Terremoto en el PSOE: Page anuncia que recurrirá la ley de amnistía

El presidente castellanomanchego se alinea con las comunidades autónomas del PP y también llevará la norma al TC

BarcelonaEl presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, también llevará la ley de amnistía al Tribunal Constitucional. Lo ha anunciado este viernes al mediodía el propio Page en una comparecencia en el acto institucional del Día de Castilla-La Mancha. De esta forma se alinea con las comunidades autónomas del PP y presenta batalla a su propio partido, el PSOE, que ha pactado la normativa con los partidos independentistas. "Para que esta región se defienda de lo que consideramos una agresión al concepto de igualdad y lo haga, lógicamente, en el Tribunal Constitucional", ha justificado Page. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se adelantó a todos este jueves, justo el día en que la ley se aprobaba en el Congreso, y anunció que su gobierno llevaba la ley al alto tribunal. Ante el desafío de Page, fuentes de la Moncloa y del PSOE se han limitado a contestar que "tiene derecho a hacerlo".

Emiliano García-Page ha sido una de las voces más beligerantes dentro del PSOE contra la ley de amnistía –junto también al expresidente español Felipe González– y, de hecho, incluso el PP le ha abierto sus puertas reiteradamente durante los últimos meses. Page admitió la discrepancia con su partido, pero cerró la puerta a incorporarse a las filas populares, incluso cuando le pillaron criticando al PSOE –tenía la cámara a un metro de distancia– en una conversación en Fitur con varios presidentes autonómicos del PP. Sin embargo, ahora el barón socialista da un paso más y se añade a los recursos de inconstitucionalidad que presentarán las comunidades gobernadas por el PP. Su gobierno solicitará al consejo consultivo el informe preceptivo para que determine si Castilla-La Mancha puede llevar la amnistía al TC. Según establece la ley orgánica que regula el TC, los órganos ejecutivos y legislativos de las comunidades autónomas están legitimados para interponer recurso de inconstitucionalidad contra las leyes que puedan afectar a su propio ámbito de autonomía. El alto tribunal deberá valorar si la amnistía afecta al ámbito de autonomía de las comunidades que presenten el recurso.

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Page defendió que su discrepancia no es "sólo" constitucional, sino que también lo es de "fondo" y, de hecho, considera que afecta a los "intereses" de su comunidad autónoma. "Unos se pelean por si es un perdón, otros por si es una victoria. Una victoria no, pero el perdón no se contrata, el perdón se da o no se da, pero no se hace a cambio de nada y menos a cambio de 'un chantaje', ha defendido el barón socialista. "Mi discrepancia seguirá adelante independientemente de la acción de la justicia", añadió. Page aseguró que su "obligación" es "velar" por si cualquier norma del Congreso o del Senado "afecta a los intereses y competencias de esta región": "Esto está por encima de cualquier circunstancia", aseveró.

Barbón, a favor; Lambán, en contra

Las palabras de Page contrastan con las del otro presidente autonómico socialista, el asturiano Adrián Barbón, quien considera que la ley de amnistía está "dentro del marco constitucional y favorece la concordia y la convivencia", expresó en declaraciones a Europa Press. El de Castilla-La Mancha y el de Asturias son los dos únicos gobiernos autonómicos que mantuvo el PSOE tras las elecciones autonómicas de mayo del pasado año. Los socialistas perdieron, entre otros, al ejecutivo de Aragón que presidía Javier Lambán, uno de los varones socialistas que también se habían mostrado críticos con los pactos de Pedro Sánchez con el independentismo. De hecho, Lambán es senador y se ausentó el día en que la cámara alta votó la ley de amnistía –el PSOE estudia si multarle con hasta 600 euros–, y esta semana cargó contra la normativa: justificó la su ausencia porque quería evitar "por activa y por pasiva" votar algo que "honradamente" consideraba que "está agravando el problema de convivencia en el resto del país y perjudicando la salud de la democracia".

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El gesto de Page no ha sido bien recibido por el PP, que lo considera un "teatraído", en palabras de la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra. "Ya podría haber convencido a sus diputados de que no votaran a favor de la ley de amnistía en lugar de esperar a que se aprobara este atropello", ha escrito a X.

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Ahora todos los focos se sitúan en el Tribunal Constitucional. Los socialistas lograron pactar con los 'populares' la renovación del alto tribunal y ahora el TC, presidido por Cándido Conde-Pumpido, tiene mayoría progresista. Hace casi veinte años, el alto tribunal también atrajo a todos los focos cuando el PP, varias comunidades autónomas y el Defensor del Pueblo recurrieron al TC el Estatut de Catalunya. El tribunal admitió entonces todos los recursos al ver justificado que estas comunidades estaban afectadas por el contenido de la ley catalana. El recurso que presentó el Defensor del Pueblo lo capitaneó el entonces socialista Enrique Múgica, que presidía la institución.