Los Windsor: secretos financieros disfrazados de transparencia
La fortuna personal del rey Carlos III se ha calculado en 2.150 millones de euros, pero la tela de araña de intereses económicos es mucho más extensa
![Carlos III y la reina Camila, en la carroza real camino del Parlamento de Westminster, con una pancarta de protesta al fondo en la que se lee: "No mi rey"](https://static1.ara.cat/clip/54ea4058-c0c0-4c1b-a31f-09eb715c2d41_16-9-aspect-ratio_default_0.jpg)
LondresSolo existen dos cosas transparentes en la monarquía británica. Las cuentas de la tienda de regalos y objetos presuntamente reales junto al palacio de Buckingham –y del resto de palacios– y la asignación anual del gobierno a Carlos III como jefe de la familia. El resto es una "teraña de intereses muy difícil de desentrañar", dice Graham Smith, una de las voces republicanas del Reino Unido, siempre detrás de cualquier protesta pública contra la institución, como la que se vivió en la previa de la ceremonia del King's Speech, el pasado 17 de julio, o como una de las más significadas de los últimos años, durante los actos de la coronación del monarca.
Dicha tienda forma parte de la maquinaria financiera del Royal Collection Trust (RCT), una organización benéfica que se beneficia de la devoción mundial por los Windsor, y el dinero que generan todas las sedes ayuda a mantener tanto los edificios como la col colección de arte, una de las más importantes del mundo. De acuerdo con el último estado de cuentas, el RCT obtuvo, hasta el 31 de marzo de 2023, 73,6 millones de euros y gastó 64,2 millones. La diferencia permanece en las arcas de la entidad. El monarca no toca un céntimo.
La subvención del gobierno a la Corona para el funcionamiento diario de la institución durante el período entre el 1 de abril de 2024 y el 31 de marzo de 2025 es de 102,74 millones de euros. La asignación también incluye dinero para el mantenimiento del palacio de Holyrood, de los castillos de Windsor o Balmoral y de residencias como Sandringham. La financiación pública para la familia real se fija como una proporción de los beneficios de las propiedades de la corona, el Crown State, una cartera inmobiliaria propiedad del monarca reinante –que no puede vender, porque debe pasar intacto al siguiente rey o reina– , con activos por valor de 19.525 millones. El boom en los beneficios del Crown State del último año fiscal (1.300 millones de euros) ha supuesto un boom en la asignación para el período 2025-26, que asciende a 157 millones de euros, un incremento del 53, 92%.
El mecanismo lo estableció David Cameron en el 2011. Entonces se fijó en el 15% de los beneficios. Ahora es del 25%, al considerar que el Estado debe financiar la restauración del palacio de Buckingham –un coste extra al del gasto corriente–, que tiene un presupuesto de 430 millones de euros, y que se lleva a cabo en un período de diez años, a partir de 2018.
Un privilegio medieval
El resto de lo que rodea a la monarquía, especialmente las finanzas personales –la parte del león–, es un secreto de estado. "Debe serlo –dice Graham Smith–, porque si el público conociera los detalles, quedaría horrorizado".
No hay información oficial sobre la fortuna de Carlos III. El diario The Guardian la cifró el pasado año en 2.150 millones de euros, derivada de su condición, de la herencia de la madre, de la rentabilidad de las más de 300 casas alquiladas a la propiedad de Sandringham o de los ingresos que proporcionan las tierras del ducado de Cornualles y Lancaster. Ambos forman otra cartera de activos inmobiliarios que en algunos casos se establecieron hace más de setecientos años.
Gestionan y alquilan tierras de cultivo, edificios de viviendas, establecimientos comerciales, oficinas, fincas rurales y casas solariegas. Y sirven para generar ingresos privados. Para el heredero, Guillermo, es el dinero que llueve de Cornualles. Para el rey, los de Lancaster. Los dos ducados, además, proporcionan ingresos extras en función del privilegio medieval de la buena vacante. En otras palabras, todos los bienes de los fallecidos que haya en el ducado, y que no hayan testado, y de las empresas que se hayan declarado en bancarrota, y sobre las que no haya reclamaciones, van a parar a las cuentas del rey y del príncipe.
Desde el reinado de Isabel II, de los dos ducados citados, la reina y el entonces príncipe, y ahora el rey y su heredero, han recibido más de 1.430 millones de libras, según los cálculos elaborados por el mismo diario y por el ex diputado liberaldemócrata Norman Baker, autor del libroAnd what do you do?: What the royal family don't want you to know [¿Y tú qué haces?: Todo lo que la familia real no quiere que sepas].
Tampoco hay datos sobre la cantidad exacta de dinero que cobra cada working royal o el coste –inmueble y personal– de las 18 propiedades que, en algún momento u otro, utilizan los reyes o los príncipes. Además de las mencionadas, también se incluyen St. James Palace, Adelaide Cottage, el Frogmore Cottage, el palacio de Kensington o Clarence House.
Son también secretos el testamento real y el de todos los Windsor seniors por un período mínimo de 90 años. Hasta 1911, salvo el del rey, eran públicos, como el de cualquier otra familia. Pero el poder judicial empezó a guardarlos con llave a petición de la reina María tras la muerte de su hermano, Francisco de Teck, que quería ocultar en el país la decisión de legar joyas a una mujer con la que había mantenido una relación secreta .
También es secreta la forma en que los miembros de la familia real evitan pagar impuestos sobre su fortuna personal; también se desconoce cuáles son los intereses que tienen en títulos bursátiles, o de quiénes son, si del Estado o propiedad personal, la flota de los coches de lujo o los caballos. O cuáles son las actividades que los diferentes miembros de la familia pueden llegar a desplegar como lobistas y si (o cómo) se benefician.
Por otra parte, los documentos de la Corona se archivan en el castillo de Windsor, y no se permite el acceso, o sólo bajo condiciones muy restringidas y siempre a archivos de más de 90 años de antigüedad, a diferencia de lo que ocurre con la documentación oficial del gobierno, que llega a los Archivos Nacionales en un plazo máximo de 20 años.