Gobernabilidad en el Estado

El Supremo imputa al fiscal general y abre un nuevo frente a Sánchez

García Ortiz no dimitirá, pese al cerco de la derecha política y judicial, y reúne a los fiscales este jueves en plena crisis institucional

MadridLa Moncloa ya contaba con ello, pero la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por parte del Tribunal Supremo ha llegado este miércoles casi como una tormenta perfecta contra Pedro Sánchez. La escena era reveladora en el Congreso: acorralado durante la sesión de control por las últimas investigaciones del caso Koldo que ya afectan de lleno al exministro José Luis Ábalos —la Fiscalía Anticorrupción ya ha pedido al Supremo su imputación—, el jefe del ejecutivo del Estado se marchaba con prisas hacia Bruselas en cuanto había terminado de responder a sus preguntas. Era el reflejo de un Sánchez a la defensiva ante la corrupción que ahora salpica al PSOE. A los pocos minutos se conocía la imputación de García Ortiz por la filtración de los correos en los que la pareja de Isabel Díaz Ayuso confesaba a la Fiscalía haber defraudado Hacienda, una situación sin precedentes en el Estado. Tanto Sánchez como el fiscal general dejaron claro que no van a dimitir.

La sala segunda del Supremo, aún presidida por Manuel Marchena —acaba mandato a principios de noviembre—, ha puesto su granito de arena en la asfixia que la derecha pretende contra el gobierno español con una decisión muy polémica. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha expresado su "apoyo total" a García Ortiz y su discrepancia con la resolución unánime de los magistrados. "Entre los delincuentes confesos y los fiscales que dicen la verdad, el gobierno se queda con los fiscales que dicen la verdad", ha subrayado Bolaños, que se ha mostrado convencido de que la causa "quedará en nada". ¿Por qué?

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El Supremo no ve "información indebidamente revelada" en la nota de prensa que la Fiscalía de Madrid emitió el 14 de marzo por la mañana, en la que evidenciaba que el empresario Alberto González Amador había propuesto un pacto de conformidad con el ministerio público para intentar reducir una eventual condena, sino en la filtración previa de correos electrónicos entre el abogado de la pareja de Ayuso y la Fiscalía a determinados medios como la SER, elDiario.es y El País. Se trataba de desmentir la bola que el entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid había difundido antes en medios afines: que era la Fiscalía y no González Amador quien había propuesto un pacto de conformidad. El Supremo entiende que el comunicado de la Fiscalía no desvelaba nada innovador porque ya se había publicado antes en algunos medios. Esto complica el recorrido de la causa, porque los periodistas podrán escudarse en el derecho de no revelar sus fuentes y, por tanto, que el Supremo no pueda acreditar la autoría de la filtración de los correos. Lo que fuentes del gobierno español se preguntan en privado es la motivación de la segunda sala del Supremo. “Habrá mucho ruido y se habrá dado un paso muy grave de investigar a un fiscal general para que acabe en nada”, lamentan.

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García Ortiz niega haber filtrado correos

El enfrentamiento de la derecha contra Sánchez ya no se entiende sin la pata judicial, en este caso representada por la sala segunda del Supremo y el fiscal general del Estado, que ha dejado un mensaje entre líneas en el comunicado en el que defiende la su continuidad. "[La imputación] obliga a hacer una profunda reflexión sobre los hechos que la motivan y las circunstancias que le rodean", dice. En una entrevista en el canal 24 horas, García Ortiz ha defendido que la fiscalía general debe estar más allá de las disputas políticas y ha negado haber pasado ningún material a la prensa antes del comunicado: "Ni yo ni mi entorno hemos filtrado ningún correo", ha dicho, y ha recordado que esta información no sólo la tenían él y su equipo, sino también la otra parte.

