Desde Cornellà del Terri, donde el expresidente Carles Puigdemont votó el 1-O, Junts ha celebrado este martes por la noche su acto para conmemorar el octavo aniversario del referéndum del 1 de Octubre. Bajo el lema "Comprometidos con el 1-O", los junteros han reivindicado "la vigencia del mandato del referendo" después de que el independentismo haya perdido la mayoría en el Parlament y se han emplazado a "acabar el trabajo". Para ello, Puigdemont ha pedido "cuidar" la fórmula que hizo posible el 1-O y ha reivindicado tres "ingredientes" que a su juicio son los que le hicieron posible: unidad, transversalidad -sin mirar "qué piensa, qué origen tiene o qué religión profesa lo que tenemos a nuestro lado"- y mirada de futuro. Un mensaje que Puigdemont ha repetido este miércoles en un mensaje en X: "Es imperioso que preservemos la fórmula del 1 de octubre, porque es la de la victoria". Puigdemont ha defendido el 1-O como un "patrimonio histórico" y la "piedra fundacional de la construcción del futuro de libertad".

Ocho años después de los hechos de octubre de 2017 todavía no existe un consenso definido sobre qué fue el llamado Procés, un período que arranca con la Diada de 2012, la primera organizada por la ANC, y que podemos dar por oficialmente terminado el 12 de mayo de 2024, cuando el independentismo pierde la mayoría en el Parlament. Durante este período, con mayor o menor intensidad, el debate sobre la independencia y el referéndum de autodeterminación domina la agenda política catalana y, en parte, la española. No cabe duda de que el momento culminante del Procés fue el 1 de octubre del 2017, cuando más de dos millones de personas participaron en un referendo sobre la independencia desafiando así la prohibición dictaminada por las instancias judiciales españolas.

La alta abstención en el referéndum celebrado en Italia entre ayer y hoy lunes ha impedido la aprobación de una propuesta de la oposición que pretendía reducir de diez a cinco años el período de residencia legal en el país para conseguir la nacionalidad italiana. En la consulta popular también se votaban varias medidas laborales, que tampoco han salido adelante. Para que el resultado del referéndum fuera vinculante, era necesario que al menos un 50% de los electores participaran. En el momento de cerrar los colegios electorales este lunes a las tres de la tarde, sólo un 30% del electorado habían votado, según datos preliminares de participación.

Las Olimpiadas celebradas el pasado verano en París terminaron con un éxito histórico para los atletas italianos, que regresaron a casa con más de 40 medallas. Una de ellas fue Paola Egonu, la estrella del equipo femenino de voleibol. Aplaudida por sus logros deportivos, su color de piel se convirtió en motivo de debate nacional después de que Roberto Vanacci, número dos de la Liga de Matteo Salvini, pusiera en cuestión la "italianidad" de la campeona olímpica. "Sus rasgos físicos no representan a la mayoría de los italianos", dijo también el exgeneral del ejército.

El abogado y humanista Francesc Garcia Rafanell (Barcelona, ​​1951) presentará el martes 3 de junio a las 19 h en la Librería 22 de Girona su último libro Nosotros, los catalanes (Editorial Oliveras), en la que realiza una exposición analítica desde su punto de vista sobre el comportamiento de los catalanes en diferentes momentos de la historia. Anteriormente, Garcia Rafanell ha escrito La incomodidad de la existencia –que ahora se traduce al inglés–, que es un ensayo filosófico sobre el origen de la vida, la conciencia y la crítica a las religiones dogmáticas, y La España que podría ser respetada por todos, quizás, que analiza el modelo del estado español desde una perspectiva crítica y democrática.

Los casos del Banco Sabadell, la Fundación la Caixa y su holding Criteria, la cementera Molins o Laboratorios Ordes, que han devuelto la sede social a Catalunya después de que se marcharan a raíz del referéndum del 1-O no son puntuales, ha habido más movimientos. Por primera vez se tienen datos concretos: ya han vuelto 681 de las empresas que trasladaron su social fuera de Cataluña a finales de 2017 y durante 2018. Así se desprende del último informe sobre movimientos de sedes sociales de la compañía Informa BD, del grupo Cesce, correspondiente al primer trimestre de 2025. ~BK_SLT_L~ también el retorno de empresas catalanas que se marcharon a consecuencia del 1-O. Cierto es que entre las que no han vuelto todavía hay algunas que forman parte del Ibex 35, como CaixaBank –si bien en este caso ha vuelto a su primer accionista, Criteria–, Colonial o Naturgy. De hecho, las 681 empresas que han regresado a Catalunya son un 7,39% de las 9.221 que se fueron desde el cuarto trimestre de 2017, dice Informa.

"Yo sentí que estaba en prisión; olía la cárcel desde la terraza de mi casa". Con estas palabras, el mayor de los Mossos d'Esquadra y actual director de la policía catalana, Josep Lluís Trapero, recordó sus días más "complicados". Se remontan a los años posteriores al referéndum del 1 de Octubre, cuando Trapero, que en 155 cesó como jefe de los Mossos, fue encausado por sedición y acabó siendo juzgado en la Audiencia Nacional, enfrentándose a penas de 10 años de cárcel. En ese proceso, Trapero "respiró la cárcel".

