El Supremo confirma que el fiscal general tendrá que ir a juicio por revelación de secretos
Pedro Sánchez mantiene la confianza en García Ortiz: "Cuenta con el aval del gobierno de España"
MadridEl fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no podrá evitar ser juzgado por revelación de secretos en el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso. La sala de apelación del Tribunal Supremo rechazó los recursos que habían presentado tanto su defensa como la Fiscalía con un voto particular en contra de la decisión mayoritaria. Así pues, García Ortiz ve frustrada la última oportunidad que tenía de evitar el juicio por haber filtrado presuntamente el correo en el que la defensa de Alberto González Amador reconocía a la Fiscalía que su cliente había cometido dos delitos fiscales. En cambio, el alto tribunal ha optado por exonerar a la fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid y, por unanimidad, ha acordado el archivo de la causa contra Pilar Rodríguez.
Pese al movimiento del alto tribunal, desde la Moncloa mantienen la confianza en García Otriz, tal y como han hecho desde el inicio de la investigación. Así lo expresaron fuentes del gobierno español y lo reiteró horas más tarde el propio presidente del ejecutivo, Pedro Sánchez, tras su reunión con el rey en cambio, aprovechó la ocasión para presionar al gobierno español, al que reprochan no haber forzado la salida del fiscal general del Estado. "Debe dimitir de inmediato. No puede continuar ni un minuto más", ha exigido Alberto Núñez Feijóo.
En el auto del Supremo que confirma el procesamiento, los dos magistrados de la sala penal que la suscriben -Julián Sánchez Melgar y Eduardo de Porres- concluyen que "la apreciación conjunta de todos los elementos indiciarios" que ha ido obteniendo el instructor de la causa, " debía publicarse", la noche del 13 de marzo del 2024, fue "una actuación coordinada e impulsada personalmente por el fiscal general del Estado". La resolución remarca que García Ortiz "lo había reclamado dos horas antes de su publicación para difundirla".
Aunque numerosos periodistas, que han declarado como testigos, afirmaron que conocían la información filtrada —el mensaje enviado el 2 de febrero por parte del abogado del novio de Ayuso, Carlos Neira, al fiscal del caso, Julián Salto— antes de que se enviara por correo al fiscal general, los dos magistrados. "No se puede pasar por alto que el fiscal general, pese a su posición institucional, borró los correos electrónicos de su cuenta de correo personal y también todos los mensajes de WhatsApp, lo que ha impedido a los investigadores, pese a los esfuerzos realizados, acceder a toda la información que existía sobre las comunicaciones de los investigados", remarca el auto. Los dos magistrados subrayan, además, que "es de experiencia común que cuando se borran datos se hace de elementos que pueden resultar desfavorables".
El papel de la fiscala de Madrid
La fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, fue quien envió al correo personal de García Ortiz, a petición del fiscal general del Estado, la comunicación entre la defensa de González Amador y el fiscal Salto. Lo hizo el 13 de marzo de 2024 a las 21.59 h, después de que hubieran hablado por teléfono unos veinte minutos antes, presumiblemente al respecto después de que El Mundo publicara a las 21.29 h una versión errónea de los hechos en la que sostenía que era la Fiscalía quien había ofrecido el pacto a González Amador. Es a partir de ese momento que García Ortiz se movilizó para tratar de desmentir la información —lo hizo oficialmente con la publicación al día siguiente de una nota de prensa.
El fiscal general ha admitido la responsabilidad de la difusión del comunicado en el que negaba que fuera cierto que hubiera sido un ofrecimiento del fiscal Salto, pero ha negado haber filtrado previamente el correo a la prensa. Ahora bien, el Supremo considera que el hecho de que García Ortiz lo tuviera hace posible que lo reenviase esa misma noche a periodistas —concretamente, a la Cadena SER, que informaba de ello a partir de las 23.25 h en antena ya las 23.51 h en la web—. La resolución remarca que Rodríguez era "consciente" de que enviaba "información sensible" a su superior para desmentir públicamente una noticia. Ahora bien, el Supremo archiva la causa contra ella justamente por el hecho de que cumplía lo establecido en el principio de dependencia jerárquica de la Fiscalía, como es la obligación de informar de sus movimientos a su máximo responsable.
El Supremo ve justificado que pasara la información a García Ortiz y subraya que Rodríguez no estuvo vinculada a la redacción de la nota de prensa. Así pues, el alto tribunal concluye que la fiscal madrileña no tiene responsabilidad penal y ve "posible" que "no se diera cuenta de las eventuales consecuencias jurídicas de la publicación o no quisiera contradecir el criterio de su superior". En cualquier caso, los magistrados consideran que "no tenía capacidad de supervisión ni de impedir la iniciativa del fiscal general del Estado".
El voto particular: no hay suficientes indicios
El magistrado Andrés Palomo, en cambio, discrepa de la decisión de los otros dos jueces y sostiene que no hay suficientes indicios contra García Ortiz. cometiera el delito. El magistrado reprocha que se haya sacado adelante la causa cuando no se ha podido acreditar una "base indiciaria sólida" y defiende que "en ningún caso le es exigible [al fiscal general] que acredite su inocencia [...] Son las acusaciones las que deben acreditar su posición", algo que a juicio de este.