Unas 3.000 familias catalanas están pendientes de que les asignen una vivienda social, pero la gran demanda y la poca oferta disponible de pisos a disposición de entidades y administración hace que las listas de espera no paren de crecer pese a que los usuarios cumplen los requisitos y han recibido una resolución favorable. Mientras no llega esta solución, la mayoría de familias sobreviven en un realquiler o incluso en hostales sociales.

El Síndic de Greuges ha tomado en consideración la denuncia de un hombre de 72 años por la limitación de edad de los planes de detección de cáncer de colon y pide al departamento de Salut en el que se basa para dejar de realizar las pruebas diagnósticas a partir de los 69 años, precisamente una edad en la que este tipo de tumores son los más frecuentes. Este caso de edadismo, la discriminación por edad, lo denunció el barcelonés Joaquim Vilargunter en las páginas del ARA después de que la conselleria que dirige Olga Pané y un juzgado le negaran entrar en el programa público de prevención.

"Material escolar", "mantenimiento del proyecto educativo" o "servicios generales". Son conceptos que a muchas familias les suenan porque aparecen en el recibo de cuotas que pagan en la escuela o instituto de sus hijos. Ahora bien, la ambigüedad de estas ideas puede acabar haciendo que las familias asuman gastos de un centro educativo que, por ley, no deberían asumir o, al menos, no deberían estar obligadas a hacerlo.

Votar a partir de los 16 años y, sin embargo, ampliar la escolarización obligatoria hasta los 18, dos años más que actualmente. Son dos de las propuestas que este martes ha planteado la síndica de agravios, Esther Giménez-Salinas, para reclamar una revisión de la mayoría de edad para acabar con lo que ha calificado de "incongruencias" a la hora de determinar los derechos y deberes y la capacidad de decisión.

Poco antes de cumplir los 18 años, Nico (un seudónimo) pidió la prestación para la emancipación a la que los jóvenes extutelados tienen derecho cuando hacen la mayoría de edad para facilitarles el aterrizaje en la edad adulta, teniendo en cuenta que la mayoría no tienen el apoyo emocional ni económico de las familias. El trámite se prolongó más de un año, hasta el punto de que, sin otra fuente de ingresos, tuvo que aparcar los estudios y ponerse a trabajar.

Hoy, Oriol Junqueras y Xavier Trias declararán ante la comisión del congreso sobre la operación Catalunya. Buena suerte. Ya saben que la operación Catalunya es una suma de actividades fuera de la ley organizadas o amparadas, toleradas e ignoradas por el gobierno de Mariano Rajoy que incluyen la construcción de pruebas falsas, el espionaje y el uso de dinero público, y sin que la justicia española haya movido un dedo para investigarlo, porque antes que justicia es española.

El piso estaba medio vacío, pero la entidad que lo gestionaba cobraba de la Generalitat como si todas las plazas que tenía la vivienda estuvieran ocupadas. Es lo que entre los propios trabajadores del sector se conoce como "plazas fantasma". Ahora, tres ejemplos de esta entidad lo han denunciado en la Oficina Antifrau y en la Síndica de Greuges de Catalunya, en el marco de la investigación que avanzó el ARA en enero: presuntas irregularidades en el pago de prestaciones económicas y de vivienda a jóvenes extutelados que denunció a un técnico de la demarcación de Girona.

Meses por recibir una prestación social, años de espera para una plaza de residencia pública o el descontento por un mal servicio. La lentitud a la hora de dar respuesta a la ciudadanía se debe a que la administración catalana es "lenta, complicada, excesivamente burocrática y obsoleta en algunos casos". Son palabras de la síndica de agravios, Esther Giménez-Salinas, quien ha entregado el informe anual de la institución al presidente del Parlament, Josep Rull, en el que advierte que las quejas crecen a un ritmo muy rápido. En gran parte, el responsable de esta tendencia es el caos diario de Cercanías: si el pasado año llegaron 160 quejas por el mal funcionamiento de los trenes, en los dos meses y medio del 2025 ya suman 397, más del doble.

Casi un año después del crimen en prisión Mas d'Enric, la Sindicatura de Greuges ha reiterado el toque de atención al departamento de Justícia por las medidas que tomó como respuesta al asesinato de una cocinera a manos de un preso que también trabajaba en la cocina. La síndica de agravios, Esther Giménez-Salinas, insiste en que la Generalitat debe revisar "en profundidad" la circular que veta en las cocinas y otros puestos de trabajo considerados de riesgo todos aquellos internos tomados por delitos violentos. Es más, reclama que readmita a todos los internos que fueron destituidos por esta norma con carácter retroactivo.

