Los síndicos territoriales niegan haber hecho nada por el 1-O

BarcelonaLos miembros de la Sindicatura Electoral del 1-O Jordi Matas, Marc Marsal, Tània Verge, Marta Alsina y Josep Pagès se han sentado este miércoles en el banquillo de los acusados para ser juzgados por los presuntos delitos de desobediencia y usurpación de funciones, por los cuales la Fiscalía les pide hasta dos años y nueve meses de prisión. Lo han hecho más de tres años después de la querella que presentó el ministerio público, en la que también los acusaba de un supuesto delito de malversación de fondos públicos y que la juez descartó cuando acabó la instrucción del caso. El juicio a los cinco síndicos electorales se ha aplazado dos veces: en abril del año pasado se suspendió por culpa de la pandemia y se fijó la vista oral para el mes de noviembre, pero también se acabó aplazando hasta marzo por un positivo en el juzgado número 11, donde se hace la vista.

En la primera sesión del juicio de esta mañana, los cinco acusados todavía no han declarado –está previsto que lo hagan mañana, cuando el juicio tiene que quedar visto para sentencia–, y los testigos que han pasado por la Ciutat de la Justícia han sido varios juristas y politólogos que fueron nombrados como síndicos territoriales y que tenían que ejercer sus funciones en las cuatro demarcaciones catalanas durante el 1-O. Todos ellos han negado haber recibido ningún tipo de instrucción ni del Govern ni del Parlament para desarrollar su tarea. La mayoría han explicado que después de recibir la llamada desde el Parlament en la que se los proponía como síndicos territoriales, se los convocó a una reunión el día 12 de septiembre, pero que en ese encuentro los representantes políticos –nadie ha concretado quiénes eran y algunos han dicho que no los conocían– que presidieron la reunión les comunicaron que como la ley del referéndum había sido suspendida por el Tribunal Constitucional no sacarían adelante ninguna de las funciones que establecía esta normativa.

"Fue decepcionante, la reunión", ha admitido uno de los síndicos de Tarragona, Xavier Faura. "Nos dijeron que la ley estaba suspendida y que de momento no haríamos nada", ha añadido Montserrat Aumatell, también síndica de Tarragona. "Pensaba que la reunión tenía que servir para constituirnos como tal. No se nos dijo nada de esto. Las instrucciones hoy todavía no han llegado", ha dicho Jordi Casadevall, de la sindicatura de Girona. "Me supo mal. No iba con la idea de que me dijeran esto", ha reconocido Simeó Miquel, de la sindicatura de Lleida. Todos han coincidido en que antes del 12 de septiembre tampoco recibieron ninguna indicación sobre las funciones que tenían que ejercer más allá de reunirse al día siguiente de la Diada en el Parlament.

Después de ese encuentro, todos los testigos han apuntado que tampoco recibieron ninguna instrucción, sino que lo que recibieron posteriormente fueron requerimientos del Tribunal Constitucional. En el primero, los advertía de que tenían que abandonar sus funciones como síndicos, cosa que muchos de ellos han asegurado que les sorprendió porque todavía no habían hecho nada. Y la segunda notificación ya fue un requerimiento en el que se los advertía de multas de hasta 6.000 euros si no renunciaban al cargo –en este caso, algunos síndicos no la recibieron personalmente, sino que el alto tribunal la envió a la delegación del Govern–. Algunos de los síndicos han explicado que después de la reunión del día 12 de septiembre presentaron voluntariamente su renuncia. La tercera notificación que recibieron del TC fue para comunicarles que no se los multaría porque entendía que habían abandonado sus funciones como síndicos.

No aceptan por "una decisión ideológica"

El abogado de la defensa, Ramon Setó, ha empezado el juicio denunciando la vulneración de una serie de derechos fundamentales en las cuestiones previas del juicio. Setó considera que el Tribunal Constitucional ya "castigó" a los cinco acusados a través de los requerimientos y advertencias de multas de hasta 12.000 euros y que el procedimiento penal que había iniciado la Fiscalía previamente presentando una querella por desobediencia, usurpación de funciones y malversación de fondos públicos (delito que acabó cayendo) vulnera el principio de non bis in idem, que prohíbe aplicar una doble sanción por unos mismos delitos. Considera que ha habido una "duplicidad de procedimientos" y que, de hecho, las sanciones del TC ya tenían una finalidad "disuasoria y represiva" y que una condena penal supondría un "doble castigo".

Además, el abogado también ha denunciado la vulneración de la libertad académica, así como también que la Fiscalía no haya concretado qué acciones hicieron cada uno de los cinco síndicos para acusarlos de desobediencia y usurpación de funciones. "No nos dice quién participó en los acuerdos ni quién los firmó", ha denunciado Setó. "Lo que se buscaba con la querella no era hacer cumplir la ley, sino desarticular, eliminar y provocar la renuncia de los miembros de la sindicatura con la finalidad política de perjudicar la celebración del referéndum", había dicho previamente.

En este sentido, el abogado ha querido evidenciar también que la querella de la Fiscalía y también los requerimientos del TC han supuesto una vulneración de la "libertad de conciencia" de los acusados. Setó ha argumentado que los síndicos no aceptaron la petición del Parlament por "una decisión ideológica ni porque sean independentistas", sino que lo hicieron basándose en "su calificación profesionales como politólogos y juristas de reconocido prestigio". "Era una oportunidad muy importante para poner al servicio del conjunto de la sociedad su experiencia y enriquecerse en un acontecimiento político como el referéndum del 1-O que tenía un impacto en Catalunya, en España y la Unión Europea", ha defendido.