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Cabe recordar que García Ortiz apartó a los cuatro fiscales del Supremo que se negaban a amnistiar a los líderes del Proceso y que mantiene una fuerte discrepancia con Marchena y Pablo Llarena sobre la aplicación de la ley. En este contexto, un gesto como la dimisión sería una cesión que el presidente español no puede permitirse, pese a “la afectación” que el propio fiscal general admite que se produce en la institución. Este jueves reúne a la Junta de Fiscales de Sala y al Consejo Fiscal para explicar su decisión y se evidenciará la división en el organismo: el bloque conservador le ha exigido que se pliegue. Adelantándose a las críticas que pueda recibir, García Ortiz ya ha dejado claro este miércoles que la decisión de continuar está tomada, por "duros" que sean los comentarios que reciba en esta reunión.

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También lo ha hecho el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que había arrancado por la mañana en el Congreso reclamando la dimisión de Sánchez. Antes de conocerse la imputación del fiscal general, el presidente conservador había vaticinado que la agonía legislativa sería "una broma junto a la agonía judicial" en el primer cara a cara desde que la Guardia Civil comprometió a Ábalos en el informe que la semana pasada aportó al caso Koldo. "Todos los caminos conducen a usted: ha acabado con un nombre en clave en la trama corrupta", se ha cebado Feijóo contra Sánchez, a quien ha criticado que en lugar de dar explicaciones "ponga querellas contra Juan Carlos Peinado", el juez que investiga a su esposa, Begoña Gómez.

No se esperaba que el presidente español aclarara los motivos reales por los que cesó Ábalos en el 2021, ni tampoco qué relación tenían Gómez y el empresario Víctor de Aldama, a quien la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa como presunto líder de la trama. "Usted insiste en que si estoy tapando... No me hable usted de tapar", ha arrancado Sánchez, quien ha reiterado que en febrero el PSOE expulsó del partido a Ábalos una vez se conocieron las primeras informaciones que afectaban a su jefe de gabinete , Koldo García. Una manera de proceder muy distinta a la del PP, ha subrayado, y ha recordado que el partido "enalteció" a Ayuso para ocultar la corrupción y "apartó" al expresidente Pablo Casado para denunciarla. "De la A de Ayuso a la Z de Zaplana, tienen un caso de corrupción para cada letra del abecedario", espetó Sánchez, en la línea de la estrategia de contraatacar que ya puso en marcha a principios de semana.

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Sánchez pide disculpas

Lo que no esperaba Sánchez era que las críticas le llegaran desde la izquierda. No desde Sumar, que hace equilibrios por no hacerle el juego al PP, sino desde Podemos. "Me indigna profundamente que mientras algunos estábamos intentando introducir la congelación de los precios del alquiler en el escudo social hubiera gente de su gobierno metiendo la mano en la caja", le ha soltado la diputada Ione Belarra. "Es un caso de corrupción que lamento, y por eso pido disculpas a la ciudadanía, actuamos desde el inicio", se ha defendido Sánchez. No fue una jornada agradable para el presidente español, que reivindicó su acción de gobierno y prometió agotar la legislatura. Aprobar los presupuestos sería oxígeno, pero también que el PP fracase en los tribunales. En Génova incluso asumen que la querella por financiación irregular contra el PSOE tiene pocas posibilidades de prosperar.

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El Supremo da pistas a la pareja de Ayuso para su causa

En el auto el Supremo cuestiona que la Fiscalía revelara información de la causa abierta contra la pareja de Ayuso y ve un "posible perjuicio al derecho de defensa" de González Amador. De esta forma, el alto tribunal da argumentos a la defensa para torpedear la investigación. "La revelación del correo del día 2 de febrero [...] puede tener repercusión en el derecho a la presunción de inocencia. Aunque este reconocimiento no tuviera lugar en el marco del procedimiento penal y con todas las garantías, se trataba de una propuesta reservada, no compatible [...] con la misión de información a la opinión pública de los acontecimientos que se produzcan, fijada estatutariamente para el ministerio fiscal y que puede condicionar la futura tramitación del procedimiento de este particular", dice en el texto.