La Semana Santa ha ofrecido un teórico receso para coger fuerzas de cara a lo que vendrá, las elecciones autonómicas de Andalucía, las más importantes de este ciclo que comenzó en enero con las celebradas en Extremadura. Esta nueva cita en las urnas es la que más interesa en Madrid, pero también en Barcelona, por sus implicaciones. Estamos hablando de un territorio con una población de 8.676.713 personas, de las cuales 6.812.861 con derecho a voto. No es solo por el peso demográfico de esta comunidad que hay mucho en juego en estos comicios. El ciclo completo ha sido y sigue siendo un banco de pruebas con la perspectiva de las próximas elecciones generales, y hoy por hoy se ha saldado sin un diagnóstico definitivo. El PP continúa alimentando la idea de que su llegada a la Moncloa está muy próxima, aunque sea con Vox como incómodo e imprescindible compañero de viaje. Para confirmarlo necesita repetir su actual mayoría absoluta en el Parlamento andaluz. Todo lo que no sea eso dará pie a que se cuestionen las posibilidades de los populares para ver conseguido su principal objetivo. Para el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, esta partida es decisiva. El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, tiene, por tanto, una alta responsabilidad en esta convocatoria electoral, de la que su partido podrá salir inflando pecho o con la obligación de hacerse muchas preguntas sobre las causas del frenazo en sus expectativas.

Carlos Cuerpo y Arcadi España han subido un escalón al gobierno español tras el adiós de María Jesús Montero. La hasta ahora número dos del ejecutivo español, sin embargo, no solo le traspasa la vicepresidencia primera y el ministerio de Hacienda, sino también el poder negociador con la llamada carpeta catalana. En concreto, Arcadi España es quien tendrá sobre la mesa la patata caliente de materializar la nueva financiación y reabrir las conversaciones con Esquerra después de que descarrilara el traspaso del IRPF. España fue uno de los hombres fuertes del gobierno valenciano de Ximo Puig y las personas que le conocen le definen como un federalista y valencianista convencido, además de ser un firme defensor de una nueva financiación autonómica. De hecho, avala la reforma que pactó Montero con ERC. ¿Y qué piensan PSC y ERC del nuevo ministro? Los republicanos le ven con buenos ojos para dar una nueva "oportunidad" a la negociación.En Palau también miran esperanzados al nuevo ministro, a quien una voz de los socialistas catalanes describe como "receptivo" a las demandas de Cataluña, muchas de ellas coincidentes con las del País Valenciano."Arcadi es la socialdemocracia hecha político, el diálogo hecho gobernante, la sensatez hecha persona", escribía en un mensaje a X el expresidente valenciano Ximo Puig después de hacerse público su nombramiento. En declaraciones a el ARA, se reafirma: "Es una persona con un talante abierto, sin dogmatismos cerrados, con capacidad de escuchar y empatía". España fue jefe de gabinete de Puig durante su etapa en Madrid, también cuando fue secretario general del PSPV y cuando presidió la Generalitat Valenciana, y posteriormente fue consejero de Política Territorial y también de Hacienda. "El federalismo forma parte de su cultura política", defiende Puig, que recuerda que es una de las personas que más ha defendido una nueva financiación autonómica dentro del PSOE. De hecho, esta es una de las cuestiones que valoran desde Esquerra.

Pedro Sánchez ha despedido este jueves a la que ha sido su colaboradora más estrecha y fiel desde que llegó a la Moncloa en junio de 2018. Desde entonces, María Jesús Montero ha ocupado de manera ininterrumpida la cartera de Hacienda, una de las más sensibles de cualquier gobierno, y desde aquí ha ido escalando posiciones hasta situarse, en diciembre de 2023, como vicepresidenta primera, es decir, número dos del ejecutivo. Sin duda, Sánchez renuncia a uno de los pilares de su gobierno para enviarla a competir a Andalucía contra Juanma Moreno Bonilla, una misión que a estas alturas parece imposible. Es cierto, sin embargo, que en política este mes y medio que falta para las elecciones es una eternidad.

"Siempre le gusta recordar que es licenciada en medicina". Es uno de los rasgos que recuerda un exdiputado catalán en el Congreso encargado de los temas económicos cuando se le pregunta qué destacaría de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ahora que sale del gobierno de Pedro Sánchez. La verdad es que la trayectoria de Montero está marcada por la Sanidad. No solo es médica de formación, sino que los primeros pasos profesionales los dio como gestora de hospitales. Esta, de hecho, fue su puerta de entrada a la consejería andaluza de Salud en el año 2002. Y quizás por eso, Montero vuelve ahora a su tierra natal anunciando que si gana las elecciones –es la candidata del PSOE–, una de las primeras medidas será aprobar un plan para "salvar" la sanidad pública andaluza.

Si han ido siguiendo la historia de cómo el Gobierno retiró a última hora el proyecto de presupuestos que había presentado en el Parlament, no les extrañará que hoy comencemos remarcando que las elecciones en Andalucía tienen ya fecha: el 17 de mayo.

