Las tres vías del Institut d'Estudis de l'Autogovern para acabar con el incumplimiento crónico de las inversiones en Catalunya

BarcelonaCatalunya tendría que recibir 2.230,3 millones de euros en inversiones del Estado en 2022. Es una frase en condicional porque si los presupuestos ya no son una ciencia exacta, cuando además nos fijamos en las inversiones en Catalunya la capacidad de predicción prácticamente pasa a ser la de las cartas del tarot. Entre 2013 y 2020, por ejemplo, la ejecución de las inversiones se situó en el 67,4%, según calculó la Cambra de Comerç de Barcelona, con un pico del 81% en 2017. Es decir, ninguno de los años analizados se cumplió lo que se había presupuestado. La situación no parece haber cambiado desde entonces: durante el primer semestre del año pasado –los datos anuales todavía no son públicos– solo se había ejecutado el 13% de las inversiones. Eliminar la distancia entre lo que se dice que se hará y lo que realmente se acaba haciendo es la base del último informe del Institut d'Estudis de l'Autogovern (IEA), que plantea tres posibles soluciones. Todas ellas, eso sí, tendrían que contar con el acuerdo del gobierno español, el mismo que hoy por hoy continúa sin cumplir.

De las tres propuestas, dos pasan por que la Generalitat participe en los procesos de ejecución de las inversiones y una última porque los incumplimientos del gobierno español generen nuevas obligaciones de futuro. En primer lugar, el IEA plantea que la Generalitat y la administración general del Estado subscriban un convenio para que Catalunya pueda hacer el seguimiento a tiempo real de las inversiones. La Generalitat tendría un conocimiento directo de su grado de ejecución y podría colaborar en su implementación (el régimen jurídico se tendría que ajustar a las leyes vigentes en la materia). La segunda opción en este ámbito implicaría crear un consorcio formado por la Generalitat y el Estado al cual se le atribuirían funciones de ejecución de las inversiones en Catalunya. Para crear este consorcio haría falta, además de la voluntad de los partidos del gobierno español, la aprobación por ley, por ejemplo a través de la de los presupuestos generales del Estado. En resumen, que la Generalitat tenga información y capacidad de incidencia para intentar que las inversiones previstas se acaben ejecutando.

La última propuesta tiene un enfoque diferente. Si el Estado ha previsto invertir 2.230,3 millones de euros y solo ejecuta 1.503,2 (el 67,4%), se podría establecer la obligación de transferir los 700,1 millones de euros restantes a la Generalitat en un plazo razonable, "per ejemplo, tres meses", desde la finalización del ejercicio presupuestario. Esta obligación tendría que venir fijada en la ley de los presupuestos para poder ser vinculante. A partir de aquí, habría que valorar qué se entiende por inversión no ejecutada (la IEA considera que se tendría que incluir toda la que no ha sido licitada) y también definir si se tendría que cubrir hasta el 100% de la inversión presupuestada o, por ejemplo, solo hasta la media de la inversión total estatal territorializada.

El peso del PIB

Como demuestran numerosos estudios –no solo el de la Cambra de Comerç–, las inversiones sistemáticamente se quedan cortas respecto al presupuesto, independientemente de los pactos a los cuales el gobierno español haya llegado. Los dos últimos han sido con ERC, que a pesar de pactar una comisión de seguimiento de los presupuestos, hace poco reconocía que ni siquiera se había reunido –la Moncloa ha dicho que habría reunión próximamente–. Las propuestas que hace el IEA en su informe se tendrían que vehicular políticamente, pero de momento no es más que un estudio que se pone sobre la mesa para ver si el Govern o alguno de los partidos que lo apoyan recoge el guante.

Y además del nivel de ejecución de las inversiones hay otro problema añadido: el volumen tampoco es el que correspondería a Catalunya por su peso en la economía. Una crítica habitual al reparto de inversiones por parte del Estado es que no acostumbran a llegar al peso catalán en el producto interior bruto (PIB). Para este 2022, los presupuestos generales prevén que las inversiones en Cataluña representen el 17,2% del total, cuando el PIB catalán se sitúa cerca del 19%. "Si se quisiera garantizar que, en ejercicios sucesivos, las inversiones del Estado en Catalunya lograran un nivel suficiente, fijado de acuerdo con parámetros objetivos, se podría establecer en la ley de presu­puestos generales del Estado un mandamiento a la Comisión Bilateral Generalitat-Estado para que determinara cuál sería el volumen de estas inversiones para el año presu­puestario siguiente. Teniendo en cuenta el nivel de los acuerdos de la última reunión de la Bilateral, muy criticados por la parte catalana pese al triunfalismo con la que los presentó la española, no parece que hoy por hoy la Moncloa tenga intención de trasladarle una responsabilidad tan importante.

Todo ello con la certeza de que ninguna de estas vías sería fácil. No solo por la necesidad de acuerdo político sino también porque el Tribunal Constitucional ya sentenció que la disposición adicional tercera (la que buscaba equilibrar el peso del PIB a las inversiones) no era vinculante para las cortes españolas. ¿Lo son los pactos políticos para el gobierno español?