El Ayuntamiento de Arenys de Mar prepara una denuncia por estafa contra el organizador del acto Somos 1 de octubre, que el 28 de septiembre conmemoró el séptimo aniversario del referéndum. Desde entonces el impulsor del evento, Jordi Mateu, ha sido ilocalizable y hasta ahora no ha pagado miles de euros en facturas de los servicios de técnicos, artistas, empresas de montaje de escenarios y otros implicados en el acto, según ha avanzado La Vanguardia. En declaraciones al ACN, el alcalde de Arenys de Mar, Estanis Forns, ha explicado que prevé presentar la denuncia a la Fiscalía esta misma semana. Una vez hecho público el caso, el organizador ha asegurado que ha tenido un problema de salud y se ha comprometido a dar explicaciones.

Los líderes del Proceso encausados ​​en el Tribunal Supremo no son los únicos perseguidos por malversación. En Catalunya, los dirigentes de Esquerra Lluís Salvadó y Josep Maria Jové, así como una treintena de ex altos cargos de la Generalitat, también tienen procedimientos abiertos por este delito por los preparativos del referendo. Además, el exconseller de Interior Miquel Buch y el mozo de escuadra que hizo de escolta a Carles Puigdemont, Lluís Escolà, ya han sido amnistiados de malversación. ¿Cómo puede afectarles a todos la resolución del juez Manuel Marchena que descarta la amnistía para los condenados por el 1-O por ese delito?

Los cuarenta y seis agentes de la Policía Nacional que estaban siendo procesados ​​por las agresiones durante el referendo del 1-O fueron amnistiados. El juez que instruía la causa considera que las agresiones cometidas quedan amparadas por la ley de amnistía y extingue su responsabilidad penal. La norma aprobada definitivamente a finales de mayo incluía el perdón judicial a las acciones policiales que se estuvieran investigando, a excepción de actos de tortura o tratos inhumanos o degradantes graves. El magistrado Francisco Miralles, titular del juzgado de instrucción 7 de Barcelona, ​​descarta que se produjeran durante la jornada del referendo y acuerda el sobreseimiento de la causa contra los agentes.

Probablemente, algunos de los vecinos que protestaban contra la pasarela de Louis Vuitton en el Parc Güell tienen prendas o complementos de esta marca. La mayoría, probablemente, tampoco tiene ningún problema con Louis Vuitton. Estamos lejos de aquellos “indignados” que a raíz de la crisis de 2008 afloraron y dieron lugar a espacios políticos de (supuesta) extrema izquierda. Ahora la reivindicación de clase no es sólo económica, como era entonces, ni es exclusivamente proletaria. Ahora, la conciencia de clase tiene más que ver con la condición de vecino, con el respeto debido a esta figura. El barcelonés que se siente ignorado o despreciado, que ve que el barrio se le arrebata de las manos como Collboni con la camiseta del Barça. Que ve cómo los espacios se van regalando, vulgarizando, despersonalizando. No es sólo, ya, que al vecino le cueste seguir viviendo en la ciudad, por la creciente diferencia entre precios y salarios, sino que a menudo ya no quiere vivir porque no la reconoce. El reto de Barcelona ya nada tiene que ver con su marca. Lo he escrito más de una vez: Barcelona ya no debe intentar ser más guapa, las guapas sólo tienen muchos likes. Barcelona no necesita que se enamoren, sino que le quieran.

En la noche del 12-M las calculadoras sacarán humo para ver qué combinaciones son posibles para formar gobierno. Y la principal incógnita que habrá que resolver es si hay mayoría independentista y si es operativa o no. Pero lo que también resultará interesante de cara a los pactos es saber dónde está el consenso catalán en cuestiones concretas, por ejemplo el referéndum, la financiación o la fiscalidad. El 12-M será, entonces, un multireferéndum.

El choque entre el Gobierno y los comunes por el Hard Rock acabó desencadenando el adelanto electoral del 12-M. El grupo de Jéssica Albiach exigía detener el macrocasino para aprobar los presupuestos del 2024, mientras el ejecutivo de Pere Aragonès, aunque admitió que no era un proyecto que le gustara, aseguraba que no podía revertirlo –los comunes defendían que sí– . Ahora Esquerra recoge en su programa electoral por el 12-M su compromiso por revertir la rebaja fiscal en el Hard Rock y, de este modo, “poner las bases para hacer de Catalunya un país libre de casinos”. Es decir, los republicanos explicitan ahora su rechazo al macrocasino. Un compromiso que ya ha recibido la crítica de la candidata de los comunes, Jéssica Albiach. "Una lástima que haya desperdiciado la presidencia de la Generalitat para hacerlo", ha escrito a X. En una entrevista en el Més324, Aragonès le ha replicado que ahora no había mayoría parlamentaria para hacerlo.