La fiscal, sin embargo, ha rebatido los argumentos de la defensa asegurando que los cinco síndicos desobedecieron "una resolución judicial" y ha hecho estas dos comparaciones: "Es el mismo supuesto que cuando una persona tiene el carnet de conducir retirado y conduce el vehículo. O cuando una persona rompe una orden de alejamiento de un juez. Es una desobediencia". Además, también ha asegurado que sí concretaba las acciones de cada uno de los acusados: "No es un totum revolutum, todos tienen la misma conducta". La juez se ha alineado con la fiscal y no ha avalado ninguno de los argumentos de la defensa.

La querella de la Fiscalía

Según la querella que presentó la Fiscalía el 14 de septiembre del 2017, la actuación de la Sindicatura contravenía la suspensión de la ley del referéndum (que estaba recurrida en el Tribunal Constitucional por el gobierno español) y también el requerimiento que los advertía de que no podían nombrar a los miembros de las sindicaturas provinciales. El ministerio público consideraba que estaban ejerciendo las funciones "sin ninguna legitimidad" y por eso los acusaba de estar cometiendo un delito de desobediencia. De hecho, alertaban de que la Sindicatura también había hecho el sorteo de las mesas electorales y había acreditado las organizaciones interesadas en la campaña del referéndum. La Fiscalía también les reprochaba que continuaran actuando como autoridades públicas y publicando en los diarios oficiales de la Generalitat y del Parlament y les recordaba que las funciones que tenía previsto desarrollar la Sindicatura durante el 1-O estaban reservadas a las Juntas Electorales. Y de aquí justificaban el delito de usurpación de funciones.

La Sindicatura se disolvió una semana después de que el Govern de Carles Puigdemont se lo pidiera explícitamente. Era el 21 de septiembre y el Tribunal Constitucional había amenazado con multas de hasta 12.000 euros diarios para los cinco síndicos electorales y de 6.000 euros para los miembros de las sindicaturas territoriales. Al día siguiente, el ejecutivo catalán pedía a los miembros de la Sindicatura que abandonaran sus tareas. Los cinco politólogos y juristas que serán juzgados defienden su inocencia y denuncian "la actitud represora de la Fiscalía", como dice este miércoles el politólogo Jordi Matas en una entrevista al ARA.

Concentración de apoyo

Antes del juicio, el independentismo se ha concentrado a las puertas de la Ciutat de la Justícia para apoyar a los cinco síndicos. Entre el centenar de personas que se han manifestado estaban el ex president de la Generalitat Quim Torra; el presidente del Parlament, Roger Torrent; la consellera de la Presidencia, Meritxell Budó; la candidata electa de JxCat, Laura Borràs; así como también el ex conseller Raül Romeva y el dirigente de JxCat y expresidente del ANC, Jordi Sànchez. También estaban la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, y el vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri.

"Todo esto pasa en un gobierno de socialistas y comunes, y si ellos quisieran no pasaría", ha criticado Quim Torra en declaraciones a los medios de comunicación, después sentenciar "que no vendan mesas de diálogo que no sirven de nada". La vicepresidenta de JxCat Elsa Artadi ha añadido que "la represión actúa con más fuerza ante la victoria independentista". A pesar de apuntar que cada día se "vulneran más derechos", ha sentenciado: "No nos pararán y no nos asustan".

Por su parte, la portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha calificado de juicio "de la vergüenza" y ataque "a la libertad" la causa a la que están sometidos los síndicos del 1-O. Por eso, ha pedido la absolución y la amnistía "para todas las personas con juicios abiertos" por el Procés. "Y la familia real quedando impune", ha criticado.

Quien todavía ha ido más allá es la cabeza de lista de la CUP, Dolors Sabater, que ha argumentado que el juicio es una "amenaza" porque se produce después de las elecciones del 14-F y cuando se negocia la próxima legislatura. "Con este ataque, el régimen del 78 da un paso más en la escalada represiva", ha denunciado, al mismo tiempo que ha garantizado "firmeza" para mantener la "valentía".

A su vez, desde el ANC y Òmnium, Elisenda Paluzie y Marcel Mauri han tildado de "ataque a la libertad académica" el juicio de este miércoles. Mientras que Paluzie se ha mostrado convencida de que la justicia internacional anulará la causa "por la vulneración de derechos fundamentales", Mauri ha reivindicado otra vez la autodeterminación y la amnistía como "única solución" al conflicto entre Catalunya y el Estado.

Los rectores, con los síndicos

Por su parte, los rectores de las universidades catalanas han estado junto a los síndicos –algunos son académicos de estos centros– y han defendido su tarea acompañándolos hasta las puertas de los juzgados. El rector de la UB, Joan Guàrdia, ha pedido priorizar la ciencia y la academia, y el de la UPF, Jaume Casals, ha sostenido que los imputados no hacen "nada" en un tribunal y ha tildado de "absurda" la causa. Finalmente, el rector de la UAB, Javier la Fuente, ha afirmado que la función de la Sindicatura del 1-O fue "legítima" y se ha mostrado esperanzado en la absolución del caso.

Además de los rectores de las universidades, los partidos políticos y las entidades, los síndicos han recibido el apoyo de decenas de personas que se han concentrado para mostrarles su apoyo. Después de varios llamamientos de consignas contra la "represión", los imputados han accedido a la Ciutat de la Justícia. Lo han hecho en un pasillo de honor que han creado entre aplausos varios abogados con toga, entre ellos Jaume Alonso Cuevillas y Pep Cruanyes.