Financiación autonómica: al menos 18.000 millones de euros en juego

BarcelonaLa financiación autonómica es la gran asignatura pendiente. El modelo de 2009, que debería haberse reformado o actualizado hace más de una década, en el 2014, es el gran reto en el que trabajan entre bambalinas ERC y el PSOE. Intentan dejar de lado el ruido político por los casos de corrupción y sentar las bases de la nueva financiación en la comisión bilateral Estado-Generalitat que se reunirá el lunes en Barcelona, encabezada por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres; y por parte del Govern, por los titulares de Presidencia, Albert Dalmau; y Economía, Alicia Romero. En juego existen unos 18.000 millones de euros para el conjunto de las autonomías del régimen común, una cifra para, al menos, actualizar la que se incorporó al modelo de 2009 (unos 12.500 millones), según los cálculos de fuentes con acceso a las negociaciones.

Al margen de los principios o bases del nuevo modelo, del que desaparece el término "singular", pocos más detalles trascenderán después de la reunión. De la posibilidad de una fórmula por Catalunya se ha pasado a un modelo "generalizable" y con "fuerte acento singular", que recogería hechos diferenciales de los territorios, según las fuentes consultadas. Y estará fundamentado en los ingresos en lugar de los gastos. En la reunión se establecerán los principios generales, sin entrar en la letra pequeña, que requerirá de intensas negociaciones, según las fuentes consultadas.

Cataluña y Madrid

La cuestión es que cerca de la mitad de la suma que debe aportar el Estado correspondería a las comunidades de Catalunya y Madrid, aunque esta última se ve beneficiada por la capitalidad. Por eso hay expertos que defienden poner un límite a lo que les corresponde, es decir, establecer una nivelación que reduzca el diferencial de más de 30 puntos existente actualmente en favor de Madrid. El resto de los recursos serían para las otras trece comunidades del régimen común, si bien con especial atención al País Valenciano, la autonomía que más sufre la infrafinanciación. Sin una mejora sustancial de esta comunidad, será difícil obtener el apoyo de fuerzas como Compromís, según las mismas fuentes.

Es necesario actualizar la aportación estatal para garantizar un sistema en el que se respete el principio de ordinalidad. O sea, para garantizar que la renta per cápita de las comunidades no pierda posiciones a consecuencia de aplicar los mecanismos de nivelación entre autonomías. Según los últimos datos de liquidación de 2022 –la liquidación definitiva se hace dos años después–, Cataluña fue la tercera en aportación a través de impuestos, pero bajaba al puesto 10 en euros por habitante (14 si se tiene en cuenta el diferencial de precios) una vez hecha la distribución entre territorios en forma de gasto e inversiones. La liquidación de 2023 todavía no se ha dado a conocer.

Y esto se debe a una aplicación en dos fases en el modelo actual: una primera que respeta la ordinalidad; y una segunda con distintos fondos muy poco transparentes y que desequilibran sustancialmente lo que reciben algunas comunidades respecto a lo que aportan. Por delante de Catalunya, las demás más afectadas son Madrid y Baleares. Uno de los objetivos esenciales que se persigue con la reforma es conseguir un modelo transparente con una cesta tributaria centrada en el IRPF.

Ingresos por habitante

La Generalitat, según los datos del año pasado, cuando todavía gobernaba ERC, destacaba que el modelo de financiación, caducado desde 2014, "situa a Catalunya en la cola de las comunidades autónomas de régimen común en ingresos recibidos por habitante". Y este es un resultado que se repite cada año desde 2010. De hecho, sólo en 2009, el primer año de aplicación del modelo vigente, situó a Catalunya por encima de la media. La aportación por parte del Estado no hace falta que se haga de una sola vez. En el sistema de 2009 se realizó en dos ejercicios, según las fuentes consultadas. Es una forma de facilitar su aplicación.

Además de la ordinalidad, dos bases más que deberían establecerse en la reunión del lunes son un nivel de solidaridad y la cesta de impuestos. Un elemento fundamental consiste en suprimir el sistema de anticipos que hace que esté en manos de la arbitrariedad del Estado el pago y con una liquidación que se realiza con dos años de retraso. Con la nueva fórmula, las autonomías recaudarían y –también Catalunya– transferirían al Estado el coste de servicios centralizados y la solidaridad con otros territorios, puntos que aún están por definir.

El objetivo es la recaudación de todos los impuestos. Pero todos los esfuerzos se centran en el IRPF y, en teoría, según el acuerdo de investidura, debería empezar a recaudar la Agència Tributària de Catalunya el próximo año. El de la renta es el gravamen más estable frente a la volatilidad y sensibilidad a los ciclos económicos, si se compara con otros tributos como el IVA. El otro gran objetivo, en todo caso, sería controlar la recaudación de IVA de las pymes, ya que Catalunya concentra el 25% de sus ingresos, según las fuentes consultadas. Sin embargo, sobre este punto no hay un acuerdo definitivo.

En todo caso, el IRPF será un punto complicado que debe definirse a través de un plan director que elabora la compañía Indra. Actualmente, las autonomías reciben la mitad a través de anticipos (13.000 millones en Catalunya) y dos años después se hace la liquidación definitiva. Según las fuentes consultadas, ahora podría pasarse a ingresar al menos el 80% y el resto recibirla como transferencia, pero sin el retraso actual. En todo caso, son cuestiones a definir y por las que habrá que introducir alguna modificación en la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas (Lofca), en las leyes 22/2009 de financiación de las comunidades de régimen común, para incluir, por ejemplo, el IRPF entre los tributos que delega el Estado, ya la 16/2010.

Otro elemento importante corresponde a la financiación de las competencias no homogéneas, es decir, las que tiene Cataluña y no tienen otras comunidades, como los Mossos y las prisiones. En lugar de ser objeto de negociaciones periódicas deberían incluirse en el sistema con previsión de actualización, según las fuentes consultadas.

Los negociadores esperan avanzar en una bilateralidad Estado-Generalitat "discreta, pero real", según fuentes conocedoras del proceso. La relación demasiado ostentosa entre ambas administraciones provoca las iras de otras autonomías.