Los socios presionan a Sánchez: quieren cambios en la ley de secretos oficiales para avalarla

BarcelonaDespués de que el gobierno español hiciera este verano el último paso para que la ley de secretos oficiales viera la luz –la aprobó en el consejo de ministros en julio–, le queda ahora todo el trámite parlamentario. Y no se augura plácido. Los socios de investidura no avalan el 100% de la norma que debe sustituir la ley franquista que mantiene clasificados documentos clave de la historia del Estado. De hecho, la mayoría son críticos con la parte central de la ley: el período de desclasificación de los documentos. Respecto a el anteproyecto de hace tres años, el gobierno español ha rebajado cinco años este plazo en el caso de las materias más restringidas, pero esto no es suficiente para la mayoría de socios, que reclaman que estos períodos sean más cortos. Los grupos tienen hasta este miércoles 17 de septiembre para presentar sus enmiendas.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, auguró este verano que la ley podía quedar aprobada a finales de este año y que, por tanto, los documentos de la Guerra Civil, el franquismo y también del 23-F podían quedar desclasificados automáticamente cuando la ley entrara en vigor (un año después de su aprobación). Bolaños lo decía por los plazos que el gobierno español había establecido para desclasificar de forma automática las materias clasificadas como "alto secreto": 45 años, con una única opción de prórroga de 15 años, lo que llevaría a guardar estos documentos hasta un máximo de 60 años. Los plazos para desclasificar las otras tres categorías eran los siguientes: por las materias clasificadas como "secreto", el período sería de 35 años prorrogable a 10 años; para cuestiones "confidenciales", entre 7 y 9 años; y para las materias "restringidas", el plazo sería de entre 4 y 5 años.

El PNV es el grupo que había presentado, sin éxito, esta norma varias veces en el Congreso hasta que el ejecutivo español la asumió como proyecto de ley. Los jeltzales ya avisaron en verano de que el contenido no acababa de convencerles y que exigirían al gobierno de Pedro Sánchez que redujera los plazos de desclasificación. Fuentes de la formación apuntan al ARA que hay cosas "que se pueden mejorar" y que presentarán enmiendas. Ahora bien, no concretan todavía su contenido. Sin embargo, el grupo que ahora lidera Maribel Vaquero en el Congreso había defendido en su momento unos períodos de desclasificación más cortos, que los situaba en 25 años para las materias catalogadas como secretas –con una posible prórroga de 10 años–, y de 10 años para los documentos reservados.

La ley tampoco acaba de convencer al socio minoritario del gobierno español, Sumar, que ya pidió cambios para reducir, también, estos plazos para que la ley vaya "en la línea con los países de nuestro entorno", aunque no ha especificado todavía su propuesta. En la misma línea, Podemos apostaba, por ejemplo, que el plazo de 45 años se redujera a 20. La petición también la hacen desde Esquerra, que consideran que los plazos son "demasiado elevados", especialmente de las dos primeras categorías –alto secreto y secreto–. En este sentido, fuentes del grupo parlamentario en Madrid recuerdan que en otros países los plazos son más bajos y ponen de ejemplo a Italia o Reino Unido. Al igual que Esquerra, EH Bildu también presentará enmiendas en la misma línea porque el partido considera que no es suficiente con desclasificar de forma automática los documentos hasta el intento de golpe de estado de 1981, sino que hay que ir más allá y llegar ya de entrada al período de los GAL. Juntos, por su parte, debe concretar aún si presentará enmiendas.

Revisar las sanciones

Desde dentro del gobierno español, Sumar también reclama cambios en la parte sancionadora de la ley. El texto incorpora sanciones por revelar información clasificada que van desde penas de prisión hasta un régimen sancionador administrativo con multas desde los 30.000 euros hasta los 2,5 millones, en función de la gravedad de las revelaciones. El partido de Yolanda Díaz pide reducir las sanciones, al igual que Esquerra, que apuesta por contemplar "sanciones administrativas" y eliminar o, al menos, reducir la sanción penal actualmente vigente en el artículo 598 del Código Penal, que contempla entre 1 y 4 años de cárcel. Los republicanos consideran que la incorporación de un régimen sancionador administrativo debería dejar en inaplicable cualquier sanción penal.

Además, Sumar también hacía otras peticiones como que no se clasificara como reservada la información que pudiera ser "relevante" en un proceso judicial en el que se persigan conductas contra la dignidad humana. Desde ERC también se plantean pedir que las autoridades autonómicas competentes en materia de seguridad o relaciones internacionales puedan instar a la clasificación de documentos. La ley sólo da potestad al consejo de ministros para clasificar la información de alto secreto y secreto. En el caso de las materias confidenciales y restringidas, pueden hacerlo más autoridades como la directora del CNI, la secretaría de Instituciones Penitenciarias o el jefe del estado mayor de la defensa.