Una de las primeras consecuencias de el anuncio de elecciones en Andalucía ha sido la salida de María Jesús Montero del gobierno español. La vicepresidenta y ministra de Hacienda tendrá que hacer las maletas para convertirse en candidata del PSOE a los comicios, anunciados este lunes de manera anticipada por el presidente Juanma Moreno Bonilla. En la primera rueda de prensa desde el anuncio, Montero ha asegurado este martes que inicia "esta carrera electoral" como candidata y que su marcha como ministra "será inminente en los próximos días", tal como dijo el lunes.

El PSOE y Sumar ultiman el contenido del decreto ley para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Irán, que se aprueba este viernes en un consejo de ministros extraordinario. Los socios de coalición deben transitar en un equilibrio difícil: debe convalidarse en el Congreso el jueves que viene y eso significa que necesita el apoyo desde Junts hasta Podemos. Por eso hay un tira y afloja sobre las medidas que debe incluir el plan de choque: según diversas fuentes consultadas por el ARA, el gobierno español incorporará en el paquete rebajas de impuestos para intentar contentar a Junts; y, a cambio, el PSOE y Sumar presionan a los de Carles Puigdemont para que avalen medidas que tengan que ver con la vivienda, como la prórroga de los contratos de alquiler o la suspensión de los desahucios que hasta ahora han tumbado en la cámara española. Y es que la vivienda es una condición sine qua non de Sumar, ERC, EH Bildu y Podemos.

Cualquier noticia que comentamos aquí debe entenderse en un marco de guerra que nos afecta cada vez más. Guerra en Ucrania primero y ahora en Irán y Líbano. El precio del petróleo ha vuelto a trepar y ya sabemos que cuando sube la gasolina sube todo. Nuestra economía depende, en estos momentos, de dos políticos, Netanyahu en Israel y Trump en Estados Unidos, a los que todo esto les da igual porque la guerra les da manos libres para hacer lo que quieran. Por ejemplo, Israel ha atacado el mayor yacimiento de gas del mundo. De modo que, esta guerra, que Estados Unidos ha llamado "Furia épica", nos está trayendo una inflación épica y un desastre épico, como todo lo que toca el dedo inepto de Trump, sobre todo cuando se deja comer la oreja por el lobi israelí y se fía de su intuición, más que de sus generales. Cada día está más claro que con bombardeos y asesinatos selectivos Estados Unidos no hará caer el régimen de los ayatolás.

Me sorprende que Miquel Puig, con quien he compartido análisis y diagnósticos tantas veces, se oponga a argumentos que él mismo ha defendido enérgicamente.

El acuerdo PSOE-ERC-PSC para un supuesto nuevo modelo de financiación es un ejemplo insuperable de cuál es la actual realidad política catalana. O, dicho con mayor rigor: del estado actual de . En primer lugar, porque en nuestro país, tanto desde la centralidad mediática como desde quienes siempre priorizan la estabilidad —incluso por encima del interés económico particular—, el acuerdo se ha presentado como un hecho consumado, cuando en realidad no es más que una posibilidad altamente improbable. Dicho de otro modo, ERC y el PSOE han vendido la piel del oso antes de cazarlo, contando con que quien lo denuncie pagará un alto precio.

Al día siguiente de chocar contra el muro del PP por la reforma de la financiación y mientras José Manuel Albares hablaba de Venezuela en el Congreso, María Jesús Montero ha tenido que comparecer en el Senado –forzada por la mayoría absoluta de los populares– para dar explicaciones sobre el caso SEPI, una investigación de la Audiencia Nacional sobre la adjudicación de contratos públicos. La vicepresidenta primera del gobierno español ha defendido "el honor, la responsabilidad y el prestigio" de la SEPI, una empresa pública que está adscrita al ministerio de Hacienda y actúa como el brazo inversor del Estado. Montero ha defendido que los procedimientos fueron "correctos". Apelando constantemente al secreto de sumario, ha subrayado que, "por ahora", no se puede afirmar que "se haya hecho nada irregular" o se haya descubierto "algún expediente que se haya tramitado de forma diferente a la legalidad" y ha sido contundente avalando la actuación de la SEPI: "No hay mal tipo". El PP ha querido arrancar el año situando en la diana los casos de presunta corrupción que rodean –y salpican– al gobierno español, pero –a menos de dos kilómetros– la Moncloa ha optado por poner el foco en la política internacional de Pedro Sánchez con la comparecencia del ministro de Exteriores en la cámara baja.

El espectáculo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de este miércoles, donde la vicepresidenta y ministra de Hacienda María Jesús Montero ha presentado a sus homólogos autonómicos la propuesta de nuevo sistema de financiación, no puede recibir otro calificativo que el de lamentable. Nunca un gobierno español había puesto tanto dinero sobre la mesa para transferirlo a las CCAA. Y sin embargo, las comunidades del PP se han apresurado a rechazar el sistema con el único argumento que ha sido pactado con Catalunya, y en concreto con ERC. El anticatalanismo sigue siendo un motor tan importante del voto conservador que el PP está dispuesto a llegar al extremo de renunciar a una cantidad muy importante de dinero sólo por el hecho de que los considera "manchados" por el independentismo, y, de este modo, perjudicar a sus propios ciudadanos.

