La tentación del Parlament

BarcelonaAntifrau ha señalado hasta diez irregularidades y malas prácticas en el Parlamento de Cataluña. Cito telegráficamente las más relevantes: premios de jubilación y premios de “vinculación” sin amparo legal a los funcionarios; licencias por edad concedidas sin seguir la normativa; tratos de favor en dos oposiciones, o creación de plazas ad hoc para incluir a varios jefes de departamento en el proceso de estabilización de la función pública.

Después de un informe como éste sería esperable que el Parlamento se comprometiera a investigar qué ha fallado ya averiguar responsabilidades. Pero por ahora la reacción ha sido más bien tibia. Se ha limitado a decir que pedirá un informe al secretario general actual, Albert Capelleras, y que la presidenta y la mesa de la cámara "reafirman su compromiso al seguir trabajando por una institución de máxima calidad, eficiencia y transparencia". Nada más. Silencio. ¿Tendrá la tentación el Parlamento de hacer ver que no pasa nada?

Con todo lo que tiene que ver con los extras a los funcionarios, la cámara hasta ahora ha contemporizado. Es un debate incómodo: los políticos –que en este caso actúan de patronal– han ido aceptando demandas del personal que pueden ser legítimas, pero que se han convertido en privilegios si se comparan con las condiciones del resto de la función pública y de la mayoría de los trabajadores privados. Sobre todo en el caso de los funcionarios de mayor rango, que son los que trabajan más cerca del poder político: tan sólo con gratificaciones extras los cuatro últimos secretarios generales del Parlament cobraron hasta 2,2 millones de euros.

¿Por qué? Probablemente, se ha dado la coyuntura perfecta: una administración pequeña, con una gran autonomía a la hora de autoorganizarse y unos políticos que sólo están de paso y lo último que quieren es enfrentarse con el personal de el cuarto (que les hace la vida más fácil). A diferencia de maestros y sanitarios, los funcionarios del Parlamento son numéricamente pocos –por tanto, el impacto presupuestario de sus extras es asumible sin encender alarmas–; el órgano que hasta ahora ha avalado las condiciones, la mesa, tradicionalmente había tenido poco foco mediático, y en comparación con el poder ejecutivo el Parlamento está menos auditado externamente por su propia naturaleza. Con una cúpula funcionarial perfectamente dirigida, se ha propiciado un microclima en el que no sólo parece normal todo lo que se tiene –la confusión entre el derecho y el privilegio– sino que cualquier cuestionamiento genera una reacción corporativa en contra.

Todo comienza con la presidencia de Ernest Benach y la secretaria general Imma Folchi –en el 2008 es el de la creación de la mayoría de gratificaciones–, pero quienes han venido después tampoco lo han revertido. Los privilegios sobrevivieron en la época de los recortes en toda la función pública –Núria de Gispert mandó las tijeras, pero no del todo–; Carme Forcadell, durante el Proceso, obvió toda la cuestión del personal; Roger Torrent dejó pasar las irregularidades señaladas por Antifrau en las oposiciones de ujier, y Laura Borràs endureció el acceso a los extras, pero no los extinguió. Sólo se derogaron formalmente las licencias por edad del reglamento de personal cuando se hizo público su coste en enero de 2022. Ahora la nueva responsable del Parlament es la presidenta, Anna Erra, que puede tener la tentación de dejarlo pasar todo (o no) una vez más.

Esta semana en el Congreso de Diputados ha habido una revolución. No ha estado en el hemiciclo, ni en los pasillos que frecuentan los diputados, sino en el restaurante de la cámara española. Los protagonistas han sido los parlamentarios y periodistas valencianos: pusieron en marcha una ola de protesta al probar la sartén que había en uno de los menús de la semana. Para los expertos, no era suficientemente buena.

Palestina e Israel también polarizan el debate político en Catalunya. Esta semana se ha constatado en el Parlament con las correderas de última hora que provocó la declaración de la junta de portavoces. Lejos de encontrar el consenso, se volvieron a constatar las posiciones alejadas: por un lado, el PSC, Junts, Ciutadans y el PP -que aprobaron el texto de "condena a los ataques terroristas de Hamás" y el "derecho a defender- de Israel"– y, por otra, ERC, los comunes, Vox y la CUP. Los cuperos desplegaron banderas de Palestina y abandonaron el hemiciclo.