Esquerra asegura que conseguir un referéndum pactado con el Estado no es "imposible", porque el gobierno español se ha avenido a indultar a los presos políticos, a suprimir el delito de sedición ya aprobar una ley de amnistía, aunque al principio se negaba. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, recuerda que todo ello ha sido gracias a la aritmética parlamentaria y al hecho de que el independentismo sea decisivo para la gobernabilidad del Estado. Su tesis es, pues, que ahora también pueden forzar al presidente español, Pedro Sánchez, a aceptar un referendo. Ahora bien, la historia de los últimos años demuestra que si hay una cuestión en la que el ejecutivo español nunca ha cedido es precisamente ésta, la madre de los huevos del conflicto catalán. De hecho, todas las peticiones que ha hecho el independentismo para pactar una consulta sobre la independencia de Catalunya han recibido el portazo del Estado.

¿Referéndum? Sí, pero no ahora. Ésta es la posición que los comunes defenderán en una campaña en la que el debate nacional podría volver a reavivar a raíz de la rivalidad entre Esquerra y Junts, y más después que Pere Aragonès haya movido ficha para recuperar la propuesta de un referéndum pactado a las puertas de las elecciones. Los comunes miran este movimiento con recelo y consideran que no es el momento de poner un referéndum de independencia sobre la mesa ni de abrir una pugna con el gobierno español para hacerlo posible.

Quieren tener un déjà-vu? Oigan el presidente Aragonés:

El acuerdo de claridad había quedado en el congelador hace tan sólo dos meses, cuando el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, decidió que no llevaría a la mesa de partidos el informe sobre el acuerdo de claridad porque consideró que los partidos estaban actuando de forma “cortoterminista” mientras estaban abiertas las negociaciones de presupuestos de la Generalitat y la de la ley de amnistía. Ahora, en plena precampaña electoral, Aragonès revive este proyecto para presentar otra de las cuestiones que habían quedado pendientes: el informe del Instituto de Estudios del Autogobierno (IEA) que el presidente había encargado para que dibujara las vías jurídicas para celebrar un referendo acordado. El camino que propone el organismo que dirige Joan Ridao es el del artículo 92 de la Constitución: un referéndum acordado con el Estado con esta pregunta: “¿Quiere que Cataluña sea un estado independiente?”. Moncloa ya ha cerrado la puerta.

¿Conservador? ¿Liberal? A cada paso, el PP no hace más que confirmar su involución a remolque de Vox. ¿El último hito? Defender la prohibición de los partidos catalanes que estén a favor de un referendo sobre el futuro político de Catalunya. En concreto, el PP ha registrado en el Congreso este miércoles por la tarde una enmienda a la totalidad contra la ley de amnistía, enmienda en la que plantea la "disolución" o "suspensión de actividades" de partidos políticos u organizaciones sociales y culturales –sin mencionarlas, se refiere a Òmnium o el ANC– que promuevan referendos ilegales o declaraciones de independencia. Así pues, el PP ya no sólo niega la posibilidad de desescalar el conflicto político Catalunya-España con la desjudicialización del Proceso, sino que opta por el camino contrario: mayor castigo. ¿Si vuelven a gobernar un día, dejarán fuera de juego no ya el independentismo, sino todo el soberanismo? ¿Apartarán de la vida democrática más de la mitad de las formaciones catalanas? Claro: de entrada, la discusión quizá habría terminado, pero el problema se haría mucho mayor.

El 1 de febrero de 2005, el Congreso de los Diputados puso punto y final al intento de reforma del Estatuto vasco, en el que el lendakari Juan José Ibarretxe había proyectado la España confederal con Euskadi como estado libre asociado. Para la historia queda ese plan Ibarretxe, que no se ha reanudado, aunque el PNV y EH Bildu flirtearon con un proyecto similar hace pocos años. En 2005 la independencia marcó su máximo en el País Vasco: un 35% de la ciudadanía apostaba por el estado independiente, según recogió el Euskobarómetro de la Universidad del País Vasco. Un año después, y pese a retroceder ligeramente hasta el 32%, la independencia fue la forma de estado preferida por los vascos, superando por primera vez al estado autonómico (31,5%).

El tiempo ha ido justamente rehabilitando la obra de gobierno del president Pujol. La edición Cuyàs de sus Memorias es también un magnífico tratado de hacer país y de hacer política, su código binario de antes de que la informática contara en base a dos. Y en base dos se refiere al independentismo: en el último volumen (Proa, 2012), capítulo “El Mont Blanc”, citando a Raimon Galí, y al epílogo, con Vicens y Vilar, que en el devenir diacrónico es cuando se encuentra duro con el tema, el resurgimiento de una idea tan potente como tanto tiempo minoritaria, que empieza a convertirse en pragmática a partir del president Mas, aunque quizá tenga que pasar nuestra travesía del desierto antes de que se le reconozca copyright en la regeneración 3.0 del independentismo.