Hoy en este organismo llamado Consejo de Política Fiscal y Financiera (ministra de Hacienda y consellers de Economía) quedará aprobado el modelo de financiación que presentará la vicepresidenta Montero y que sale del acuerdo con Esquerra Republicana. Que se apruebe el modelo no quiere decir que se aplique mañana mismo, porque ahora tendrá que negociarse en el Congreso con todos los partidos y, como saben, ahora mismo la propuesta carece de los votos. El PP y Vox se oponen al sistema por sistema y Junts encuentra que hace corto.

¿Qué se ha hecho del "concierto económico solidario", el título con el que la dirección de ERC –pilotada en ese momento por Marta Rovira– dio al acuerdo de financiación que acabaría invirtiendo a Salvador Illa? El presidente de la Generalitat nunca asumió el concepto de "concierto" y tampoco el gobierno español. Lo que se puso por escrito en julio del 2024 suponía que Catalunya pasaría a recaudar todos los impuestos, cedería un porcentaje al Estado y se establecería una cuota de solidaridad. Un año y medio después, el acuerdo entre el gobierno español y Esquerra –en el que el Estado destinará casi 4.700 millones de euros a Cataluña– difiere sustancialmente de lo que llevó Isla al Palau de la Generalitat.

He aquí 10 reflexiones concretas para discutir sobre la financiación:

Más recursos y mayor participación de las comunidades autónomas en impuestos clave como el IRPF o el IVA. Son dos de las principales patas sobre las que se sustenta la propuesta de modelo de financiación de las comunidades autónomas de régimen común (forman parte todas las comunidades menos las forales, País Vasco y Navarra) que este viernes ha presentado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Después de más de un año de negociaciones entre ERC y el PSOE (con el PSC en medio), se avecina la hora de la verdad en la cuestión de la financiación singular para Catalunya. Este mes de enero, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tiene previsto hacer pública su propuesta de reparto de fondos, un ejercicio que en España no se hace desde que se aprobó el último sistema de financiación, en el 2009. La cuestión de la recaudación del IRPF quedará para más adelante, después de que se haya comprobado que la hacienda catalana actual por estarlo. Ahora bien, Montero debe poner cifras sobre la mesa, y la que más interesa en Catalunya es cuánto dinero de más tendrá la Generalitat para financiar sus competencias. Pero también habrá que ver cómo quedan el resto de territorios, especialmente la Comunidad de Madrid, que se beneficia del efecto capital y practica un dumping fiscal altamente insolidario respecto al resto de territorios, así como Andalucía, que es la autonomía más poblada.

María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, prevé hacer un all in el primer trimestre de 2026. La número dos de Pedro Sánchez lleva tiempo peleándose con tres cartas: la de la condonación de la deuda autonómica, la del modelo de financiación singular y, por último, la carta de los presupuestos generales del Estado. Si sus cálculos salen, las tres cartas se pondrán sobre la mesa entre febrero y marzo. Esto supondría que los tres temas, no poco espinosos, coincidirían a su vez. Pese a que la expectación política –y también mediática– será máxima, no le preocupa. "Hay que hacer", sintetizan fuentes de Hacienda.

María Jesús Montero ha puesto fecha a la presentación del nuevo sistema de financiación, pero todavía no ha detallado cómo será el nuevo modelo. Ahora bien, esto no ha evitado que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, haya salido en tromba contra el gobierno español, al que ha acusado de "desguazar la autonomía fiscal" de las comunidades autónomas. Ayuso lo ha dicho en respuesta a la idea que defendió este lunes Montero, al explicar que el nuevo modelo quiere tener en cuenta la "responsabilidad fiscal" de los territorios, tal y como explicó el ARA; es decir, que quiere "desincentivar el dumping fiscal" de Madrid. Para la presidenta madrileña, esto supone "gripar" a la Comunidad de Madrid como "motor de la economía española".

Tenemos una cifra importante sobre financiación, que no se ha publicado en ninguna parte, que comentaremos enseguida. Pero antes, el president Pujol sigue evolucionando bien de la neumonía por la que fue ingresado y podría recibir a la otra relativamente pronto. De esta forma, estaría listo para comparecer el próximo lunes ante el juez de la Audiencia Nacional de forma telemática, Pujol en Barcelona y el juez en Madrid. Esta comparecencia son ganas de cebarse en Pujol, porque servirá para que el juez decide si el expresidente está en condiciones de declarar en su juicio o no, cuando resulta que los médicos forenses han redactado un informe para el juez que ratifica lo que ya les decíamos ayer aquí en el análisis, que Pujol no está en condiciones de declarar de autodefenderse. Y, entonces, la pregunta es: ¿si los médicos encargados por la justicia de evaluar el estado de Pujol ya te han dicho que no está en condiciones de declarar, ¿por qué le llamas a comparecer? ¿Debe un juez valorar médicamente a una persona? Son ganas.