El Supremo juzgará al fiscal general entre el 3 y el 13 de noviembre

MadridEl fiscal general del Estado ya no tenía ninguna posibilidad de evitar el juicio. El Tribunal Supremo ya había informado de la composición del tribunal que le juzgará, de mayoría conservadora, y sólo faltaba conocer las fechas de la vista oral. Este viernes el alto tribunal ha comunicado que será del 3 al 13 de noviembre. Serán seis sesiones, de mañana y tarde, repartidas en dos semanas para determinar si Álvaro García Ortiz fue quien filtró el correo en el que el novio de Isabel Díaz Ayuso reconocía ante la Fiscalía haber cometido fraude fiscal. Alberto González Amador será, de hecho, uno de los testigos en el juicio junto al jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez (MÁR). Declararán un total de 40 testigos.

Ahora bien, estas dos personas, del entorno más cercano a la líder del PP madrileño, serán de los platos fuertes del juicio. La estrategia de defensa de García Ortiz pasa por señalarlos. En su escrito de conclusiones provisionales, la Abogacía del Estado, que ejerce de defensa del fiscal general, pidió citarles acusando a MÁR, mano derecha de Ayuso, de haber orquestado una operación "desde el aparato institucional de la Comunidad de Madrid" para difundir información falsa para proteger a González Amador. Concretamente, lo que difundió el entorno de la presidenta de Madrid es que había sido la Fiscalía la que había ofrecido un pacto, cuando fue al revés. El objetivo, dice el fiscal general, era crear un "relato alternativo" para presentar a la pareja de Ayuso como "víctima de una operación política".

García Ortiz defiende que actuó para contrarrestar este relato con una nota de prensa desde la Fiscalía General del Estado, si bien niega haber sido quien filtró el correo, antes de emitir el comunicado, a la prensa. Según el instructor del caso y las acusaciones, está claro que fue él –cometiendo así el delito de revelación de secretos del que se le acusa– por el hecho de que maniobró para conseguir el correo de la defensa de González Amador y, entre otros indicios, borró los mensajes que envió ese día. En el juicio, se contrapondrán ambas versiones con las comparecencias como testigos de otros ocho fiscales, otros dos responsables de prensa de la Fiscalía, doce periodistas y once agentes de la Guardia Civil.

También tendrán que acudir cuatro políticos. Aparte de MÁR, testificarán el exlíder del PSOE madrileño Juan Lobato así como los excargos de la Moncloa Pilar Sánchez Acera y Francesc Vallès, que intercambiaron whatsapps con el correo al día siguiente que algunos medios revelaran que existía esa comunicación que desmontaba la versión de Ayuso. Otro testigo será el abogado Carlos Neira, de la defensa de González Amador, quien fue quien envió el correo a la Fiscalía. El Supremo ha rechazado, por el contrario, que testifiquen al actual líder del PSOE de Madrid, Óscar López, así como al ex número tres de los socialistas Santos Cerdán, investigado por corrupción en el mismo órgano y en prisión provisional.

¿A qué se enfrenta?

Mientras que la defensa de García Ortiz y la Fiscalía piden que se le absuelva, las acusaciones piden penas de prisión para el fiscal general del Estado. La pareja de Ayuso reclama una condena de cuatro años de cárcel y una indemnización de 300.000 euros por los "perjuicios morales causados" con la filtración de una comunicación confidencial. La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), una de las acusaciones populares, eleva a seis años de cárcel y doce de inhabilitación absoluta la petición de condena.

Aparte, el PP mantiene la presión política sobre García Ortiz y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que fue quien le nombró, con peticiones de dimisión. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha hecho eco este viernes de la decisión del Supremo de fijar la fecha del juicio para denunciar que es una "anomalía" que un fiscal general en activo se siente en el banquillo de los acusados ​​y lo ha puesto de ejemplo del "deterioro de las instituciones" que atribuye al mandato de Sánchez.