Hacienda y ERC negocian cómo poner límites a los beneficios extra de la Comunidad de Madrid
Hay sobre la mesa tanto una reforma para frenar el dumping fiscal como el hecho de tener en cuenta la responsabilidad de las autonomías en los impuestos cedidos
Barcelona / MadridUno de los consensos entre el gobierno español, el gobierno de la Generalitat y Esquerra es que hay que limitar a la Comunidad de Madrid en la financiación. Expertos consultados aseguran que el "efecto capitalidad" con el que cuenta el gobierno de Isabel Díaz Ayuso es uno de los principales "distorsionadores" del modelo de financiación actual, ya que esto le da muchos más recursos ya de facto en comparación con el resto de territorios. A esto se suma que Ayuso hace una política fiscal agresiva de rebaja de impuestos que actúa como polo de atracción económica en detrimento de otras comunidades (sobre todo las que le rodean), con la rebaja de los tributos propios y cedidos. El propio presidente de la Generalitat, Salvador Illa, decía en una entrevista en el ARA en agosto: "Debemos poner freno a la competencia desleal y al dumping fiscal de Madrid".
El reto para los negociadores es cómo limitar este efecto chupador de la Comunidad de Madrid. Por dos vías: introduciendo elementos correctores en el modelo de financiación de régimen común de las comunidades autónomas y con una reforma fiscal amplia de medidas antidumping. En este sentido, uno de los problemas que planteaba el reclamo que hace Catalunya de garantizar el principio de ordinalidad en el modelo de financiación es que, si esto ocurre, la comunidad más beneficiada es Madrid, ya que es la autonomía que más aporta a la caja común de la financiación.
La forma de limitar Madrid en el marco del nuevo sistema, según diversas fuentes, todavía está en discusión, pero puede lograrse a través de tres mecanismos: la nivelación vertical (cómo se reparten los recursos que aporta el Estado); con la solidaridad entre comunidades (nivelación horizontal), y también con mecanismos de reconocimiento de la responsabilidad fiscal.
De lo que se trataría en un nuevo modelo de financiación es de tener en cuenta, pues, el esfuerzo fiscal que hace una comunidad autónoma. Por ejemplo, si se dejan escapar millones de euros con rebajas fiscales sobre los impuestos cedidos hasta tal punto que éstos quedan sin efecto, como hace Madrid con sucesiones y donaciones. ¿Y cómo se evita este poco esfuerzo? Sin embargo, esto no debería entrar en contradicción con lo que ERC también reclama, y que es tener más capacidad normativa sobre los impuestos cedidos. Según los modelos que se manejan, Madrid ganaría menos recursos que Andalucía o Cataluña con el nuevo sistema de financiación.
En el acuerdo de la comisión bilateral del pasado mes de julio, la Generalitat y Hacienda ya se comprometían a acordar un nuevo modelo de financiación que tuviera en cuenta "la ampliación de la capacidad normativa respetando los límites de la normativa europea y con la introducción de mecanismos adicionales a los actuales para limitar la competencia fiscal a la baja".
La reforma fiscal
Fuentes de Hacienda aseguran que no existe ninguna variable concreta "antidumping" en la propuesta del modelo de financiación sobre la que se está negociando, y se ciñen al señalar que, en todo caso, María Jesús Montero siempre ha defendido combatir esta práctica que considera "desleal". "Tiene que haber un esfuerzo fiscal similar en todo el Estado [...]. Hay que exigir el mismo esfuerzo fiscal a la misma capacidad de renta", ha defendido la ministra en varias ocasiones.
Y es que la medida antidumping vendría a través de una reforma fiscal más amplia en todo el Estado. Montero siempre ha planteado la idea de una armonización. Fuentes de Hacienda ponen de ejemplo la opción de poner tipos mínimos para todas las comunidades sobre figuras tributarias cedidas, como en el impuesto de sucesiones. De hecho, el impuesto extraordinario de las grandes fortunas aprobado en el 2021 y que afecta al impuesto de patrimonio nació con esa intención.
En la resolución política del Congreso del PSOE de diciembre de 2024, el PSOE ya dejó negro sobre blanco la idea de "revisar la composición y armonización de la cesta de tributos [del modelo de financiación] para evitar una competencia a la baja [entre comunidades autónomas]", pero también "establecer un impuesto estatal sobre las grandes herencias y donaciones que actúe como impuesto de impuesto mínimo y sucesiones". Una voluntad, tanto de la parte española como de la catalana, que pone en pie de guerra a Isabel Díaz Ayuso.
