El Supremo absuelve definitivamente a Tamara Carrasco pese a la oposición de Marchena y Llarena

contra MadridFracasa el intento desesperado de la Fiscalía para condenar a Tamara Carrasco, la activista de los CDR detenida por un supuesto delito de terrorismo y que ha acabado absuelta. La sala segunda del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación del ministerio público contra la sentencia de la Audiencia de Barcelona, que ya había ratificado la del juzgado que en primera instancia absolvió a la vecina de Viladecans del delito de incitación a los desórdenes públicos. La decisión, sin embargo, no ha sido unánime: un bloque conservador formato por Manuel Marchena, Pablo Llarena, Antonio de Moral, Julián Sánchez Melgar, Vicente Magro y Ángel Hurtado se ha mostrado partidario de la condena, mientras que una mayoría de diez magistrados apoyará la ponencia en contra que redactará el juez catalán Javier Hernández, una de las últimas incorporaciones de la sala segunda del Supremo.

El ministerio público quería revocar una doble absolución en el alto tribunal en una causa que persigue a Carrasco desde el 10 de abril del 2018, cuando la Guardia Civil la detuvo en su municipio. En la misma operación, otro activista de los CDR, Adrià Carrasco, escapó hacia Bélgica para evitar el calvario judicial español. Y es que Tamara Carrasco fue trasladada a Madrid acusada de rebelión y terrorismo y, después de pasar por la Audiencia Nacional, se le dictó una orden de confinamiento en Viladecans que se alargó más de un año. Poco a poco, el procedimiento judicial se fue deshinchando hasta quedar en una incitación a los desórdenes públicos, un delito reñido con la libertad de reunión y manifestación.

En la primera sentencia absolutoria, el juzgado penal número 25 de Barcelona cargó duramente contra la acusación de la Guardia Civil y la Fiscalía, basada en un mensaje de voz de WhatsApp sobre las protestas que se podrían producir por la detención de Carles Puigdemont en Alemania y que Carrasco reenvió a un grupo de amigos. La juez ya calificó de "poco seria" la investigación porque no se acreditó cómo se había conseguido el audio, pero también negó que cortar autopistas y rodear la estación de Sants de Barcelona –acciones planteadas en el mensaje– constituyeran delitos de desórdenes públicos. La segunda sentencia absolutoria fue la de la Audiencia de Barcelona, si bien discrepaba con la anterior en el sentido de que sí que consideraba que se habían producido "situaciones de violencia".

"La difusión por parte de la acusada de los mensajes contenidos en el audio a un grupo de conocidos, con el fin de ejecutar actos de violencia sobre las personas o las cosas, a través de manifestaciones o reuniones numerosas de personas, contiene todos los requisitos objetivos y subjetivos del tipo delictivo previsto en el artículo 559 del Código Penal", insistía la Fiscalía en su recurso ante el Supremo. "Se castiga la simple distribución o difusión pública de mensajes con suficiente aptitud como para hacer surgir en otro o reforzar la resolución delictiva consistente al generar desórdenes públicos, sin que haga falta la efectiva ejecución o, ni siquiera, el inicio de estos desórdenes", añadía. Esta lectura restrictiva no ha triunfado, a la espera de conocer en detalle los argumentos de la sentencia de Hernández y de los votos particulares que ya se ha anunciado que habrá.

"Comienza el tiempo de la reparación"

La absolución del Supremo cierra la persecución judicial contra Carrasco, pero, tal como ya hizo cuando la Audiencia de Barcelona la declaró inocente, la activista quiere que se reparen los daños causados. "Punto final. Ahora empieza el tiempo de la reparación para Tamara Carrasco", ha anunciado su equipo de abogados, liderado por Benet Salellas, en un tuit. "1) reclamar por cuatro años de miedo y angustia, 2) averiguar quién y cómo obtuvo un WhatsApp que sigue sin explicación y 3) readirmar que convocar a manifestarse no puede ser nunca delito", sentencia el tuit.