La Fiscalía ya investiga el aval del ICF en el Tribunal de Cuentas
El ministerio público acepta la denuncia de Ciudadanos
BarcelonaLa decisión más tensa que hasta ahora ha tomado el nuevo Govern va camino de los tribunales: la Fiscalía ya estudia el aval del Instituto Catalán de Finanzas a la treintena de investigados por la causa de Exteriores. El ministerio público ha aceptado este miércoles la denuncia que le presentó Ciudadanos por un presunto delito de malversación de fondos públicos y ha encargado a la Fiscalía Provincial de Barcelona que abra diligencias de forma inmediata.
El movimiento se produce mientras también se analizan dos cuestiones más: el Tribunal de Cuentas estudia si es legal que sea la Generalitat (que aparece en la causa como entidad perjudicada) quien conceda los avales a los encausados –ha pedido a la Abogacía del Estado que se posicione sobre el tema– y el Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) está terminando un dictamen sobre si el decreto en el que se ha amparado el Instituto Catalán de Finanzas para emitir los avales es constitucional. Es decir, en los próximos días –este jueves en el caso del CGE– se tiene que saber si la decisión de la Generalitat es estatutaria, si es aceptable legalmente ante el Tribunal de Cuentas y si constituye o no una infracción del Código Penal.
De momento la Fiscalía se ha limitado a emitir una resolución técnica en la que no concreta por qué delitos quiere investigar a los responsables del Instituto Catalán de Finanzas. No da ninguna pista sobre las consecuencias penales que puede comportar su actuación. De hecho, el ministerio público no asume íntegramente de entrada la denuncia del líder de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, que hablaba de malversación y también señalaba al president de la Generalitat, Pere Aragonès, y a los consellers de Economía y Presidencia, Jaume Giró y Laura Vilagrà. "Al Govern se le acaba el tiempo de la impunidad y de robar a todos los catalanes sin ninguna consecuencia judicial", ha asegurado Carrizosa a través de Twitter.
La Fiscalía no investigará ni a los consellers ni al jefe del ejecutivo porque está pendiente de dos procedimientos judiciales más por la misma cuestión en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Vox y la entidad Convivencia Cívica Catalana presentaron querellas contra estos mismos responsables políticos cuando salieron a anunciar el decreto para afrontar las causas del Tribunal de Cuentas el 6 de julio, y el TSJC todavía no ha decidido si las admite a trámite. Antes de hacerlo escuchará qué piensa sobre ello la Fiscalía, que todo indica –después de abrir investigación sobre esta cuestión– que informará positivamente sobre aceptar la querella. En caso de que fuera así, la investigación que ha abierto este miércoles sobre la cúpula del Instituto Catalán de Finanzas quedaría absorbida por la que pondría en marcha el juez instructor del TSJC.
La primera piedra judicial del nuevo govern
La apertura de diligencias por parte de la Fiscalía representa el primer encuentro judicial del nuevo gobierno de Pere Aragonès. A pesar de que la idea eran dos años de mesa de diálogo y un intento de destensar la situación, cuando todavía no se han cumplido los primeros cien días de nuevo ejecutivo Esquerra y Junts ya han protagonizado la primera pugna –la semana pasada se acusaban mutuamente de no querer activar el ICF– y ya se aproxima la primera querella.
El conseller de Economía, Jaume Giró, como impulsor del decreto, ha defendido este miércoles la legalidad de la decisión de la Generalitat. Al salir del Consejo de Política Fiscal y Financiera con el resto de autonomías, ha asegurado que "respeta" las decisiones de todo el mundo, pero ha lamentado que Ciudadanos quiera "judicializar la política" en lugar de utilizar la vía del diálogo. "Embargar a personas debe de dar rédito político", ha afirmado preguntado por los medios de comunicación –informa Núria Rius.
A pesar de la fractura interna en el Instituto Catalán de Finanzas –se dividió en dos para sacar adelante los avales–, Giró ha defendido que desde el Govern no se ha pedido nada "irregular" a los miembros de la junta y ha quitado importancia al hecho que hubiera un "empate técnico" entre los consejeros dominicales (representantes de la administración con cargo político) y los independientes. Ha considerado que esto pasa en muchos consejos de administración y ha evitado valorar la dimisión de tres de los consejeros antes de la votación: "Respeto la posición de todos".
Probablemente será esto lo que este jueves argumentará ante el pleno del Parlament, que tiene que convalidar el decreto ley sobre el fondo complementario de riesgos para hacer frente a la causa de Exteriores. El plenario empezará a las diez y se alargará hasta muy entrado el anochecer porque hasta que no haya terminado el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias sobre el decreto –solicitado por el PSC, Cs y el PP– los grupos parlamentarios no lo debatirán.
Está previsto que el CGE se reúna a primera hora de la mañana y haga pública su opinión por la tarde. Su pronunciamiento no es vinculante, pero será clave por si la mayoría independentista –Esquerra, Junts y la CUP– puede sumar más apoyos para sacar adelante el mecanismo de avales para los cargos públicos: los comuns decidirán el sentido de su voto en función del dictamen y no se descarta que el PSC se pueda abstener si este organismo avala la mayor parte del decreto –el jefe de filas de los socialistas, Salvador Illa, ya dijo que le parecía legal–. Quien seguro que espetará su no serán Ciudadanos, PP y Vox. Una vez más la Generalitat se encuentra en manos de los tribunales.