Más dinero para Catalunya, pero sin ordinalidad: así están las conversaciones sobre la financiación

Barcelona / MadridCon el horizonte de las elecciones andaluzas en el primer semestre del próximo año, la vicepresidenta primera española y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha pulsado el acelerador con el nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común. Las negociaciones entre PSOE, PSC e Esquerra están en la recta final, pero en estos momentos hay escollos que impiden el pacto: aunque el planteamiento de Montero asegura más dinero para Catalunya, existe un desacuerdo sobre el modelo, ya que ahora no garantiza estructuralmente el principio de ordinalidad y mucho menos la recaudación del IRPF por parte de la Generalitat.

Vamos a palmos. La negociación se ha estructurado en tres carpetas. La primera, el modelo de financiación, es decir, cómo se reparten los recursos entre todas las autonomías; la segunda, un paquete para aumentar la capacidad normativa de las comunidades y limitar el dumping fiscal de Madrid, y la tercera, la delegación de la recaudación de los impuestos estatales, empezando por el IRPF. Según fuentes conocedoras de la negociación, la carpeta sobre el modelo de financiación que afecta a las comunidades de régimen común es la que está más avanzada, mientras que la última es la más verde, hasta el punto de que Esquerra ha presentado en solitario una proposición de ley en el Congreso para que Catalunya recaude el IRPF. "Hay un desacuerdo", dejó claro el viernes el secretario de estado de Hacienda, Jesús Gascón. "Estamos muy lejos", decía también Oriol Junqueras. "Se está trabajando, no se está lejos pero todavía faltan algunos días de negociación", añaden fuentes del Govern, que dicen que su prioridad es asegurar la financiación de los servicios públicos.

Los pilares del nuevo modelo de régimen común

Gascón pilota la negociación por la parte del ministerio, mientras que en la parte catalana se encuentran la consellera de Economía, Alícia Romero, con su número dos, Juli Fernàndez, y, por parte de Esquerra, Lluís Salvadó y Marta Espasa. Por parte de la Generalitat, también entra el consejero de Presidencia, Albert Dalmau, además del apoyo técnico del economista Martí Carnicer. Es decir, los encuentros están a tres bandas (Hacienda, Generalitat y ERC) y también ERC y PSC se reúnen para intentar ir a la par en la negociación. Cuando se requiere el más alto nivel, aparece Montero, mientras que Junqueras y el presidente, Salvador Illa, validan todos los papeles que se intercambian. En las últimas horas, la parte catalana preparaba una última propuesta para enviar al ministerio que debían avalar en un encuentro Isla y Junqueras, según fuentes conocedoras.

Por ahora ha habido una aproximación a las ganancias netas que debería tener Catalunya con el nuevo modelo: si la negociación empezó con 3.500 millones, en estos momentos según las fuentes se han superado ya los 4.000 millones de euros. La cifra "se acerca mucho" a la que plantea Esquerra, decía esta semana el portavoz, Isaac Albert. En cualquier caso, ninguna comunidad autónoma perdería recursos, pero las deberían más beneficiadas que otras.

Según los modelos que trabajan los negociadores, Catalunya saldría ganando en recursos netos, mientras que Andalucía, como ocurrió con la condonación de la deuda del FLA, sería la más beneficiada en términos absolutos. La Comunidad de Madrid, en cambio, pese a obtener también más recursos, ganaría menos que la media.

¿Cómo se llegaría a ese resultado? Según las fuentes consultadas, están negociando incrementar la base tributaria de las comunidades en el sistema de financiación, es decir, el porcentaje autonómico de recaudación de los impuestos: si actualmente es un 50% del IVA y el IRPF y un 58% de los impuestos especiales, se aumentarían estos porcentajes y también se incluiría el IVA pymes, que beneficiaría a Catalunya singular. Esta transferencia de recursos no se haría por anticipos –lo que ahora implica un retraso en el cobro– sino trasladando de forma instantánea los recursos, tal y como reconoció el viernes Gascón. Al mismo tiempo, habría una inyección de dinero adicional que pondría el Estado –al menos unos 18.000 millones de euros–. Sería a través de la nivelación vertical y permitiría corregir el desequilibrio que se ha producido desde 2014 por el aumento de ingresos obtenido por el Estado gracias a la subida de la recaudación, a diferencia de lo ganado por las autonomías.

Aparte, también hay en negociación cómo se garantiza la financiación de las competencias no homogéneas, que en el caso de Catalunya son los Mossos d'Esquadra, las prisiones, la protección del catalán, entre otros. Ahora se realizan acuerdos fuera del modelo de financiación, que la parte catalana quiere que sean estructurales para asegurarse los recursos.

Las discrepancias

A pesar de este aumento de recursos, una de las mayores discrepancias del nuevo modelo es el cálculo de la población ajustada, clave a la hora de determinar los recursos de las comunidades. La parte catalana no está de acuerdo en la que se le atribuye a Catalunya, puesto que es menos que la real, a raíz de la mayor densidad de población.

La otra discrepancia más importante es con el principio de ordinalidad. Todas las partes han asumido que no se puede introducir como variable fija en el modelo, pero Esquerra y la Generalitat sí defienden que el resultado final del reparto de dinero debe respetar este principio. O por lo menos acercarse. Es decir, que si Catalunya es la tercera en aportar a la caja común, debe quedar más o menos igual en el ranking a la hora de recibir. Esto ahora no se produce con el planteamiento del ministerio, apuntan las fuentes consultadas, si se realiza el cálculo en base a la población real. Sí, si se calcula a partir de la población ajustada, porque se reduce la población y se cumple gracias a ello y no a un aumento de recursos.

Con el modelo de financiación actual, Cataluña se sitúa en tercera posición a la hora de aportar, pero cae en la novena o décima en la recepción de los recursos del sistema. En el caso de los republicanos, no quieren que les ocurra lo que sucedió en el 2009, cuando consiguieron 3.800 millones de euros adicionales para la Generalitat, pero solo se cumplió al principio: con la crisis económica, los ingresos cayeron en picado. Quieren, dicen, algo estructural.

El problema radica en que para Hacienda esto no es una prioridad. Es necesario un "equilibrio político", dicen, y no contentar sólo a ERC. A su juicio, el palo de pajar del nuevo sistema es el acuerdo de la comisión bilateral Generalitat-Estado, en la que no se garantizaba la ordinalidad, y no el pacto ERC-PSC para investir a Isla, donde sí estaba.

Consejo de Política Fiscal y Financiera

Con las negociaciones en marcha, Montero ya ha anunciado que convocará al Consejo de Política Fiscal y Financiera y, según varias fuentes, podría ser la primera semana de noviembre. Allí, quiere aprobar el techo de gasto y la senda de estabilidad, como primer paso por los presupuestos del Estado, y también quiere plantear una propuesta "armada" del modelo financiación. Teme que, aunque no esté a la orden del día, las autonomías del PP abren la caja de los truenos.

"La cuestión es estar preparados", indican desde el entorno de Montero, haya o no acuerdo en firme con ERC. Los republicanos, en este sentido, le piden prudencia, puesto que si entra en el fondo de la cuestión sin un entendimiento con la parte catalana, se verán obligados a enmendar a la totalidad el anuncio que haga ya fiarlo todo a la tramitación parlamentaria que debería producirse en el Congreso en los meses siguientes.