Caso Ayuso

El fiscal general descarta dimitir pese a la imputación del Supremo por el caso de la pareja de Ayuso

El PP pide que deje el cargo y el gobierno español le da un apoyo "total" aunque deje a Sánchez en una posición incómoda

MadridEl Tribunal Supremo investiga desde este miércoles al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La sala penal del alto tribunal, presidida por Manuel Marchena, ha acordado por unanimidad abrir una causa contra García Ortiz por revelación de secretos por la difusión de información sobre la causa contra el empresario Alberto González Amador por fraude fiscal y falsedad documental. Esta decisión implica que se impute por primera vez la máxima autoridad de la Fiscalía, lo que abre una crisis institucional sin precedentes en el Estado que añade un quebradero de cabeza a Pedro Sánchez, que es quien le nombró. El PP ha exigido la dimisión inmediata de García Ortiz y ha cargado contra el presidente del gobierno español por el "infinito goteo de corruptelas y anomalías que le persiguen". En un comunicado, el fiscal general descartó dejar el cargo y el gobierno español lo avaló, aunque la imputación deja en una situación incómoda al presidente del ejecutivo.

De hecho, García Ortiz admite "la afectación" que supone su imputación para la Fiscalía, pero argumenta que continuar a la cabeza es "el menos costoso y el más prudente para la institución a medio y largo plazo ". La decisión de mantenerse, sostiene, "refuerza la independencia" del ministerio público. El fiscal general del Estado ha convocado este jueves la cúpula de los fiscales por explicarse y los pronunciamientos que ya han hecho varias asociaciones de fiscales anticipa que su decisión será cuestionada. La mayoritaria y conservadora Asociación de Fiscales ha invitado a García Ortiz, en declaraciones a Europa Press, a valorar si para defenderse a sí mismo debe "arrastrar" a la institución, mientras que la Asociación Profesional Independiente de Fiscales ha exigido de ello directamente la dimisión.

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La vicepresidenta primera del gobierno español, María Jesús Montero, y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, han apoyado públicamente a García Ortiz. En declaraciones a los pasillos del Congreso, Montero alabó su "honorabilidad" y "profesionalidad", así como el trabajo realizado hasta ahora, y subrayó que "en el fondo de este caso había una mentira de Ayuso", de la cual el fiscal general trató de "defenderse". "Intentan demonizarle", ha denunciado. En la misma línea se ha pronunciado Bolaños en una comparecencia en la que ha expresado "apoyo total" a García Ortiz. "Estoy seguro de que este asunto quedará en nada", vaticinó el titular de Justicia, quien remarcó que "lo único que ha hecho es explicar la verdad". "Entre los delincuentes confesos y los fiscales que dicen la verdad, el gobierno se queda con los fiscales que dicen la verdad", ha añadido.

Revelación de secretos

La actuación que ha puesto García Ortiz en la cuerda floja fue la decisión tomada el 14 de marzo de desmentir a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que el día anterior había negado que su compañero debiera dinero a Hacienda. La Fiscalía emitió un comunicado en el que explicaba que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid le propuso un pacto de conformidad el 2 de febrero en el que reconocía la comisión de dos delitos fiscales en relación con el impuesto de sucesiones de los ejercicios de 2020 y el 2021. El Supremo ve un posible delito de revelación de secretos en que "horas antes de dar publicidad a la nota informativa" se filtraran los correos del abogado de González Amador con la Fiscalía a medios de comunicación, cuando ya estaban en poder de García Ortiz y de la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, también imputada.

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A juicio del alto tribunal, el comunicado no tenía aparentemente "información indebidamente revelada" porque ya la había publicado previamente la prensa, pero pone bajo sospecha los pasos previos a la difusión de la nota. García Ortiz asumió públicamente su "responsabilidad última" hace meses y en el comunicado en el que reacciona a la imputación vuelve a defender que el deber de la Fiscalía es "garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz" y "más aún en un caso como éste en el que con falsedades se comprometía la imagen de la institución y de varios de sus integrantes". El Supremo, por el contrario, pone en duda que la actuación de García Ortiz esté justificada y ve un "posible perjuicio al derecho de defensa" de González Amador. De este modo, además, el alto tribunal da argumentos a la pareja de Ayuso para torpedear la investigación abierta contra él.

"La revelación del correo del día 2 de febrero [...] puede tener repercusión en el derecho a la presunción de inocencia. Aunque este reconocimiento no tuviera lugar en el marco del procedimiento penal y con todas las garantías, se trataba de una propuesta reservada, no compatible [...] con la misión de información a la opinión pública de los eventos que se produzcan, fijada estatutariamente para el ministerio fiscal y que puede condicionar la futura tramitación del procedimiento del mismo particular", dice el auto del Supremo. Este "perjuicio derivado de las revelaciones" de la Fiscalía lleva al Supremo a abrir la investigación después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid elevara el caso a mediados de julio. La exposición razonada del TSJM ya indicaba ese camino aduciendo que la difusión de la nota de prensa "no se corresponde con la alegada finalidad que apunta el ministerio fiscal".

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Arma para el PP

La imputación de García Ortiz se añade al caso Koldo y al caso Begoña Gómez como arma del PP contra el gobierno español, como se ha podido comprobar en breve durante la sesión de control de este miércoles en el Congreso. Los populares reprocharon a Sánchez que haya abandonado el hemiciclo pocos minutos antes de que se hiciera pública la decisión del Supremo y salieron en tromba contra él. En un mensaje a X, Alberto Núñez Feijóo, con quien se ha visto cara a cara a primera hora, ha denunciado que el gobierno español "no puede parar de mentir y tampoco puede parar de ensuciar cada institución". "Que se marchen ya Sánchez y su fiscal general", ha dicho.

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