El Supremo duda de la legalidad de la regularización de migrantes y se plantea enviar el caso a Europa

Barcelona / MadridEl Tribunal Supremo expresa dudas sobre la legalidad de la regularización extraordinaria de migrantes que ha impulsado el gobierno español y que finaliza este martes. En dos providencias avanzadas en las últimas horas por diversos medios, y a las cuales ha tenido acceso el ARA, el alto tribunal cuestiona el encaje del decreto aprobado por el ejecutivo de Pedro Sánchez en el derecho europeo y da cinco días a las partes personadas contra el proceso –en este caso el gobierno de Aragón y el del País Valencià, ambos del PP– para que se pronuncien sobre la idoneidad de plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con sede en Luxemburgo.

Los escritos del Supremo, con fecha 24 de junio y en respuesta a los recursos de estos dos gobiernos autonómicos, han trascendido cuando faltan pocas horas para que acabe el proceso de regularización: esta próxima medianoche expira el plazo para presentar las solicitudes. Los últimos datos oficiales de hace un par de semanas indicaban que se han hecho 900.000 solicitudes, a pesar de que el mismo presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha revelado este martes que se han superado los 1,2 millones de expedientes, más del doble de las previsiones del gobierno español (500.000). Sánchez lo ha dicho durante la presentación de un plan de 500 millones de euros para reforzar, precisamente, la integración de las personas migrantes en el Estado.

¿Qué dice el tribunal?

En concreto, el Supremo pone el foco en diferentes elementos. El primero es que "el régimen de regularización establecido por el gobierno español [...] suscita la duda de si podría entrar en colisión con las normas que implementan el Pacto de Migración y Asilo de la UE [que entró en vigor el 12 de junio]", afirma el alto tribunal en sus providencias, que duda que los estados puedan aprobar normas que vayan en contra de este acuerdo aunque se hayan puesto en marcha antes de la entrada en vigor del pacto.

Los magistrados también plantean una posible colisión con la directiva de retorno de la UE y cuestionan si "es admisible" que las personas que están en situación irregular en el Estado no se sometan a una orden de retorno con las excepciones que la misma norma comunitaria autoriza, sino que "se les reconozca un derecho de residencia temporal con carácter general y por el mero hecho de la estancia irregular en España".

A la vez, el TS duda que el reglamento de la UE permita que un estado adopte y aplique, mediante una norma reglamentaria de rango "infralegal", un proceso de regularización masiva de personas de terceros países en situación irregular.

Finalmente, advierte de un posible choque con el código de fronteras Schengen, según el cual el "control fronterizo no se efectúa únicamente en interés de los estados miembros donde se realiza este control, sino en interés del conjunto de los estados". En este sentido, recuerda que el migrante que obtiene la autorización de residencia temporal de un año adquiere el derecho a "circular libremente por el espacio Schengen" durante 90 días en periodos de 180. El TS duda que lo pueda hacer sin que conste ninguna coordinación previa con el resto de estados de la UE.

Por todo ello, el alto tribunal ha trasladado a las partes que tienen un plazo de cinco días para informar sobre la opción de acudir al TJUE para que analice si la regularización cumple la normativa europea.

El gobierno apela a la "tranquilidad"

Cuando se emite una cuestión prejudicial se paraliza automáticamente el procedimiento judicial, si bien esto no debería afectar automáticamente la vigencia de la regularización. Hay que recordar, de hecho, que la sala de lo contencioso-administrativo del mismo Tribunal Supremo rechazó en mayo suspender cautelarmente el decreto del gobierno español, tal como le habían pedido Vox y la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso (PP). El abogado experto en migración Albert Parés, de la Associació Noves Vies, asegura a el ARA que la decisión del Tribunal Supremo "no afectará" al proceso de regularización porque finaliza, precisamente, este martes.

Desde el gobierno español apelan a la "tranquilidad" de todas aquellas personas que han presentado una solicitud. Fuentes del ministerio de Migraciones recuerdan que también se pueden pronunciar sobre la "pertinencia" de la cuestión prejudicial y que ya trabaja con la Abogacía del Estado para "aclarar" las dudas. "En caso de elevarse [al TJUE], serviría para resolver las dudas concretas antes de resolver el fondo de la cuestión", apuntan desde el ministerio, que defienden que el redactado de la norma es "estrictamente" compatible con el derecho comunitario. "La regularización otorga un permiso de residencia y trabajo válido exclusivamente en territorio español", reiteran las mismas fuentes.

Por su parte, y aunque no tenga nada que ver una cosa con la otra, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vinculado las dudas del Supremo sobre la regularización de migrantes con su denuncia sobre las nacionalizaciones que prevé la ley de memoria democrática. Según Feijóo, el gobierno español está tomando decisiones "de gran impacto demográfico y electoral sin consenso suficiente". La regularización que se acaba este martes otorga el permiso de trabajo y residencia durante un año y no la nacionalidad ni el derecho de voto.

Quim Clavaguera, abogado y diputado responsable de la comisión de extranjería del Col·legi d'Advocacia de Barcelona (ICAB), cuestiona que el TJUE resuelva a favor de dejar sin efecto las regularizaciones y, por contra, afirma que quizás sí que hay un reproche sobre cómo se ha hecho el proceso e incluso pueda acabar imponiendo una multa al Estado. Ahora bien, indica que las regularizaciones aprobadas son "derechos adquiridos" y, además, el tribunal comunitario puede tardar años en valorar la petición del Supremo, un tiempo en el que los beneficiarios del procedimiento ya habrán tenido que hacer una renovación de la documentación.

Con todo, Clavaguera señala que todo el proceso de regularización se ha hecho "de manera caótica" y "con prisas" desde el principio, con diversos criterios y requisitos para acogerse a los trámites, y que una vez se abrieron las ventanillas para recoger la documentación también ha habido desorden, como se ve en el hecho de que cinco semanas después del inicio del proceso el ministerio de Derechos Sociales tuvo que salir a resolver dudas y confusiones. En este sentido, el abogado indica que se pidieron documentos que no hacían falta y alerta de que ahora el "caos" está en las comisarías de la Policía Nacional, donde no se encuentran citas para hacer la recogida de las huellas digitales.