El último servicio de Manuel Marchena

MadridCon la confirmación del juez Pablo Llarena de no amnistiar a Carles Puigdemont, la resolución de un eventual recurso del expresidente de la Generalitat recaerá en la sala que preside Manuel Marchena. El magistrado que condenó a los líderes del 1-O, sin embargo, no será uno de los que participarán de la decisión: serán Susana Polo, Eduardo de Torres y Vicente Magro, los integrantes de la sala de apelaciones que desde que se inició la causa del Proceso se encarga de las impugnaciones que los encausados ​​presentan contra los escritos de Llarena. El último servicio de Marchena a la lucha judicial contra los impulsores del referendo habrá sido, probablemente, la negativa a extinguir la inhabilitación de los exconsejeros Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa y Raül Romeva. ¿Por qué? En menos de dos meses termina su mandato.

Marchena cuenta los días que faltan por abandonar la presidencia de la simbólica sala segunda del Tribunal Supremo. Según el Boletín Oficial del Estado, el 8 de noviembre será el último y el magistrado no quiere estar ni un día más. Si el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no ha elegido su sucesor antes, a partir de ese día el magistrado más veterano ocupará temporalmente la presidencia. Se trata de Andrés Martínez Arrieta, de 69 años, en el Supremo desde 1998 y uno de los miembros del tribunal que juzgó al Proceso. También es el magistrado más antiguo de todo el Supremo y, por eso, hace unos días acompañó a Isabel Perelló en su entrada en el salón de plenos para tomar posesión como nueva presidenta de la institución.

Una costumbre rota

Anteriormente, había habido la tradición de que el integrante más antiguo de la sala era el elegido para liderarla, pero la dinámica se rompió en el 2014 cuando Marchena ganó la batalla en Cándido Conde-Pumpido, ahora presidente del Tribunal Constitucional. Los vocales propuestos por el PP hicieron valer su mayoría en el CGPJ para elegir un perfil conservador. Con este precedente sobre la mesa, en la Moncloa cuentan que Martínez Arrieta no debe ser necesariamente el próximo presidente de la sala de lo penal del Supremo, más allá de la etapa que pueda estar en funciones. Aunque en dos años puede jubilarse, varias fuentes jurídicas consultadas por el ARA creen que esto no es un obstáculo y que podría postularse para el cargo. Hay quien va más allá y asegura que Arrieta ha confirmado a algunos colegas que va a presentar candidatura.

Cofundador de la asociación de jueces Francisco de Vitoria, la segunda con más afiliados, podría ser una figura de consenso que de entrada desbloqueara una de las principales papeletas que tiene el nuevo CGPJ. Con la elección de Perelló ya se ha constatado la división 10 a 10 entre el bloque conservador y el progresista, que ahora la presidenta puede desempatar. Con todo, para la elección de altos cargos como el de presidente de la sala segunda es necesaria una mayoría reforzada de 13 vocales. Hay una hipótesis que circula entre pasillos: que Arrieta, de perfil centrista y discreto, ejerza una presidencia "de transición" hasta su jubilación y, después, superada la "vorágine de la amnistía" –apunta una fuente–, s elija a alguien que aún aguantaría en el cargo tras el cese de la actual CGPJ en el año 2029. Esta persona podría ser Ana Ferrer, más significada en el sector progresista y afín al gobierno español, discrepante en la no aplicación de la amnistía a los líderes del 1-O, y uno de los nombres que el grupo conservador del CGPJ no ha aceptado para presidir el órgano de gobierno de los jueces. Habrá que ver si rivalizará con Arrieta en noviembre.

Todavía quedan semanas y meses para llegar a este punto. El CGPJ recientemente constituido debe crear varias comisiones, como la permanente –es quien saca a concurso las vacantes– y la de calificaciones, que es la que propondrá al pleno los nombres para ocupar las plazas a cubrir. Hay un centenar a designar en todo el Estado y, concretamente, 30 en el Supremo. De estas, cuatro son presidencias de sala –contando la futura de Marchena–, 15 son vacantes de magistrados en la sala tercera, seis en la cuarta y tres en la primera y la quinta. Además, deben nombrarse presidentes de los TSJ de Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja, Madrid, la Comunidad Valenciana y Cataluña.

Etapa post-Barrientos en el TSJC

Tras tres años con el mandato caducado y ocho en el cargo, Jesús María Barrientos será relevado como máximo responsable del TSJC. Su paso por la presidencia del alto tribunal catalán habrá estado marcada por su oposición feroz al Proceso: condenó al expresidente Artur Mas por el 9-N ya los miembros de la mesa del Parlament que presidía Carme Forcadell por el 1 -O. Por parte de la Asociación Profesional de la Magistratura, la asociación de jueces mayoritaria y de talante conservador, suena el juez Antonio Recio como candidato a relevar a Barrientos. Sin embargo, fuentes progresistas del TSJC consultadas por el ARA apuntan que correspondería un cambio de perfil ahora para el cargo. En este sentido, esperan que los vocales catalanes del CGPJ –hay cuatro contando la presidenta Perelló– presionen para nombrar a alguien con una mínima sensibilidad catalanista, no como hasta ahora.

El nuevo CGPJ tendrá que hacer muchos equilibrios para consensuar nombramientos, pero hay tantos que hacer que esto incluso podría facilitar las cosas. Ahora bien, hay pocos tesoros como el de la presidencia de la segunda sala del Supremo, que Marchena dejará tras su último servicio contra la amnistía.