"Se ha hecho un esfuerzo por aumentar los recursos, pero todavía detectamos lugares donde hay carencias". Así de clara ha sido este lunes la síndica de agravios, Esther Giménez-Salinas, en la presentación del informe La educación inclusiva en Cataluña, que hace una radiografía de la evolución del sistema educativo catalán desde que se aprobó el decreto de escuela inclusiva hace ocho años. En este sentido, una de las carencias que ha detectado el informe es los problemas para recibir formación para conseguir que la escuela inclusiva sea una realidad. En este caso, al igual que ocurre con el catalán, el principal obstáculo es la falta de plazas para formarse.

El amianto debe eliminarse de los edificios públicos antes del año 2028 y de las propiedades privadas antes del 2032 –así lo exige la Unión Europea– pero, por ahora, siete de cada diez municipios catalanes (72,2 %) todavía desconocen cuál es la presencia de este elemento contaminante en su territorio. Es más, sólo el 2,9% de los municipios (27) han elaborado un calendario para fijar su retirada, según recoge el informe La retirada del amianto en Cataluña, presentado este lunes por la Síndica de Greuges. Los datos son especialmente significativos si se tiene en cuenta que, según marca la ley estatal, todos los ayuntamientos deberían haber elaborado el censo y el calendario de la retirada de este material antes de abril de 2023.

Las medidas aplicadas al sistema educativo catalán están siendo eficaces para disminuir la segregación escolar, pero la situación de la escuela concertada y la prevalencia de los centros guetizados siguen siendo deberes pendientes para conseguir una escuela equitativa. Esta es la principal conclusión del informe sobre la segregación escolar que este miércoles ha presentado la sindica de agravios, Esther Giménez-Salinas, en la reunión de la comisión de seguimiento del Pacto Contra la Segregación Escolar.

Nació el mismo año que Bruce Springsteen y le va la marcha. Es la primera Síndica de Greuges que ha tenido Catalunya. Es una mujer acostumbrada a romper techos de cristal. Ya fue la primera rectora de universidad catalana. Ahora mismo, no hay ninguna. Por primera vez desde 1976, esta eminente catedrática de derecho penal y criminología no puede dar clases. El cargo de Síndica de Greuges es incompatible con la docencia. Añora las aulas, pero no tiene mucho tiempo para la nostalgia. Ha dejado Arenys de Munt y se ha instalado en Barcelona para vivir los problemas desde primera fila. Le gusta pisar el terreno para saber de qué habla. Esta madre de cuatro hijos y abuela de siete nietos reconoce que se emociona en las residencias de gente mayor. Dicen, dicen, dicen, que tiene una receta secreta de la mermelada.

"Yo entiendo lo que ustedes dicen del pacto, pero yo no tengo nada que ver con esto, la primera sorprendida fui yo", ha reflexionado Esther Giménez-Salinas después de que todas las críticas de los grupos no fueran dirigidas a su currículum –que más bien la han alabado– sino al acuerdo a tres bandas entre el PSC, Junts y ERC que le ha abierto las puertas de la Sindicatura de Greuges. "El día siguiente de tomar posesión te tienes que olvidar de quien te ha propuesto. A mí no me costará hacerlo, porque no soy de nadie", ha defendido a continuación durante el examen que ha pasado en comisión parlamentaria antes de que el pleno del Parlament apruebe la próxima semana su nombramiento. Doctora en derecho penal, Giménez-Salinas fue la primera mujer rectora de la Universitat Ramon Llull y, antes, fue escogida como vocal del Consejo General del Poder Judicial y dirigió el Centro de Estudios Jurídicos de la Generalitat y las relaciones institucionales de Justicia durante los gobiernos de Jordi Pujol. Además, ha destacado que entre el 1993 y el 1997 fue miembro de la comisión de Política Criminal del Consejo de Europa y también que ha pasado por el consejo de administración del Banco Santander y el consejo asesor de Endesa en Catalunya.

