Viviendas protegidas para cargos municipales: polémica en el Ayuntamiento de Alicante
Se investiga la posible adjudicación de pisos públicos a trabajadores del consistorio y sus familiares, algunos de los cuales se habrían podido alquilar o vender
ValenciaUn piso para la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez; otros para ambos hijos y el sobrino de la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman; uno más para el arquitecto municipal Francisco Nieto y, el último, para la esposa del técnico de la conselleria de Vivienda que validó los expedientes. Éste sería el balance provisional de la polémica adjudicación de pisos públicos protegidos entre varios cargos municipales del Ayuntamiento de Alicante.
El escándalo se ha visto agravado por las denuncias de alquiler y venta de unos inmuebles que cuentan con una ubicación muy apreciada en la playa de Sant Joan y que disponen de piscina, gimnasio y pistas de padel-tenis. Tanto es así, que a las cinco de la tarde de este jueves se celebrará en un pleno extraordinario y monográfico tal y como habían reclamado los grupos de la oposición, que ya han logrado la dimisión de Gómez y Pérez-Hickman.
Hasta el momento, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento –gobernados ambos por el PP– han intentado sacudirse cualquier responsabilidad y han derivado la investigación a la Fiscalía. La última en hacerlo fue la vicepresidenta primera y consejera de Vivienda, Susana Camarero, quien confirmó la falta de documentación en "algunos" de los expedientes de los 140 adjudicatarios, que podrían incumplir los requisitos exigidos. En concreto, no han aportado información sobre las propiedades y los ingresos de la unidad familiar aduciendo que existe separación de bienes cuando en realidad la ley obliga a incluir la documentación de todos los convivientes. Se trata de un elemento clave, dado que los criterios de concesión son que los beneficiarios no tengan otra vivienda, que el piso adjudicado sea utilizado como primera residencia y que los ingresos anuales de la unidad familiar no superen los 54.600 euros anuales.
El propio funcionario
Según Camarero, todos los expedientes tienen el denominador común de haber sido tramitados y supervisados por el propio funcionario. El empleado público, que ha sido suspendido temporalmente de empleo y sueldo, incluso avaló la adjudicación de una de las viviendas a su propia mujer, arquitecta municipal, omitiendo su deber de inhibirse y ocultando datos relevantes de la unidad de convivencia de la que él forma parte. La vicepresidenta ha detallado que el funcionario, al que ha calificado deoveja negra, también dio por buenos otros expedientes sin los datos económicos del cónyuge. Ante estos hechos, la Generalitat ha informado de que revisará todos los casos.
La consellera también ha valorado otro vértice del escándalo, como son las denuncias por el alquiler –con mensualidades de hasta 1.600 euros– y la venta –con precios de hasta medio millón de euros, la mitad de ellos en dinero negro– de los pisos, aunque la normativa lo prohíbe. Según Camarero, de las 140 viviendas, la Generalitat sólo ha recibido una petición de venta y tres solicitudes de alquiler. Sobre su respuesta, remarcó que sólo se autorizarán si se cumplen los supuestos de la ley. Éstos son que haya un contrato laboral en el extranjero o el cuidado de personas dependientes en otra ciudad.
Por su parte, el Ayuntamiento de Alicante también ha defendido que su papel se limita "a vender el suelo a un precio tasado" a las promotoras inmobiliarias y que son éstas las encargadas de que se cumplan los criterios de adjudicación. Sin embargo, el consistorio no aclaró con qué información contaba cuando encargó un informe interno del Servicio local de Gestión Patrimonial que el pasado 27 de enero alertó sobre posibles "conflictos de interés" en la adjudicación de los pisos respecto a empleados y cargos municipales que podían haber participado en el proceso. En concreto, había algunas personas que mantenían relaciones de parentesco u otro vínculo con empleados o cargos del Ayuntamiento que pudieron participar en fases relevantes del expediente.
Dada la magnitud de la polémica, Compromís ha reclamado una comisión de investigación en Les Corts que aclare por qué se beneficia con vivienda pública "personas con sueldos de casi 70.000 euros". Por su parte, Izquierda Unida y Podemos han señalado directamente al gobierno valenciano para elevar hasta los 54.600 euros anuales, en 2024, la renta de las personas que pueden ser beneficiarias de los pisos públicos protegidos, pudiendo llegar a los 66.300 si se cumplen algunos requisitos.