Jordi Matas, Tània Verge, Marta Alsina, Josep Pagès y Marc Marsal durante el juicio que este jueves ha celebrado la segunda sesión. "Trabajamos cuando tenemos que trabajar y nos vamos cuando el TC nos dice que nos vayamos -los amenazó con multas de entre 6.000 y 12.000 euros diarios si no lo hacían-. No me esperaba este periplo judicial", ha relatado Jordi Matas, que fue nombrado presidente de la Sindicatura Electoral. "Cuando recibimos los requerimientos, nosotros ya no estábamos haciendo nada", ha dicho Alsina, que ha explicado que igualmente renunciaron como síndicos. "Era un absoluto desconcierto. Lo que reclamaba el TC era que renunciáramos a los nombramientos, por eso hicimos la renuncia. Pero las funciones ya habíamos dejado de ejercerlas mucho antes", ha remarcado Josep Pagès.

Después de ser nombrados –han negado haber recibido ninguna contraprestación económica–, los cinco han explicado que la única reunión que mantuvieron para adoptar los primeros acuerdos fue el día 7 de septiembre. Ese encuentro, que tuvo lugar en el piso de arriba de la cámara catalana, duró todo el día y, según los acusados, fue el único que mantuvieron para preparar el 1-O.

Los cinco acusados han relatado que tomaron varios acuerdos, como fue el nombramiento de los síndicos territoriales o certificar las organizaciones que estaban interesadas en participar en el referéndum. Ahora bien, todos han remarcado que no publicaron ni validaron ninguna de las resoluciones que se hicieron públicas basadas en sus acuerdos. "Tomamos unos acuerdos ese día, pero después no lo publicamos ni hicimos ninguna resolución", ha explicado Marta Alsina. "Una cosa es la adopción de los acuerdos y la otra la publicación, que es responsabilidad de otra parte", ha añadido Tània Verge.

De hecho, Matas ha dicho que ninguno de los miembros de la Sindicatura tenía acceso a la web del referéndum ni a ningún espacio donde pudieran comunicar las resoluciones. Uno de los argumentos de la Fiscalía para acusar a los síndicos de usurpación de funciones y desobediencia era que habían continuado firmando acuerdos para sacar adelante su tarea por el 1-O desde que fueron nombrados síndicos, pero todos han negado que ellos hubieran publicado nada en diarios oficiales.

Las funciones establecidas en la ley del referéndum

Los síndicos solo han contestado a las preguntas de la defensa, excepto Marc Marsal, que también ha contestado a la fiscal. Su declaración, sin embargo, no ha sido accesible para los medios de comunicación por problemas técnicos, porque declaraba desde casa, donde está confinado. Así, a preguntas del abogado, Ramon Setó, todos los acusados han negado haber desarrollado las funciones que se explicitaban en la ley del referéndum, como era contactar con los síndicos de demarcaciones, validar el censo electoral o acreditar a los observadores internacionales. "A partir del día 7, no hicimos nada más", ha remarcado Matas, que ha recordado que después de ese día no se volvieron a reunir: "No podíamos tomar más acuerdos sin reunirnos".

En la segunda sesión del juicio a la Sindicatura Electoral, también han declarado el secretario general del Parlament, Xavier Muro, y el ex letrado mayor de la cámara, Antoni Bayona. Los dos han negado haber autorizado ninguna reunión de la Sindicatura el día 7 de septiembre y Muro ha dicho que si entraron en la cámara para reunirse, lo hicieron a título individual, a pesar de que después los acusados han explicado que se presentaron como miembros de la Sindicatura. Muro, con todo, ha dejado claro que hasta que no llegó la suspensión de la ley del referéndum, no había ningún inconveniente para que los miembros de este organismo se encontraran en la cámara.

El alto tribunal suspendió la ley del referéndum a última hora del día 7 de septiembre, como ha recordado el propio Muro, que recibió la primera notificación hacia las 11 de la noche. Los dos juristas han recordado que advirtieron a la mesa del Parlament de los avisos del TC sobre la aprobación de las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica, pero Bayona ha admitido que no lo hicieron a ninguno de los miembros de la Sindicatura: "La advertencia que hicimos fue a la mesa y no hacia las personas que eran candidatos a ser designados, no nos correspondía".

En su declaración, Matas también ha especificado que la Sindicatura Electoral del referéndum "no tiene nada que ver con" la Sindicatura que estaba prevista en la ley de transitoriedad jurídica. El catedrático de ciencia política ha concretado que la primera solo tenía que funcionar por el 1-O y la segunda tenía "vocación de mandato de un tiempo determinado" y no solo estaba formada por politólogos y académicos, sino que también podían ser jueces.

"La sindicatura desapareció"

El miércoles, en la primera sesión del juicio, declararon como testigos ocho síndicos territoriales. Todos negaron haber trabajado para el 1-O una vez fueron nombrados, porque desde el Parlament les dijeron que no hicieran nada una vez la ley del referéndum quedó suspendida. Este jueves por la mañana se han sumado dos testigos más que fueron designados como síndicos territoriales que también han negado haber hecho nada para el 1-O. Aún así, los síndicos territoriales se reunieron el día 12 de septiembre en el Parlament. Un encuentro al que no asistieron los cinco acusados, según han explicado este jueves.

También ha comparecido Eva Labarta, que fue designada síndica suplente, y que ha explicado que no participó en ninguna reunión para preparar el referéndum después de que le comunicaran el nombramiento. Enoch Albertí, abogado, también ha atestiguado como miembro de la comisión de expertos designados para hacer seguimiento del referéndum, que ha confirmado la tesis de los acusados. "La sindicatura desapareció", ha afirmado.

La defensa pide la absolución y la Fiscalía una sentencia condenatoria

Después de la declaración de los cinco síndicos y de los informes de la defensa y la acusación, el juicio ha quedado visto para sentencia. La Fiscalía se ha reafirmado en la petición de condena por desobediencia (al TC) y usurpación de funciones (por haber ejercido unos días de una especie de junta electoral del referéndum), por los cuales pide hasta dos años y nuevo meses de prisión; mientras que la defensa ha pedido la absolución de los síndicos.

La fiscal considera que los acusados tenían "pleno conocimiento" a través de los medios de comunicación de las resoluciones del Tribunal Constitucional que prohibían la ley del referéndum y, por lo tanto, la tarea de la Sindicatura Electoral, y que no se limitaron a reunirse un solo día: "Las resoluciones se habían publicado y se conocía el contenido. Son profesores y letrados de reconocido prestigio, no nos pueden hacer creer que no conocían el contenido de las resoluciones [...] Insulta a la inteligencia". La querella que la Fiscalía presentó contra ellos el 14 de septiembre del 2017 es la que ahora los ha llevado al banquillo de los acusados.

En cambio, para la defensa es capital el hecho de que ninguno de ellos fuera advertido personalmente de su obligación de no formar parte de la Sindicatura. "No me vale decir que lo ha visto por la televisión", ha afirmado. "Si la resolución dice que se tiene que notificar personalmente, no veo cómo se puede imputar un presunto delito de desobediencia si no se notifica personalmente", ha concluido.