La asamblea parlamentaria del Consejo de Europa emitió el pasado mes de junio un informe titulado ¿Se tendrían que perseguir a los políticos por las declaraciones que han hecho en el ejercicio de su mandato? El documento hacía referencia a diferentes cuestiones, entre ellas también a los presos políticos, cuyas condenas tuvieron en cuenta declaraciones hechas en el ejercicio de sus mandatos. El mismo día, el presidente español, Pedro Sánchez, anunció la concesión de los indultos a los líderes del 1-O. Pero el texto iba más allá de reclamar esta medida de gracia, también recomendaba retirar las euroórdenes, las acusaciones por el 1-O a funcionarios de bajo rango y que no se exigiera a los presos políticos que se abstengan de sus convicciones a cambio de beneficios penitenciarios. Casi un año después de la publicación del documento, el Síndic de Greuges ha facilitado un informe que hace un seguimiento para intentar aclarar en qué grado España ha cumplido con las recomendaciones del Consejo. La conclusión del órgano es que a medias.

Los botellones no son una moda pasajera, sino un fenómeno que hace décadas que existe entre los jóvenes y que se tiene que gestionar sin criminalizarlo. A pesar de que pueda parecer una medida contradictoria, la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha planteado al Ayuntamiento que cree espacios para regularizar los botellones, unas prácticas que, lejos de desaparecer, han ganado peso desde el fin de las restricciones sociales por el covid-19. El Síndic de Greuges, David Bondia, avisa de que abordarlos solo desde el punto de vista policial es una "pérdida de esfuerzos" y recomienda en el gobierno de la capital catalana señale espacios accesibles en la ciudad donde se puedan hacer estas fiestas y a la vez no interferir en el descanso de los vecinos, a pesar de que no ha concretado qué lugares podrían dedicarse a este fenómeno.

Las medidas que se han tomado para revertir la segregación escolar funcionan pero ni son suficientes, ni van lo bastante rápidas, ni se aplican igual por todo el territorio. Hace ya tres años que el departamento de Educación, los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes y las patronales de la escuela concertada firmaron un gran acuerdo de país, impulsado por el Síndic de Greuges, para avanzar hacia un reparto más equitativo del alumnado vulnerable y solucionar uno de los principales problemas del sistema educativo catalán. Desde entonces, se han sacado adelante algunas medidas, como el decreto de admisión que ahora ha entrado en vigor, que ha permitido reducir la segregación escolar un 10%. Un dato positivo, que evidencia que hay más implicación y predisposición de las administraciones para hacer frente a este problema, pero que todavía no es suficiente, según ha expresado el Síndic de Greuges, en un informe de balance del acuerdo.

El Síndic de Greuges, equivalente catalán al defensor del pueblo, ha anunciado este viernes que investigará de oficio el impacto que puede tener el cierre de oficinas bancarias presenciales para la población vulnerable. En un comunicado, el Síndic de Greuges ha señalado que los servicios financieros son "de interés general" y, por lo tanto, la administración tiene que garantizar el acceso a todas las personas, con un mínimo de calidad y un precio asequible. Según los datos aportados por el organismo, el 12% de la población tiene problemas para acceder a estos servicios, ya sea por la distancia física respecto a las oficinas o por la incomprensión de los sistemas (por ejemplo, las personas mayores pueden tener más dificultades para usar la banca online).

Antes que él ya habían pasado por el Síndic de Greuges Frederic Rahola (1984- 1992) y Anton Cañellas (1993-2004), pero el mandato de Rafael Ribó (2004- 2022) habrá sido tan extenso que prácticamente lleva en la institución tanto tiempo como sus dos predecesores juntos. Propuesto por el primero tripartito y con CiU de morros –se abstuvo a pesar de haber sido la primera en sondearlo–, Ribó (Barcelona, 1945) pasó en poco tiempo de la primera línea de lucha partidista a aceptar un cargo diseñado para todo lo contrario: la defensa sin color político de los derechos de la ciudadanía. Solo unos meses antes había declinado ocupar una conselleria en la Generalitat y había cedido la presidencia de Iniciativa per Catalunya –y las dos décadas de rivalidad con Jordi Pujol– a Joan Saura.

"La pretendida obediencia ciega a los partidos políticos que proponen a un candidato tendría que olvidarse en el momento de la toma de posesión”. Las palabras de Esther Giménez-Salinas (Barcelona, 1949) en un artículo al ARA a raíz de la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional sirven ahora de carta de presentación como nueva Síndica de Greuges. Doctora en derecho penal, experta en criminología y rectora de la Universitat Ramon Llull entre el 2002 y el 2012, llega al cargo como figura de consenso entre el Govern y el PSC.